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La guerra de Irak, cuya parte más visible y estruendosa mediáticamente está finalizando, ha hecho visibles de manera muy notoria los límites de la democracia en diferentes paises y estados que formalmente se hallan regidos por ella. Seguramente uno de los casos más estrepitosos entre todos sea el del estado español, en donde un gobierno electo se ha permitido el lujo de saltarse a la torera de manera soberbia la voluntad popular (90% de la ciudadanía en contra de la guerra, junto con masivas y continuadas demostraciones de rechazo al enfrentamiento bélico) convirtiéndose en esperpéntico y destacado comparsa del belicismo de Bush y de los EEUU.
Lo que ha sucedido en el estado español debe ser valorado como extremadamente peligroso, ya que de hecho la democracia ha sido suprimida totalmente por el gobierno en lo referente al tema de la guerra. Es obvio que no nos encontramos sometidos a un estado de tipo autoritario o dictatorial, sin embargo en la cuestión concreta y específica de la participación del estado español en el conflicto de Irak hay que decir rotundamente que la democracia ha sido de facto suprimida. Y la defensa de su postura por parte de los que han tomado la decisión de participar activamente en promover la guerra (José Mª Aznar, seguido fielmente por la inmensa mayoría de su partido) ha sido tan numantina, tan convencida, tan sin fisuras, que nos hemos de poner a temblar pensando en otros supuestos en los cuales los aludidos puedan tener la tentación de volver a repetir la experiencia.
Las masivas movilizaciones ciudadanas en las que la juventud ha participado de manera muy activa han abierto sin embargo una puerta que llevaba cerrada desde hacía muchos años (seguramente desde la transición política, exceptuando el breve lapso de tiempo correspondiente a las movilizaciones antiotan de los ochenta). Cuando destacados portavoces del PP hablan del resurgir de la extrema izquierda que parecía sepultada se están refiriendo con su lenguaje y de manera deformada a este hecho. La ciudadanía ha vuelto a tomar la calle y desea jugar un papel activo en política. Parece pues que el mal ha generado su propio antídoto en forma de movilización popular.
Se acercan ahora las elecciones municipales y legislativas de mayo. No serán unas elecciones normales. Estarán revestidas de un cierto aspecto plebiscitario (de censura o de apoyo al gobierno) cuyos resultados son curiosamente inciertos. Y digo curiosamente inciertos porque en una sana y robusta democracia no me cabe la menor duda de que las elecciones iban a hacer pagar muy elevados réditos al PP por su apoyo a la guerra. Sin embargo, y en las actuales circunstancias, podría darse la paradoja de que un partido repudiado y vilipendiado masivamente durante semanas pudiese volver a reconstruir mayorías municipales y autonómicas. Peligrosa situación. Nuevamente he de recordar alguna voz del PP que ha dicho convencida que se estaban poniendo en peligro las bases de la convivencia democrática con las movilizaciones antiguerra y el acoso a su partido. Pues no, quien las pone en peligro en todo caso no es la ciudadanía pacifista sino ellos mismos, al menos por dos importantes razones. La primera y obvia es la de imponer su propio criterio por encima de la masiva opinión ciudadana, lo cual significa un ataque frontal a la democracia, cosa de cajón. La segunda, quizás no tan evidente en estos momentos, se deriva del hecho contradictorio pero posible antes comentado de que el PP pueda volver a reconstruir mayorías (primero en las municipales y autonómicas, después en las generales). No voy a entrar en el análisis de los vericuetos políticos, mediáticos, sociológicos y de psicología de masas que permiten que semejante despropósito sea factible. Dando por supuesto que lo es, hay que preguntarse qué ambiente se podrá respirar el día después entre una importante parte de la ciudadanía del estado si un partido del cual la visión que ahora se tiene es muy negativa y que hasta es odiado entre sectores nada despreciables de la población vuelve a instalarse en los distintos gobiernos. La democracia se basa en la aceptación del principio básico de que se gobierna según la voluntad de la mayoría. ¿Ha respetado el PP este principio? No, lo ha incumplido de manera flagrante en el tema de la guerra. ¿Puede ser capaz el PP, aunque la regla de Hont le dé la mayoría de los escaños, de gobernar a una parte de la ciudadanía que le empieza a ser tan hostil? Lo tiene muy difícil, y en tales circunstacias las tentaciones de recurrir a métodos expeditivos se acrecientan. Botón por muestra algunas actuaciones policiales durante las movilizaciones contra la guerra. Pero hay que empezar a pensar en positivo en todos aquellos medios que puedan ayudar a subsanar el déficit democrático tan claramente manifestado en las últimas semanas. Y para ello algo puede servir el desenpolvar algunas reivindicaciones democráticas largamente olvidadas que, juntamente con las nuevas experiencias de participación con centro en Porto Alegre, pueden dar vida y cuerpo a una veradera democracia participativa.
