La actitud agresiva y movilizadora mantenida por la Iglesia y el PP frente a la Ley Orgánica de Educación, que el gobierno socialista pretende aprobar en el parlamento, puede llevar a pensar que la LOE supone importantes cambios frente a la normativa vigente o que ataca de frente los intereses empresariales y eclesiásticos. Nada más lejos de la realidad...

Repetidos intentos de pacto

El PSOE ha intentado en todo momento pactar la LOE con el PP y con la Iglesia católica, buscando el llamado “Pacto Nacional por la Educación”. La razón esgrimida es que resulta necesario para “dar estabilidad” al sistema educativo, el cual no puede verse afectado por los sucesivos cambios de gobierno. Dicho así se podría estar de acuerdo con el planteamiento, pero... El problema es que el sistema educativo del estado español se halla en inmerso en un proceso de privatización encubierta, a través de la presencia de los centros concertados, que la derecha y la Iglesia católica desean acelerar y que el PSOE- en su búsqueda repetida de conciliar intereses contrapuestos -desearía “controlar”. Es justamente a este “control” al que no se muestran nada dispuestos ni la Iglesia ni el PP, que hasta ahora marchaban “banderas al viento y triunfantes” en la senda de la progresiva privatización del sistema público de enseñanza.

Si examinamos los “puntos de conflicto” del tàndem derecha-Iglesia con la LOE, podemos observar la presencia de un bloque compacto de reivindicaciones que apuntan al reforzamiento del proceso de privatización: criterios para la admisión de alumnos, elección libre de centros, financiación de la enseñanza privada concertada y cobro de cuotas “voluntarias” a las familias.

La “depuración” del alumnado

La “ventaja” de los centros privados concertados sobre los públicos, que ha ido induciendo a muchas familias, al margen de criterios religiosos, a llevar a sus hijos a éstos en lugar de a los centros públicos, deriva fundamentalmente de la “depuración” que por diversas vías realizan sobre el alumnado “problemático”. Entendemos por “problemático” el alumnado que a causa de su comportamiento, sus problemas de integración, su desinterés en formarse, su retraso escolar, etc., acaba interfiriendo gravemente con el ritmo normal de la docencia de los centros de enseñanza. Dicho alumnado se ha visto hasta ahora mayoritariamente acogido por los centros públicos, mientras que los centros privados- concertados y no concertados -se “libraban” de ellos con diferentes procedimientos. Tales procedimientos de “depuración” son justamente los que la LOE intenta formalmente limitar, mediante el reparto “equitativo” del alumnado con “necesidades específicas de apoyo educativo”, la prohibición del pago de cuotas indirectas a los centros privados concertados o el aumento de la financiación a los centros concertados en función de “proyectos de atención a las condiciones de espacial necesidad”.

La financiación de la enseñanza privada concertada

La gente defensora de la enseñanza privada concertada argumenta que su financiación es insuficiente para que ésta sea totalmente gratuita, de ahí la necesidad de las cuotas a asociaciones integradas en los centros, por actividades extraescolares, etc. En este caso, la ley condiciona el aumento de recursos a la existencia de “proyectos de atención a las condiciones de especial necesidad”, lo cual tiene sentido si lo que se busca es una equiparación de los centros privados concertados con los públicos en cuanto a atención del alumnado “problemático”.

El objetivo que no persigue en absoluto la LOE es el de la progresiva sustitución de los centros privados concertados por los centros públicos y la conversión de la “doble red” pública-concertada en una red única pública. A este objetivo debieran destinarse los recursos suplementarios que está demandando la enseñanza privada. Porque en el supuesto de que se atendieran las peticiones expuestas podríamos encontrarnos, en el mejor de los casos, con una enseñanza enteramente gratuita, pero sujeta en buena medida (actualmente cerca del 33% de la enseñanza es privada en el estado español) a los parámetros ideológicos y empresariales de la Iglesia y de la derecha...

La LOE no ataca a la derecha y a la Iglesia

La LOE es una ley muy conservadora en sus planteamientos que sólo busca introducir ligeras medidas de control sobre los centros privados concertados. Dichas medidas son ya de entrada de muy problemático cumplimiento por un conjunto de razones: dependen de las Administraciones autonómicas, existe poca definición en cuanto al proceso de constitución de las “comisiones de garantías de escolarización”, el régimen sancionador aplicable permite burlar la ley sin excesivas consecuencias para los centros infractores...

La Iglesia y la derecha han aprovechada las tibias propuestas de la LOE para intentar ir más allá de lo que ellos mismos consiguieron cuando gobernaba el PP. ¡Paradójicamenteestán reivindicando al PSOE más a que a si mismos!

La tabla reivindicativa Iglesia-PP

Junto con las reivindicaciones cuyo objetivo es mantener y reforzar el control sobre la enseñanza (aumento de la financiación, libertad de pago de cuotas, negativa al control de las comisiones de garantías...) se plantean otras reivindicaciones. A la cabeza figura la enseñanza de la Religión en los centros, que la ley ya reconoce de entrada como de obligada oferta, pero de la cual se demanda que sea evaluable y computable para la nota media. Tenemos igualmente el porcentaje de enseñanzas comunes, las repeticiones de curso según número de materias suspendidas, la prueba de “reválida”... Sin embargo, conviene no perder de vista la importancia primordial de los temas relativos a la financiación de la enseñanza privada y a su “libertad” para realizar una selección del alumnado.

Movilizarse por la Enseñanza Pública el 14 de diciembre

Tanto por la importancia intrínseca del tema educativo y de la LOE, como por la necesidad de hacer frente a la estrategia de tensión y de “acoso y derribo” del PP y de la Iglesia Católica sería deseable una movilización ciudadana importante en defensa de la enseñanza pública, laica y de calidad. Sin embargo parece que el PSOE y sindicatos como CCOO y la UGT, que han llegado a acuerdos con el gobierno en materia de educación, no se inclinan a tomar iniciativas al respecto. Tal forma de actuar confía en exceso en los mecanismos institucionales y administrativos, olvidando que el PSOE fue empujado al gobierno no solamente por el luctuoso “azar” del 11-M y las protestas del 13-M, sino fundamentalmente por la presión previa de amplias movilizaciones populares. De la misma forma que las movilizaciones de izquierdas impulsaron al PSOE al gobierno, las movilizaciones de derechas y la falta de oposición a ellas pueden desbancarlo de él.

Hay que plantearse pues como serio objetivo el movilizarse por la enseñanza pública, frente a las provocaciones del PP y de la Iglesia, reivindicando su entera extensión al conjunto del sistema educativo, el aumento de su calidad, para lo cual es necesaria una asignación de recursos exenta de trabas presupuestarias neoliberales y su laicidad plena, manteniendo las muy legítimas prácticas religiosas fuera del sistema público de enseñanza. Hasta este momento sólo el Sindicato de Estudiantes había llamado a la movilización en el ámbito de la enseñanza no universitaria. Sin embargo la confederación de STEs, IU y otras organizaciones del mundo de la enseñanza se han decidido también a hacerlo, impulsando convocatorias para el día 14 de diciembre, justo antes de la primera votación de la LOE en el parlamento. Esperemos que estas iniciativas den su fruto y animamos a toda la ciudadanía a participar en ellas.