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Actualización: Represión policial lunes 21 de abril [Crónica de Laura Vales] | [Notícia Indymedia Argentina] |
Tras ser desalojadas, las operarias de la fábrica juegan una pulseada para recuperar las instalaciones sin favorecer una represión que los ponga en riesgo cuando están más débiles.
Piqueteros, asambleas, delegaciones gremiales y partidos de izquierda realizarán a partir de este mediodía una marcha a Brukman para reclamar el retiro de las fuerzas policiales y el reingreso a la fábrica de las trabajadoras desalojadas. Ayer hubo una nueva protesta en la planta, de la que participaron mayoritariamente asambleístas de la Capital y el conurbano.
Las trabajadoras ratificaron que su decisión es recuperar la textil, incluso atravesando el vallado de la policía. Hoy buscarán impedir que el juzgado entregue la llave de la fábrica a los dueños. Desde las organizaciones sociales y de derechos humanos hubo pedidos para que el gobierno nacional intervenga en el conflicto.
La barrera policial que rodea el lugar fue ampliada otros doscientos metros sobre la avenida Jujuy y ahora abarca cuatro manzanas, desde la calle México hasta Entre Ríos. También el número de efectivos aumentó en relación a la primera noche. En las rejas del vallado, los manifestantes colgaron carteles con la advertencia "no alimente a las fieras" y fotografías de las mujeres en las máquinas de coser, produciendo.
Sobre esa línea que separa a uniformados de los manifestantes volvió a estar concentrada la tensión desde las cuatro de la tarde hasta el anochecer. Las obreras hicieron un cordón frente a los policías, tomadas de los brazos. Detrás se ubicaron personalidades, asambleístas y finalmente los militantes de los partidos.
Como ocurre desde la noche en que fueron sacados del edificio, se plantean cómo recuperar el lugar donde trabajaban 58 personas. El viernes hubo cuatro horas de negociaciones frustradas entre los trabajadores, el juez, legisladores, integrantes de organismos de derechos humanos y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Ayer el debate más fuerte era si existe alguna posibilidad de revertir la situación estando fuera de la planta, si había que entrar y cómo evitar en ese caso que se desate una represión.
Vestida con el delantal de la textil y ayudada con un megáfono, Celia Martínez informó sobre la postura que sostiene junto a sus pares. "Queremos recuperar la fábrica. No queremos violencia, queremos trabajo para vivir, no para morir, así que veremos cuál es el momento de recuperarla. Pero estamos seguras de que tenemos derecho y nadie más va a entrar."
Se movilizaron, básicamente, las asambleas. Nora Cortiñas y Pepa Noia, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el actor Juan Palomino, el ceramista Raúl Godoy (Zanon), el titular de la FUBA Agustín Vanella, Graciela Daleo de Ex Detenidos-Desaparecidos, una delegación de los trabajadores de LAPA y un grupo de legisladores estuvieron también entre los que se acercaron a la protesta.
"Esta fábrica fue vaciada por sus dueños, que llegaron a pagarle a las trabajadoras cinco pesos por semana. En una actitud inmoral abandonaron la empresa. Las obreras la recuperaron, la hicieron producir, reconectaron los servicios cortados por falta de pago, defendieron sus puestos de trabajo y ahora, cuando a los propietarios les conviene volver, las desalojan. El Estado tiene que intervenir para solucionar esta injusticia", dijo Cortiñas a Página/12 al llegar al lugar.
El reclamo es compartido también por las organizaciones de desocupados que hoy concentrarán en la plaza Once desde el mediodía para movilizarse, cerca de las dos, a la puerta de Brukman.
En el plano legal existe un concurso de acreedores, en el fuero comercial, y un juicio penal que es el que dio lugar al desalojo. En la causa por la quiebra, según explicó la abogada Ivana Dal Bianco (Ceprodh), "los dueños deben 15 millones de pesos, ocho de ellos al Estado en concepto de impuestos. El Banco Nación está entre los principales acreedores financieros. En ese expediente los trabajadores no están siquiera mencionados debido a que la empresa no los inscribió en el Anses ni pagó cargas sociales".
