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La última Cumbre de la OMC ha ofrecido el detestable espectáculo de un brazo de hierro en el que los poderosos de este mundo han acabado imponiendo su voluntad: tiene que iniciarse una nueva "ronda". La mayoría de los países del Sur pedía que se sacara primero el balance de la ronda anterior, pero esta posición no ha resistido al esfuerzo insistente de los gobiernos y grupos de presión financiados por las grandes multinacionales. La declaración final es un ejemplo de esa literatura repugnante en la que se hace tragar a los dominados la lógica de los poderes dominantes. El artículo 1 no duda en afirmar que "el sistema multilateral que encarna la OMC ha contribuido enormemente al crecimiento económico, al desarrollo y al empleo a lo largo de los últimos años".
Respecto a la agricultura, se mantiene en cierto modo un "statu quo": la declaración reafirma el objetivo de reducir todas las formas de subvención a la exportación, pero sin avanzar en esto. La oposición entre Estados Unidos y Europa no ha sido desbloqueada en ese punto, pero no se ha dado ningún paso hacia el reconocimiento de principios de autonomía alimentaria. Doha ha puesto de manifiesto la necesidad de una redefinición de la política agrícola europea, sobre todo en relación con las exportaciones. Si se tratara realmente de poner en pie una mundialización favorable a los pueblos del Sur, habría que impulsar una conferencia europea que estudiara esta cuestión en coordinación con las organizaciones campesinas de todo el mundo. Pero la Europa actual está encerrada en la defensa de los intereses de su "agrobusiness".
Los principios del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) han sido reafirmados y su objetivo ha sido claramente fijado: se pretende, nada más y nada menos, el desmantelamiento de los servicios públicos. Habrá por tanto una nueva "ronda", cuyo plazo ha sido fijado para el año 2005, y que abordará los cuatro "puntos de Singapur" (por el nombre de la anterior conferencia de la OMC) impuestos por la Santa Alianza imperialista de EEUU, Canadá y la UE. Estos afectan a la inversión, la competencia, la transparencia de los mercados públicos y la "facilitación" de los intercambios. El primer punto tiene que ver con el AMI (Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones), abortado en 1998 y equivale a una declaración universal de derechos del capital. El punto sobre los mercados públicos es una máquina de guerra contra los sectores públicos, que se combinará con la nueva fase de la AGCS.
En cuanto a la batalla de los medicamentos, ésta se ha reflejado en una dura resistencia de EEUU y Suiza, que se negaban a que figurara el derecho de un Estado a "tomar medidas de salud pública". Esa simple fórmula fue rechazada y sustituida por ésta: "Coincidimos en que el acuerdo sobre la propiedad intelectual no impide ni debería impedir a los miembros tomar medidas para proteger la salud pública". Las prácticas tan racionales de países como Brasil, India o Africa del Sur, apoyadas por movilizaciones a través de todo el mundo, habrán conseguigo al menos esta semi-victoria.
Nuestra lucha tiene que dirigirse al desmantelamiento de la OMC y a la devolución de sus funciones a otras instituciones. Doha ha supuesto en este sentido la demostración de la necesidad de una concepción "exclusiva" de su papel. Contrariamente a la lógica "inclusiva", que consiste en ampliar la competencia de la OMC a las cuestiones sociales y medioambientales, tenemos que movilizarnos para impedir que eso suceda, ya que, si no es así, estamos condenados a buscar meras contrapartidas a los acuerdos comerciales, en lugar de reafirmar la supremacía de lo social sobre lo comercial. El marco de la OMC favorece además agrupamientos curiosos en los que EEUU y los países del Sur oponen un frente común a las propuestas europeas. Por tanto, si queremos dejar claro lo que está en juego, hay que separar ambas esferas para así evitar que las cláusulas sociales aparezcan como el caballo de Troya del proteccionismo de los ricos. Habrá que disociar también las posiciones de los trabajadores del Sur de las de sus Estados, haciendo así emerger un multilateralismo de las luchas sociales que permita difundir una concepción justa de las normas sociales contra los explotadores del Sur y del Norte y contra los grupos multinacionales que son los vectores activos de la degradación de las condiciones de trabajo en todo el mundo.
Michel Husson es economista, miembro de Attac-Francia y de la LCR)