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La decisión del Tribunal Constitucional de respaldar, con escasas excepciones, la sentencia del Tribunal Supremo por la cual se impide la presentación a las elecciones municipales de la gran mayoría de agrupaciones electorales impulsadas por un sector políticamente significativo de la sociedad vasca y navarra, constituye una vulneración extraordinariamente grave del derecho fundamental a la participación electoral de unos ciudadanos y ciudadanas sobre los que no está demostrado que haya sentencia condenatoria alguna. De esta forma, deja sin derecho a elegir y a ser elegidos a una parte importante de la población de numerosas localidades del País Vasco y Navarra y generará sin duda un déficit de representatividad de los nuevos ayuntamientos que surjan tras el 25 de mayo.
En este caso, además, esta decisión ha ido acompañada de las mayores irregularidades posibles, tanto en el respeto a la división de poderes como en el derecho a un juicio justo con todas las garantías procesales, asestando así un duro golpe al Estado de derecho.
La complicidad entre el gobierno del PP y el alto poder judicial -con un Presidente, Jiménez de Parga, que no oculta su profunda beligerancia en la defensa de un nacionalismo español excluyente- ha quedado patente otra vez, con el apoyo, de nuevo, de la dirección del PSOE. Se confirma así el firme propósito del gobierno de Aznar y sus aliados políticos y mediáticos de acentuar su estrategia de confrontación no sólo con ETA sino también con el conjunto de las fuerzas democráticas y sociales que siguen exigiendo el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de la sociedad vasca y navarra.
El hecho de que esa política sea justificada en nombre de la lucha contra el "terrorismo" cuando José María Aznar aparece como uno de los más fieles e incondicionales servidores de Georges W. Bush, dirigente del Estado que, con su doctrina de la "guerra preventiva", acaba de emprender una guerra ilegal y practica distintas formas de terrorismo a escala mundial, es una de las mayores paradojas de la medida adoptada.
Desde Espacio Alternativo consideramos que el conjunto de la ciudadanía del Estado español debe reaccionar contra este nuevo atropello a la democracia y entender que, más allá del rechazo que pueda producir la actividad de ETA, lo que está realmente en juego es la defensa de unos derechos fundamentales que hoy se ven amenazados no sólo en Euskadi y Navarra sino también en el conjunto del Estado español, dentro de esa nueva ola conservadora y militarista que acecha al mundo entero.
10 de mayo de 2003. http://www.espacioalternativo.org