De reforma laboral en reforma laboral....
Diosdado Toledano
La degradación de las relaciones laborales y las condiciones de vida de los trabajadores tienen como fundamento las sucesivas reformas laborales llevadas a acabo por los gobiernos del PSOE y del PP, en el mejor ejemplo posible para mostrar que comparten los mismos objetivos y la política neoliberal.
El Estatuto de los Trabajadores fue aprobado en 1980. Pronto, en 1984, el primer gobierno socialista (formado en 1982) acometió una reforma que introdujo una gran flexibilidad del mercado de trabajo a través de crear un amplio abanico, hasta 16 modalidades, de contratos espurios. La precariedad en poco tiempo creció intensamente llegando a afectar a un tercio de los asalariados.
En 1994, abrumada la sociedad por un paro masivo que alcanzó casi el 25% de la población activa, de nuevo el gobierno del PSOE se creyó en posesión de la fuerza y la razón necesarias para imprimir un nuevo avance en la precariedad del empleo y en las posibilidades del despido. La mayor precariedad vino como consecuencia de dejar intacto en lo fundamental los contratos vigentes y añadir otros nuevos aún más degradados, como los de aprendizaje, un contrato “basura” que supuso introducir por la puerta de atrás el plan de empleo juvenil que desencadenó la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988.
Las facilidades para el despido surgieron de la ampliación de las causas para realizar despidos individuales objetivos por motivos tan imprecisos como “las necesidades organizativas y de producción”, cuando ya existían las causas económicas y tecnológicas. Por otro lado, pasaron a considerarse como despidos individuales los colectivos que no supusieran más del 10% de la plantilla, hasta un máximo de 30 trabajadores, eso sí, cada trimestre. Se remató la reforma suprimiendo el carácter de indisponible de algunos derechos reconocidos en el Estatuto (jornada máxima, descansos diarios), con lo que pasaron a convertirse en moneda de cambio en los convenios, derogándose las ordenanzas laborales, que protegían a los trabajadores más débiles sindicalmente, y en fin, legalizando las empresas de trabajo temporal, las siniestras ETT, que tuvieron un desarrollo espectacular.
Pero todo aquello se consideró insuficiente. Habiéndose puesto la proa para cumplir los criterios de Maastricht, el nuevo gobierno del PP decretó en 1997 una nueva reforma que, respaldada por la mismas fuerzas políticas que la anterior, contó como novedad con el apoyo de los sindicatos mayoritarios. El abaratamiento del despido, objetivo básico, experimentó un sensible avance, mientras que la coartada de dotar de mayor estabilidad al empleo se logró en un grado insignificante. La posibilidad de aplicar el sorprendente despido individual/colectivo instituido en 1994 se hizo más confusa para favorecer a los empresarios. Por otra parte, para “estimular” la contratación indefinida se aprobó nuevo contrato de aplicación para jóvenes y parados de larga duración con una indemnización por despido improcedente de 33 días por año y un tope máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 días por año trabajado y 42 meses de los contratos indefinidos normales.
A grandes rasgos esta es la evolución de la legislación laboral básica del último cuarto de siglo. Sus consecuencias son conocidas, o mejor, harto sufridas por los trabajadores: nivel de los salarios, precariedad del empleo, horarios abusivos, facilidades del despido, trabajo clandestino de inmigrantes. En estas circunstancias, sería normal que se plantease la necesidad de una reforma laboral que combatiera los contratos basura, que restituyera los derechos recortados, que eliminase las ETT, que prodigase protección suficiente a los parados, que controlase la subcontratación y el reguero de muertes que conlleva. Pero las cosas no van por ese camino y el peligro de una nueva contra reforma laboral está sobre el tapete.
Ante la imposibilidad de poner de acuerdo a empresarios y sindicatos en la llamada mesa de “diálogo social” que inició sus reuniones hace bastantes meses, el gobierno de Zapatero ha avanzado un proyecto verdaderamente provocador y escandaloso, pues en lo esencial recoge con precisión las grandes reivindicaciones de la CEOE y aplica la literatura para referirse a los intereses de los trabajadores, habiendo amenazado además con legislar si no hay acuerdo, lo que supone dejar a los sindicatos a los pies de los caballos.
La reforma propuesta no ataja la precariedad ni la subcontratación. En cambio, facilita y “descausaliza” el despido colectivo, suprimiendo la exigencia de la apertura de un periodo de consultas y negociación con los sindicatos, y, por tanto, asimilando el despido individual al colectivo. Amplia los colectivos a los que aplicar el contrato indefinido del despido barato (el de los 33 días y 24 mensualidades). Aumentan las subvenciones a los empresarios, disminuyen sus cotizaciones a la seguridad social por desempleo y el FOGASA. Por ultimo, como otro aspecto destacado, se eliminan los sobrecostes que soportan las ETT por indemnizaciones por fin de contrato y cotizaciones al desempleo. Con las nuevas reformas, en el caso de aplicarse a partir del muy degradado mundo laboral, se corre el peligro, como ha denunciado el Sector Critico de CCOO, de que el Derecho del Trabajo quede enterrado en nuestro país.
El sistema es insaciable y el PSOE parece dispuesto a alimentarlo, dando mas facilidades para explotar a los trabajadores y engrosar los beneficios de los empresarios y multinacionales. Prolongando, en suma, la supervivencia de un modelo económico neoliberal que hace agua por muchas partes.
Ante la amenaza del gobierno del PSOE de legislar unilateralmente la reforma laboral debe procederse a preparar las condiciones de movilización social para hacerla fracasar. La debilidad del gobierno Zapatero hace difícil el éxito de un “Decretazo “ si encuentra la oposición firme de los sindicatos. De hecho estaría obligado a cambiar de aliados en el Parlamento, sustituyendo a ERC e IU-ICV por los partidos de la derecha nacionalista neoliberal. Pero el peligro de un “Zapatazo” laboral, o la foto de un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos, ciertamente más moderado, pero que contendría “clavos” importantes contra la clase trabajadora no está conjurado. La presión de la derecha económica y política va obteniendo del gobierno del PSOE concesión tras concesión, la última con la reducción del Impuesto de Sociedades.
En última instancia, solo la movilización de la clase trabajadora, de sus organizaciones, de sus sectores más críticos y anticapitalistas podrá impedir un acuerdo antisocial o hacer fracasar la amenaza de Decreto ley de la nueva reforma laboral.
25-11-2005