El proceso penal se inició en marzo del año pasado, cuando los dueños presentaron una denuncia contra los trabajadores por los delitos de robo y usurpación. Inicialmente estuvo a cargo el juez Enrique Velázquez. En marzo del 2002 el magistrado "ordenó un allanamiento, en el que hubo cuatro obreros imputados", recordó la defensora. "Tras estudiar el caso, el juez los sobreseyó al entender que el conflicto era de orden laboral. Dijo además que no hubo usurpación porque la toma había sido pacífica".
En noviembre el juez Raúl Yrigoyen recibió otra denuncia por la cual hubo un segundo intento de desalojo. Al igual que en marzo, las manifestaciones de apoyo a las trabajadoras lograron desactivarlo. "En esa oportunidad se detuvo a seis personas. Como existía una causa anterior de contenido similar, Yrigoyen se declaró incompetente. Todo el paquete se concentró en manos de Velázquez, quien indagó a los imputados y les dictó la falta de mérito. El fallo fue apelado por la empresa. Los camaristas Piombo y Bonorino Peró dispusieron el desalojo con permanencia de la policía dentro del edificio, que se entregue la llave a la patronal y el secreto de sumario, sin que la defensa fuera notificada de la decisión".
Por este motivo, un grupo de diputados nacionales, legisladores porteños, integrantes de organismos de derechos humanos y funcionarios de la ciudad de Buenos Aires firmaron el acta en la que piden que se vuelva atrás con el desalojo. El documento advierte que la medida viola derechos de raigambre constitucional, entre ellos "los del trabajo, la subsistencia y la dignidad".
Tras cuatro días de espera y negociaciones, los empleados de la fábrica recuperada marcharon para volver a ocuparla. La policía reaccionó gaseándolos a ellos y a los miles de manifestantes que los apoyaban. El saldo es de treinta heridos y cien detenidos. Crónica de la barbarie.
El comisario Carlos Roncatti acercó la cara a la valla y dijo:
-No tenemos nada que negociar.
Estaba vestido de traje gris, el pelo cortado al ras y llevaba en la mano un teléfono celular por el que había recibido, dijo él, instrucciones claras. "No vamos a retirar el personal porque estamos cumpliendo una orden", señaló. Del otro lado de la valla, las trabajadoras de Brukman lo vieron darse vuelta y alejarse en dirección a las tropas de infantería apostadas en la puerta de la fábrica. Eran las cinco y cuarto de la tarde. Diez minutos después, las obreras harían lo que venían anunciando desde el momento del desalojo: acompañadas por una columna de dos cuadras de manifestantes, personalidades y legisladores, avanzaron tomadas del brazo, hicieron caer la valla y caminaron hacia la puerta de entrada de la planta. Entonces comenzó la represión.
El intento de retomar Brukman obtuvo como respuesta un operativo policial que dejó decenas de heridos y más de cien detenidos. Durante varias horas los jóvenes dispersados con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos se reagruparon en distintos puntos para enfrentar a la policía tirando piedras y encendiendo fuego en las esquinas. A la noche todavía se producían escaramuzas en la puerta de la Facultad de Psicología. También en el hospital Garraham, muy distante de la zona, hubo incidentes.
Las trabajadoras de la textil habían convocado a la manifestación a partir de las 10 de la mañana. Fue el cuarto día de protestas desde que el jueves la fábrica -ocupada desde diciembre del 2001 y puesta en producción por las obreras, que mantenían así 58 puestos de trabajo- sufrió el desalojo.
