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Finalmente el diálogo social concluyó con la promulgación por el Gobierno del tan temido Decreto Ley de reforma del mercado de trabajo. Ocho meses de negociaciones no parecen haber sido suficientes para conciliar las posiciones de las direcciones sindicales con la de los empresarios, por lo que se ha visto esencialmente coincidentes con las que al final han sido aprobadas por el gobierno. Que se orientan, en expresión de sus mentores, "a profundizar los contenidos de la reforma del 97, que tan buenos resultados ha producido en términos de creación de empleos, la mayor parte de ellos estables".
Las direcciones sindicales califican este suceso como el fin del "espíritu del 97" en el que la armonía con el gobierno del PP a través del entonces Ministro Arenas les llevó a concluir el AIEE y añaden que Aznar se ha quitado la careta centrista y muestra su verdadero rostro en plena coincidencia con los propósitos de la gran patronal.
A algunos sin embargo nos asalta la duda de que las cosas hayan sido realmente así. Las direcciones y los negociadores sindicales parecen haber confundido la cordialidad de las relaciones con el Ministro Arenas (no recuerdo otro ministro de Trabajo, también simpático y campechano?) con el contenido de la negociación y con los objetivos del gobierno y de la patronal. Los cuales, tal y como ahora se han encargado de recordar, siempre han sido los mismos: abaratar el coste del despido, alcanzar y mantener una tasa de temporalidad "competitiva" (el 32%) y aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo, desregulando la contratación a tiempo parcial.
Nunca por parte del gobierno del PP –ni, claro está, de la CEOE- se han escondido estos objetivos. Se defendían y defienden como la política que podía, aumentando la competitividad de la economía española, situarla en el pelotón de cabeza de la UE. No hacían, por lo demás, sino persistir en la senda abierta por el PSOE en 1994. Las direcciones sindicales no podían llamarse a engaño, como no pueden ahora descubrir la "verdadera naturaleza" del gobierno del PP. Su indignación principal, que comparten con el PSOE, es hacia las formas imperativas del gobierno que invade y vulnera la "autonomía negociadora de los agentes sociales".
¿Qué ha ocurrido, entonces, para que el PP, de pronto, haya perdido las buenas maneras y de un manotazo haya terminado con la ceremonia del diálogo social? ¿Acaso la mayoría parlamentaria de que disfruta le permite despreciar la legitimación que obtenía de sus acuerdos con los sindicatos y está dispuesto a afrontar el riesgo del fin de la paz social?.
No vale la pena, seguramente, perderse en especulaciones. Pero hay una realidad que no es especulativa. En el horizonte económico global, los síntomas de recesión o como mínimo de desaceleración del crecimiento son ya más que significativos. La CEOE y el gobierno del PP mantienen sus objetivos políticos del 97 pero saben que el mantenimiento de los niveles de competitividad alcanzados dependan de una sustancial contracción de los costes salariales. Para lo que resulta preciso avanzar un paso histórico más en el camino de la desregulación del mercado de trabajo y del debilitamiento de la capacidad contractual del movimiento sindical. Y para alcanzar estos objetivos el gobierno Aznar ciertamente tiene prisa por infringir cuanto antes una derrota histórica al movimiento sindical y al conjunto de los trabajadores. Una derrota que consolide entre los trabajadores la convicción de su pasividad, su condición de subalternos respecto a los designios del capital.
La situación del sindicalismo de clase frente a esta amenaza es problemática. Tras las huelgas generales del 88 y el 94 y en el contexto de la prolongada unidad de acción, las direcciones de UGT y CCOO han entendido superada la etapa de los acuerdos tripartitos y han teorizado la superioridad de la autonomía de las partes para regular el mercado de trabajo. La primacía a la "contractualidad" se ha convertido, así, en el eje privilegiado de discurso e intervención sindical y ha alcanzado su punto más alto de prestigio con el llamado Acuerdo de Estabilidad en el Empleo. De entonces acá, las direcciones sindicales han coincidido con el gobierno en la permanente glosa del Acuerdo como responsable de la creación de empleos estables.
El ultimátum, primero, y la aprobación del Decreto Ley, después, han cortado de raíz la legitimación del discurso sobre la contractualidad. De pronto se descubre que la patronal, cuando le conviene, no tiene el menor inconveniente en que el gobierno se salte la autonomía de las partes y legisle de acuerdo con sus intereses.
Entramos entonces en un periodo en el que las relaciones con el gobierno van a ser más difíciles. Y algunos aspectos de la política sindical pueden verse afectados. Por ejemplo la unidad de acción, que durante más de una década ha descansado en este discurso de la autonomía y la contractualidad y que últimamente presenta indicios de crisis. ¿Sigue siendo la unidad de acción un objeto estratégico o, mejor, una condición imprescindible para resistir y, en su caso, equilibrar las ofensivas del capital y los gobiernos? Sí es así ¿Sobre qué bases y en que términos puede renovarse la unidad de acción alcanzada en los ochenta? Tal renovación, si se produjera ¿no debería extender su ámbito, alcanzando a sindicatos y colectivos de trabajadores distintos de la UGT y CCOO, rompiendo así el "proceso de cierre" operado por la Ley Orgánica de Libertad Sindical con la condición de "sindicatos más representativos"?
Son estas sólo algunas de las interrogantes
que se plantean con ocasión del fin del diálogo social sobre
el que el mismo Aznar dice que no puede ser un fin en sí mismo.
¿Lo entenderán también las direcciones de UGT y CCOO
y sacarán las oportunas conclusiones?.
José Antonio Errejón