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El pasado mes de febrero volvió a sonar la alarma. En esta ocasión vino de la mano de la División de Población de Naciones Unidas. El motivo: la baja tasa de natalidad y consiguiente envejecimiento de la población en los países del norte, y muy particularmente del Estado español que, vaticinan, será el país más viejo del mundo dentro de medio siglo.
Es este un ejercicio que se repite unas dos veces al año. Para la segunda habrá que esperar a los meses de verano que es cuando salen los informes alertando sobre la alta tasa de natalidad y la población crecientemente joven de los países del Sur.
La situación demográfica a escala mundial es compleja, como lo son todos los procesos donde intervienen factores económicos, sociales, políticos y culturales. En contraposición a ello, llama la atención las predicciones apocalípticas y lineales basadas en hipótesis sobre la evolución demográfica que se presentan como verdades científicas, cuando en realidad están determinadas por las conclusiones políticas que interesa destacar.
Las preocupaciones demográficas responden a factores de carácter político y económico. Tanto en el Norte como en el Sur la atención se centra en los efectos de la distribución por edades de la población y su impacto en el mercado laboral. En los países del Norte se responsabiliza al envejecimiento de la población y la baja natalidad de la imposibilidad de garantizar el sistema de pensiones y la cobertura sanitaria.
Pero resulta contradictorio hablar de escasez de población en edad activa cuando existe un paro estructural tan fuerte y la población inactiva es muy numerosa, particularmente entre los jóvenes y las mujeres. El Estado español cuenta con la tasa de paro de mujeres más alta de la Unión Europea (22,8%), junto con la tasa de actividad de mujeres más baja (39,9%) y la tasa de temporalidad de mujeres más alta de la Unión Europea (34,4%).
Puede haber una población en edad activa decreciente y sin embargo aumentar la población activa. Ello depende, entre otras cosas de la política socioeconómica que se pretenda desarrollar. Si se trata de resolver desequilibrios preocupantes se podría empezar por aumentar el número de jóvenes y mujeres activas. Y desarrollar una política de inmigración radicalmente opuesta a la que hoy realiza el PP.
El principal problema es que quienes tanto se alarman por los "desequilibrios poblacionales" no buscan modificaciones estructurales en el mercado laboral y sí imponer medidas como la disminución de las pensiones, los fondos privados, o el retraso de la edad de jubilación.
El aumento de la población en muchos países del Norte (desde EEUU a Francia) se da fundamentalmente por el mayor número de inmigrantes y del número de hijos e hijas de éstos. Pero esto plantea serios problemas a quienes gobiernan o aspiran a ello puesto que supone un cuestionamiento de las sociedades occidentales, y plantea la necesidad de establecer sociedades pluriétnicas y pluriculturales. Sin embargo, ellos pretenden mantener la diferenciación frente a las y los inmigrantes a quienes consideran mano de obra extranjera, temporal y barata con prestaciones sociales limitadas y privada de sus derechos de ciudadanía.
La situación demográfica
está poniendo en tela de juicio el actual modelo de desarrollo.
Sin embargo resulta más fácil y cómodo, sobre todo
para los varones, ceñirse a recetar medidas (ahora ya en términos
"políticamente correctos") para incentivar la natalidad, es decir
para que las mujeres tengan más hijos. Y sobre lo que puede representar
para éstas y socialmente e incluso de su eficacia para los "objetivos
demográficos" habría mucho que hablar.
Justa Montero