Sobre Jujuy al 500 se reunieron asambleas barriales, organizaciones piqueteras, partidos políticos y gremios en lucha. La represión policial avanzó por esa avenida hacia el sur. En la esquina más cercana, donde Jujuy se cruza con México, hicieron las primeras detenciones: un hombre joven, con la cabeza rapada, que corría tratando de escapar, fue tirado por cinco uniformados al piso, donde lo patearon en la cabeza y golpearon con los bastones antes de llevárselo. Al cierre de esta edición Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto porteño, tenía este recuento de detenidos: 55 en la comisaría octava, entre ellos cuatro menores. 61 personas en la seccional 20ª. Y otras diez repartidas en la 18ª, 28ª y sexta.
Apenas sonaron los primeros disparos, las trabajadoras buscaron refugio contra la pared de un local aledaño a Brukman, donde fotógrafos y periodistas las protegieron poniéndose delante y auxiliándolas para salir del lugar.
Cien metros más adelante, en el bar de una estación de servicio de la avenida Independencia y Jujuy, un grupo de manifestantes quedó encerrado en un bar, donde fueron arrestados. El periodista Miguel Bonasso y el legislador Marcelo Parrilli también fueron detenidos cuando intervinieron en su defensa (ver página 32).
La mayor parte de los heridos acudió al hospital Ramos Mejía y al Francés, mientras que otros, ante el temor de ser detenidos, se escondieron en la Facultad de Psicología, ya que la policía no puede ingresar a los edificios universitarios. Hubo por lo menos dos fotógrafos sobre quienes dispararon con balas de goma. Daniel Jayo, de Página/12, recibió un impacto en el abdomen, mientras que a Pablo, integrante de Indymedia, le dieron en la frente. La diputadas Marcela Bordenave y María América González denunciaron que se utilizaron balas de plomo.
Muchos de los manifestantes, una vez desatada la represión, se reagruparon intentando volver a la fábrica. Habían ido a la protesta con la idea de que las negociaciones en el ámbito del Gobierno o de la Justicia serían inviables sin la presión de una acción directa, y los mensajes que llegaron durante el día (ver aparte las negociaciones) les ratificaron esta percepción. En la calle, inventaron cantitos sobre la situación. "Con los huesos de la yuta / vamo?a hacer una escalera / para que a la textil Brukman / pueda entrar la clase obrera", corearon en la espera. "Dale las llaves / la puta que los parió", interpelaron a los comisarios. Otro de los cantos decía "y si querés desalojar / le vamo?a poner el cuerpo / porque Brukman es un ejemplo / de trabajo y libertad".
Vilma Ripoll, José Roselli, Ariel Basteiro, Jorge Altamira, Patricio Echegaray y Patricia Walsh fueron algunos de los legisladores presentes. También estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini.
A las siete y veinte de la tarde, casi dos horas después del comienzo, continuaban los incidentes.
-Sardina, ¿dónde están? -le preguntó un camarógrafo a un tipo de traje con cara de policía, con esa familiaridad que algunos camarógrafos de televisión mantienen con algunos comisarios.
-Están en varios lados -dijo el de traje-. En el Congreso, en el Garraham.
Pero no terminó la enumeración porque en ese momento se escucharon gritos y se levantó una columna de fuego a doscientos metros. En Independencia y Deán Funes, un Renault break blanco había sido dado vuelta e incendiado.
La calle volvía a tener un clima irreal, con gente escapando de los bares a medida que avanzaba la infantería, y cada tanto barricadas hechas con carteles y basura. La policía, que secuestró gomeras y algunas molotovs, sufrió durante un rato la pérdida de uno de sus efectivos, que fue tomado de rehén frente a Psicología y luego sacado por el SAME en una ambulancia que terminó con los vidrios rotos por las piedras y pintadas que decían "asesinos". Tras la recuperación de su hombre, la infantería tomó venganza con una nueva carga de gases y disparos contra los manifestantes. La mayoría de los agentes no lucía placa identificatoria.
A la noche el vallado en torno a la textil se extendía desde la avenida Belgrano hasta la avenida Independencia.
