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El gobierno de Perú impuso el "estado de emergencia" por 30 días y el ejército desbloqueó carreteras y protestas sociales. Maestros y empleados del Poder Judicial continuarán con el paro.
Al amanecer de ayer ya estaba decretado el estado de emergencia en 12 de los 23 departamentos de Perú. El presidente peruano, Alejandro Toledo, así apostó por la mano dura para frenar la ola de huelgas con cortes de carreteras de los últimos días y sacó las fuerzas militares a la calle. Los agricultores y los trabajadores administrativos del Seguro Social sucumbieron a la medida y levantaron sus respectivas huelgas, pero los maestros y los empleados del Poder Judicial se mantuvieron en sus posiciones y se declararon decididos, sobre todo en el caso de los profesores, a un enfrentamiento frontal. Los choques en distintas partes del país dejaron un saldo de al menos 13 policías y dos manifestantes heridos y 68 manifestantes detenidos.
Es la segunda vez en menos de dos años en el poder que Toledo declara el estado de emergencia para reprimir violentas protestas. En junio de 2002, Arequipa (segunda ciudad del país con 700.000 habitantes) estuvo en emergencia al ser epicentro de un estallido social contra las privatizaciones y el incumplimiento de promesas electorales. Bajo la figura del estado de emergencia se entrega el control del orden público a los militares, medida que el mandatario decidió esta vez durante 30 días.
El ejército ayer recuperó las carreteras tomadas y el fantasma del desabastecimiento se disipó. En varias ciudades, especialmente Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, unos 5000 profesores al servicio del Estado se enfrentaron con la policía. En Huaraz e Iquitos, todas capitales departamentales, los profesores y algunos eventuales aliados desafiaron la prohibición y enfrentaron a la policía antes de que los militares asumieran su nueva función. Los maestros desfilaron también en otros varios puntos del país, incluido el distrito limeño de Independencia, a pesar de que el estado de emergencia prohíbe este tipo de demostraciones.
Cerca del poblado de Apata, grupos de manifestantes bloquearon una carretera, incendiaron al menos un tractor y rompieron las lunas de varios vehículos policiales, mientras los agentes antimotines detuvieron a 35 personas. Tres policías resultaron con lesiones de consideración y fueron internados en un hospital de Jauja (Andes centrales), luego de que chocaron los huelguistas. En Chiclayo la policía detuvo a 31 manifestantes. En la norandina ciudad de Cajamarca fueron arrestadas 2 personas, según los informes.
Al menos dos personas resultaron heridas por los disparos del ejército y de la policía peruana, que dispersó a un numeroso grupo de manifestantes que bloquearon la carretera Panamericana Norte a la altura de la ciudad norteña de Barranca, a 175 kilómetros al norte de Lima. El enfrentamiento se produjo después de que los agricultores y pobladores de la zona se negaran a dejar expedita la carretera a pesar de que su gremio anunció hoy la suspensión durante 30 días de sus protestas.
Los maestros estatales iniciaron una huelga por tiempo indefinido hace 17 días y anunciaron que seguirán con su medida, incluyendo movilizaciones en las calles, pese al estado de emergencia. Los cerca de 280.000 profesores estatales ganan en promedio unos 650 nuevos soles (cerca de 188 dólares). Y el gobierno ha dicho insistentemente que no puede subir sueldos en el nivel que quisiera sin afectar la disciplina fiscal y por eso sólo aprobó un incremento del equivalente a 29 dólares mensuales a los profesores, que solamente beneficiará a quienes en los próximos cinco días abandonen la huelga nacional que arrancó hace tres semanas.
También continúa otra paralización de los servidores del Poder Judicial, mientras que una huelga de agricultores que se había iniciado el lunes fue suspendida hasta que se levante la emergencia. Igualmente sucedió con otra de médicos y enfermeras de la seguridad social. Entretanto, las fuerzas políticas se dividían ayer entre quienes consideran que el Estado de Emergencia era inevitable y quienes lo criticaron, destacando entres éstas últimas el Partido Aprista Peruano, principal grupo de oposición y sospechoso eterno de estar detrás de la agitación.
La crisis social que sacude a Perú, y que llevó al presidente Alejandro Toledo a declarar el estado de emergencia, puede explicarse ?en parte? con la transcripción de un diálogo que Clarín mantuvo con un altísimo representante del gobierno peruano durante la asunción de Néstor Kirchner.
"¿Por qué mientras la economía peruana crece al 4 por ciento anual, el índice más alto de la región, la popularidad del presidente es tan baja y hay innumerables protestas sociales?", se le preguntó.
El hombre pensó unos segundos y antes de comenzar a dar una respuesta señaló el bolsillo. "Es que todavía no hemos sido capaces de que ese crecimiento llegue al bolsillo de la gente", dijo. Y agregó: "El desafío es trasladar ese crecimiento macro a satisfacer las necesidades de la población."
Un economista podría decir que se trata de "una injusta distribuición de la riqueza", una definición que el representante del gobierno peruano tradujo al sentido común. Si el 54 por ciento de una población de casi 27 millones de personas vive en la pobreza y el desemplo y el subempleo alcanza niveles alarmantes, de poco servirán para paliar el descontento los índices macro que con frialdad determinan que en el 2002 Perú creció un 5,2 por ciento, con una previsión del 4 por ciento para este año. O que la tasa de inflación fue de apenas 1,5 por ciento y que el riesgo país, que tuvo en vilo a la Argentina en los acalorados días de diciembre de 2001, es inferior a 400 puntos.
En Perú, como en muchos países de América latina, lo que parece estar en discusión es el modelo económico a seguir o, cuanto menos, las prioridades que deben tener las políticas económicas de estos países con cíclicas crisis sociales y políticas, producidas ?en la mayoría de los casos? por aquella elección.
En palabras del ministro de Economía y Finanzas peruano, Javier Silva Ruete, un técnico de indisimulado tinte neoliberal, si el gobierno de Toledo cede a los reclamos salariales (un aumento de 28 dólares para los maestros), la economía del país "podría irse al diablo". En definitiva, Silva Ruete dijo con crudeza que los 200 millones de dólares que insumiría un aumento a los docentes y los 20 millones adicionales que el Estado dejaría de recaudar si se baja el 3% el impuesto general a las ventas -como exigen los campesinos- podrían poner en peligro el acuerdo que Perú alcanzó con el FMI entre el 2002 y el 2003. Un acuerdo que estableció un severo ajuste, similar al establecido por el organismo para toda la región.
Aquel alto funcionario que habló con Clarín también aceptó, casi con resignación, que pese a haber hecho "bien los deberes" y haber cumplido con las pautas del FMI, los pobres habían aumentado y el gobierno no estaba cumpliendo con su principal bandera de campaña: crear miles de puestos de trabajo.
La caída en la popularidad de Toledo, que algunos encuestadores ubican sólo en el 14 por ciento, le resta margen de maniobra y pone a su gobierno en zona de riesgo, cuando aún le restan poco más de dos años para finalizar su mandato. Un espejo en el que ya se ha visto reflejado más de un presidente en la región.