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Los terratenientes están formando una milicia al estilo paramilitar. Incluye personal fuertemente armado, helicópteros, vehículos blindados y perros. Es para impedir las ocupaciones del MST.
Varias organizaciones latifundistas brasileñas convocaron a los hacendados a armarse contra los campesinos del Movimiento de los Sin Tierra (MST). Ya hay denuncias de acciones de estas milicias en todo Brasil. Pero una de ellas, conocida como Sindicato Nacional de Productores Rurales, provocó conmoción durante la semana. Ofreció un servicio de seguridad privado, con una amplia dotación de armas y fuerzas, para impedir las ocupaciones del MST.
Narciso Rocha Clara, líder de ese "gremio" con perfil de grupo paramilitar, anunció la "Operación Tolerancia Cero". Amenazó con responder a "las acciones del MST con una reacción igual o mayor". Sinapro, la sigla del grupo de estancieros, hizo un acuerdo con varias agencias de seguridad regionales. Y la oferta para los propietarios incluye personal armado, helicópteros, vehículos blindados, motocicletas y perros. Estos pequeños ejércitos privados vigilarán las estancias no sólo tranqueras adentro. Extenderán sus actividades a las rutas provinciales o departamentales de acceso. "El clima de tensión es grande", justificó Rocha por causa "de la nueva ofensiva del MST".
Este hombre, que enfrenta siete procesos judiciales por distintos delitos, hizo un acuerdo con una agencia denominada American Security, encargada a su vez de "contratar personal" en San Pablo, Minas Gerais, Paraná, Río Grande del Sur, Mato Grosso del Sur y dos estados nordestinos. Según Rocha, en su organización hay unos 160.000 afiliados. Si esto es cierto habría que sumar los hombres movilizados por otras dos autodenominadas entidades agrícolas: la Unión Democrática Rural y el Primer Comando Rural (PCR) cuyo nombre recuerda al grupo mafioso de narcotraficantes conocido como Primer Comando de la Capital (PCC).
El líder del Sinapro dijo que entraría en operaciones la semana próxima en el nordeste del estado de Paraná, en una región llamada Valle del Ivaí. Al propietario, el servicio de seguridad le costaría alrededor de 2.000 reales por mes. Mencionó que en cada región del país el costo del operativo "Tolerancia Cero" deberá ser pagado por las haciendas, en cuotas mensuales. Para las autoridades de Paraná, Rocha Clara es "un estafador". Pero si prospera la iniciativa de este "marginal", como lo calificó el gobernador paranaense, Roberto Requiao, se creará una red mafiosa en su provincia, con capacidad militar para extorsionar a los propios hacendados.
Según el gobierno de Paraná, el Sinapro es una "banda constituida para estafar al productor". Rocha Clara promete no sólo una defensa paramilitar contra las invasiones de tierras. En el paquete que ofrece a los hacendados sumó seguro de vida, jubilación privada y seguro de salud a los que se asocien.
El líder de Sinapro acusó al MST de promover una guerrilla en el campo y dijo que "son entrenados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia", la mayor guerrilla del país vecino. Pero hasta ahora sólo se han registrado agresiones contra miembros del movimiento campesino. La Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo de la Iglesia Católica, denunció que 20 trabajadores rurales fueron asesinados entre enero y junio, una cifra que supera los 16 campesinos que fueron baleados durante todo el año pasado.
Las entidades rurales tradicionales, como la Sociedad Rural de Brasil, descalifican los métodos violentos y pregonan la negociación como método para negociar los conflictos. Pero el rebrote de la violencia en el campo está adquiriendo contornos sombríos. De hecho, la derecha política brasileña, que representa a los grandes propietarios, cuestionó esta semana las acciones del gobierno de Lula da Silva en relación a la reforma agraria.
Para el presidente del Partido del Frente Liberal, Jorge Bornhausen, "hay impunidad en el trato con el MST. El objetivo de este movimiento no es la reforma agraria sino la radicalización y la violencia".
Los Sin Tierra esperan un plan de reforma agraria del gobierno de Lula, antes que la situación se torne explosiva. Los campamentos reciben cada vez más gente. En parte porque el MST tiene una política amplia de atraer a sus filas no sólo agricultores sino también a los excluidos en las grandes urbes. El movimiento calcula que 500.000 personas conviven hoy en asentamientos provisorios, sin infraestructura y sin atención de sus necesidades básicas.
Parte de la historia se debe a un decreto del gobierno de Fernando Henrique Cardoso que salió a mediados de 2001.
La medida prohíbe por dos años inspeccionar tierras que hayan sido invadidas a fines de determinar si son improductivas, primer paso a la expropiación.
En el MST sostienen que esa resolución "legitimó las acciones represivas en distintos estados". Según la organización, el ex gobernador de Paraná, Jaime Lerner (del PFL), profundizó el problema al endurecer la represión contra los campesinos. Durante la gestión de Lerner, de acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra, 478 agricultores pobres fueron a prisión.
Joao Pedro Stedile, líder del MST, denunció que "el modelo agrícola de Brasil aumenta la producción, pero también incrementa la miseria y el desempleo en el campo". Aseguró que "hay casi un millón de familias registradas durante el gobierno de Fernando Cardoso, que esperan ahora que el Estado cumpla con su compromiso de entregar tierras".
* Corresponsal de Clarín en Sao Paulo, 20-7-03