En el Ministerio de Interior, en un intento de tomar distancia del episodio, el viceministro Alberto Iribarne dijo que la magnitud del operativo policial fue para cumplir una orden del juez Jorge Rimondi, comunicada "directamente" al jefe de la Policía. "Actuaron por orden del juez en el sentido de desalojar y asegurar que el edificio no fuera reocupado", indicó el funcionario (ver asimismo nota aparte).
El argumento de obediencia a la orden judicial es el mismo que alegó el comisario Carlos Roncatti cuando se frustró la última negociación. La orden se basó en un fallo de los camaristas Bonorino Peró y Piombo, ambos jueces de instrucción durante la dictadura militar, en un fallo que, de acuerdo a la denuncia de las abogadas defensoras, expresa textualmente que "no hay supremacía de la vida y la integridad física frente a los intereses económicos".
En el día de hoy [21 de abril], la policía y el gobierno argentino han reprimido salvajamente a 55 obreras textiles y a mas de 7000 personas que se movilizaron para solidarizarse con elllas.
Las obreras de Brukman, para todos nosotros símbolo de dignidad, habían sido desalojadas 4 días atrás de la fábrica que sus patrones abandonaron y que ellas, en un año y medio de lucha lograron convertir en un símbolo de la recuperación de fuentes de trabajo.
La represión llevada adelante con cientos de policías arrojó 120 detenidos, entre ellos varios periodistas (dos de Indymedia Argentina) y decenas de heridos en una cacería humana que se extendió hasta a 30 cuadras de la fábrica. El operativo incluyó balas de plomo que fueron disparadas por varios efectivos y no mataron a nadie por casualidad.
Nosotros denunciamos esta situación tres días atrás, y hoy lo repetimos; tenemos pruebas fotográficas y fílmicas de los cartuchos rojos calibre 12.70, de antes y durante la represión.
Entre los detenidos hay periodistas (incluyendo a Miguel Bonasso), obreros de diferentes fábricas, mujeres y menores de edad. La represión, que comenzó cuando cuatro obreras cruzaron las vallas para exigir que le devuelvan su fábrica, se extendió por 25 cuadras hasta el Hospital Garraham, donde fueron atacados con gases los niños que se encontraban internados allí; hasta la facultad de Psicología, donde la policia cargó en varias ocasiones contra la gente que se había resguardado allí, y por la calle La Rioja, donde se levantaron barricadas. En todos los escenarios cientos de personas se defendieron como pudieron contra la brutal represión.
La policía actuó amparada en una orden de los camaristas Bonorino Peró y Piombo, ambos jueces desde la última dictadura que resolvieron textualmente que "No hay supremacía de la vida y la integridad física sobre los intereses económicos". Desconociendo la instancias de negociación abiertas minutos antes, el derecho al trabajo de las obreras de Brukman y la presencia de decenas de personalidades, organismos de Derechos Humanos, diputados y de miles de personas, alguien tomó la desición política de reprimir y desatar la cacería. El gobierno municipal de Ibarra, que se negó a dar soluciones viables, y el gobierno nacional de Duhalde, que maneja la policía, son los principales resonsables.
A una semana de unas elecciones que no convencen a gran parte del electorado, el desalojo de Brukman y la represión de hoy son un intento de terminar con un movimiento que comenzó el 19 de Diciembre del 2002 y que se extendió en el tiempo en diferentes formas.
Las obreras de Brukman nos han dado una lección de dignidad. Durante un año y medio hicieron funcionar su fábrica, enfrentaron tres desalojos y se ganaron el respeto, cariño y solidaridad de un inmenso arco social. Hoy las volvimos a ver en medio de los gases y las balas, con sus guardapolvos celestes y llenas de lágrimas, defendiendose con limones. Ellas encabezaron la movilización a la comisaría y ellas nos convocan a marchar a la fábrica nuevamente mañana. No las vamos a dejar solas; no nos van a detener.