Hablemos en primer lugar de las atribuciones de los gobiernos. Los mismos se han de sujetar tanto a los órganos representativos (parlamentos) como a la voluntad popular. Es inconcebible que un gobierno democrático pueda ser un gobierno blindado contra la opinión de la ciudadanía, bien por disponer de mayoría absoluta, bien por tener frente a sí una oposición parlamentaria incompetente. Han de existir por lo tanto medios rápidos, claros y de fácil uso por parte de la ciudadanía y de las organizaciones sociales que permitan revocar sin dilación las decisiones gubernamentales claramente opuestas a la voluntad popular. Decisiones como la que ha tomado el gobierno de Aznar han de poder ser vetadas por la ciudadanía. Ni en este apartado ni en los siguientes entraré en los detalles de tipo técnico para hacer posibles las propuestas generales. Pero medios haylos, y sobrados, si se tiene la voluntad de utilizarlos.
Los cargos electos han de poder ser revocados igualmente de manera mucho más ágil que en las actuales circunstancias. El típico juego de los políticos profesionales consistente en los hechos consumados, ajenos a su programa y declaraciones, que son llevados adelante a sabiendas de que las elecciones están lejos, se ha de acabar. Hasta ahora las elecciones se producen cada cuatro años- tiempo de sobra para todo tipo de despropósitos -y anticiparlas supone recurrir a mecanismos complejos o que están en poder justamente de los mismos gobernantes. La mecánica electoral se ha de simplificar y tecnificar para hacer posibles elecciones rápidas si así lo solicita una parte significativa de la ciudadanía. Tales elecciones han de poder abarcar el total de las circunscripciones electorales o sólo parte de ellas si así lo desean los correspondientes electores. Además sería muy conveniente que las personas votantes de determinado partido o grupo pudieran también tener derecho al cambio de sus elegid@s. Esto no es posible con los actuales procedimientos electorales pero sí ha de serlo con las técnicas adecuadas.
Los conflictos nacionales largamente existentes en el estado español requieren también de soluciones democráticas novedosas. No se trata tan solo de reconocer el derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional largamente negados, sino también de establecer mecanismos flexibles para permitir la integración armónica de las distintas realidades nacionales en entidades más amplias. El llamado estado de las autonomías se ha convertido en un corsé de hierro, paradójicamente defendido por aquellas personas y grupos que más se opusieron en su momento a su instauración. Las relaciones entre los diferentes pueblos se han de crear partiendo en cada momento de sus propias voluntades sin que el estado federal o confederal (caso de que exista) tenga potestad alguna para interferir en los cambios que las ciudadanías nacionales deseen promover en su ámbito. Se trata de establecer relaciones de libre asociación entre los pueblos, que acaben tejiendo una red no solamente ni primordialmente a nivel del actual estado español, sino que apunten al ámbito europeo, al ámbito de una Europa democrática, social y de naciones y pueblos libremente asociados. El derecho de los pueblos a su soberanía ha de ser además perfectamente compatible con el respeto a las distintas minorías existentes en su seno, cuyos derechos han de quedar garantizados.
Para que la democracia sea posible de verdad se ha de acabar con el control mediático existente. Los medios de comunicación de masas han de ser puestos al servicio de la ciudadanía, dejando de ser instrumento de intereses económicos o políticos de grupos reducidos o de la propaganda gubernamental. Esto requiere una transformación profunda de los mismos que permita el acceso regulado de la ciudadanía y de las organizaciones sociales a éstos y su gestión directa por parte de los trabajadores. Este es un aspecto de capital importancia para la democracia ya que actualmente los medios de comunicación de masas vierten de continuo informaciones muy sesgadas sobre la realidad existente, al tiempo que dejan como único espacio de expresión para los actores sociales la movilización en la calle, la utilización de Internet (al que sólo tiene acceso una parte reducida de la población) y la de limitadísimos medios escritos y audiovisuales.
Estas son algunos de los elementos, ni mucho menos los únicos, que requieren de cambios profundos para avanzar hacia una democracia participativa. Es de esperar y de suponer que el debate sobre ésta tomará un nuevo impulso a partir de ahora tanto en el estado español como en Europa y en el mundo, ya que los hechos fuerzan a ello.