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La VII Reunión de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en adelante COP 7) celebrada el pasado noviembre bajo los auspicios del hermano del monarca alauita -dictador y comendador de los creyentes- ha sido calificada metafóricamente como el reglamento y la letra pequeña que sustancian los acuerdos adoptados hace cuatro años en Kyoto.
Como suele suceder con los foros internacionales de larga denominación el nivel de acuerdos alcanzado es pequeño y habitualmente su tamaño y alcance son inversamente proporcionales al número de vocablos que componen el nombre propio de la reunión diplomática. Y como suele ocurrir con los reglamentos que desarrollan las leyes, aquellos podan y dejan éstas todavía más alicortas de lo que su texto original enunciaba.
Kyoto no fue precisamente un paradigma de audacia para combatir el cambio climático; el pequeño paso que adoptó fue proponer la reducción del 5,2% de las emisiones respecto a 1990 para el periodo 2008-2012. Entre una y otra reunión se han sucedido todo tipo de presiones para descafeinar aún más lo acordado, dejando reducidos a mínimos los contenidos del protocolo de Kyoto: fracaso de la reunión de La Haya; abandono por parte de la administración Bush de los tímidos semicompromisos de EE.UU. adoptados por el equipo de Clinton; acuerdos de Bonn en julio de 2001 que si bien suponen que el Grupo Paraguas formado entre otros por Japón, Australia, Canadá y Rusia no rompen definitivamente con la dinámica de reuniones COP, también suponen importantes concesiones de la postura de la Unión Europea (UE) respecto a los sumideros, etc.
Desde la Cumbre de Río han pasado nueve largos años sin que se hayan adoptado medidas para combatir el efecto invernadero cuya realidad y consecuencias ya nadie discute. Cuatro de ellos han sido empleados en buscar la forma jurídica de la pomposamente denominada "arquitectura del Protocolo de Kyoto" que posibilitara recibir el apoyo y ratificación provisional de al menos 55 países que representen el 55% de las emisiones. En el momento en el que EE.UU. (emisor de al menos el 25% del volumen total de gases de efecto invernadero) dijo no, para las COP era fundamental atraer el sí de países como Rusia, Ucrania o Japón cuya capacidad de presión se incrementó notablemente. Por ejemplo, en Marrakech Rusia consiguió elevar de 17 a 33 los millones de toneladas de CO2 que puede descontarse del limite de sus emisiones a cuenta de la gestión de sus masas forestales en tanto que fijadoras del dióxido de carbono. Y en general, buena parte de países intenta no tanto adelantar al periodo 2008-2012 la consecución de objetivos marcados para el segundo periodo cuanto lo contrario. traspasar para el 2013-2017 hitos a lograr en los años anteriores.
De la mano de este chamarileo sin sentido en el que, pese a la gravedad de la situación, tanto monta-monta tanto 17 como 33 megatoneladas, cabe albergar una profunda desconfianza sobre los Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM en sus siglas en inglés) y demás medidas y mecanismos de flexibilización, máxime cuando entre los países garantes de los acuerdos por encontrarse en el "bando" de la UE y China, se encuentra el Reino de España que no solo carece de un plan estratégico para hacer frente al cambio climático y no ha creado ni reunido hasta hace unos días al Consejo Nacional del Clima sino que se ha convertido en uno de los mayores transgresores de los acuerdos al haber tenido un crecimiento de emisiones del 23,2% al 30% (según las fuentes) durante el periodo 1990-1999 y solo revitaliza por motivos de apariencia y lavado de fachada el Consejo Asesor de Medio Ambiente a escasos días de la asunción de la presidencia europea por parte del gobierno Aznar.
Los siempre satisfechos burócratas de la diplomacia "ecológica" gubernamental han calificado Marraquech de logro jurídico que permite un sistema de cumplimiento eficaz y disuasorio. El problema es quién tendrá capacidad de hacer cumplir los acuerdos y de imponer realmente sanciones en 2013, sanciones que –por otro lado- no tendrán carácter financiero y corresponderán a incumplimientos acaecidos entre 2008 y 2012. Asimismo, ¿qué organismo será capaz de controlar los CDM sustanciados en proyectos de ayuda y transferencia de tecnología? ¿cómo se evitará que la creación forzosa de sumideros a través de la reforestación mediante monocultivo de especies de crecimiento rápido no autóctonas no suponga nuevos desastres socio-ambientales? ¿cómo terminar con el descontrol y desconocimiento real de las emisiones en diversos países? ¿de qué manera evitar que el perverso comercio de emisiones no acabe reduciendo aún más en la práctica los índices reales de reducción de emisiones cuando no enmascarando el aumento de las mismas?
Desde algunos gobiernos y medios de comunicación e incluso desde bien intencionadas portavocías de organizaciones no gubernamentales se afirma: es la hora de ratificar los acuerdos de Kyoto y de ponerlos en práctica, no es la hora del pesimismo sino de alentar los logros por escasos que sean. Así dicho, parece una gran verdad (que evidentemente no lo es) y podría suponer dar un paso real (tan pequeño y tardío que no merece tal nombre), siempre y cuando desde las organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y políticas no se cayera en un posibilismo resignado. Hoy, ante las dificultades encontradas en las COP, el riesgo del movimiento social no es incurrir en posiciones utopistas sino en un conformismo paralizante. Ante ello, desde la izquierda radical y ecologista, debemos insistir en que no se pierda de vista ante la Cumbre de Johannesburgo en 2002 tres cuestiones: la urgencia de poner realmente coto al cambio climático, la radical insuficiencia de lo acordado en Kyoto-Bonn-Maraquech y el cinismo de los gobiernos que amparan el incumplimiento sistemático (incluso de lo que han acordado).