Editorial Corriente alterna #41
Las luchas que se están desarrollando en Francia se han convertido, como ha ocurrido tantas veces en la historia contemporánea, en "laboratorio" y clave al mismo tiempo para interpretar la encrucijada en que nos encontramos en Europa. De su capacidad para hacer fracasar el nuevo salto hacia la precarización de las vidas de tantos jóvenes depende también cuál vaya a ser la evolución de un "proyecto europeo" que no oculta, además, su cara imperialista a la hora de tratar con pueblos como los latinoamericanos o los africanos. Es allí donde también está en juego la confrontación entre dos izquierdas, una social-liberal y otra anticapitalista, y entre dos tipos de sindicalismo, el subalterno y el de la movilización sostenida contra la patronal y los gobiernos que practican políticas neoliberales.
No se puede entender tampoco lo que está ocurriendo en el país vecino sin recordar el éxito que supuso el triunfo del No al proyecto de Tratado Constitucional Europeo, ya que, pese a las acusaciones demagógicas procedentes de sectores defensores del Sí, desde entonces es la cuestión social la que está en el centro de la vida política francesa y la que está impidiendo llevar adelante nuevas contrarreformas que únicamente pretenden "americanizar" el tan mitificado "modelo social europeo". Es cierto que va a ser difícil reflejar todo este proceso en el plano electoral pero, sea cual sea el desenlace a corto plazo, la nueva generación política que está emergiendo se encuentra, al menos, con una izquierda anticapitalista y sindical dispuesta a estar a la altura de los retos que plantea esta prueba de fuerzas.
De todo esto habría que sacar lecciones para el caso español. Porque es cierto que difícilmente se habría dado el decisivo paso de ETA con su alto el fuego permanente sin la disposición mostrada a negociar por parte de Zapatero; también lo es que, pese al hostigamiento del PP y la derecha mediática, ha habido algunas leyes y medidas reformistas en relación a determinados derechos civiles. Pero todo eso no nos puede hacer olvidar el cierre en falso de la reforma del Estatut de Catalunya, la aprobación de una Ley de Defensa respetuosa de los compromisos con el "amigo americano" (como estamos viendo en Afganistán), la adopción de una reforma fiscal que se convierte en la más regresiva desde 1977, el "consenso" alcanzado con la derecha escolar en la Ley Orgánica de la Educación o la disposición a aplicar servilmente el proyecto de rentabilización capitalista de la Universidad a través del "Espacio Europeo de Educación Superior". Ha sido, sin embargo, el tratamiento represivo y criminalizador de la migración procedente de países de Africa el rasgo más negativo y rechazable del nefasto papel que al servicio de la "Europa fortaleza" está desempeñando este gobierno. Sin olvidar tampoco que en el Estado español se da el más alto índice de precariedad de la UE, que se anuncia la liquidación de RTVE como servicio público, que el gobierno español se alineó recientemente con quienes se han dedicado a defender la versión original de la directiva Bolkestein a favor de la plena liberalización de los servicios y que se está intentando llegar a un acuerdo sobre una contrarreforma laboral que permita un mayor abaratamiento de los despidos.
Sobran motivos, por tanto, para justificar la necesidad de que también en el Estado español se refuerce una izquierda anticapitalista dispuesta a estimular la removilización de amplios sectores de la población en contra de las políticas neoliberales y a favor del derecho a decidir de los pueblos. Por desgracia, ni Izquierda Unida ni Esquerra Republicana de Catalunya están yendo por ese camino sino, más bien, todo lo contrario. La primera dice estar practicando una "oposición exigente e influyente" pero en realidad se ha convertido en "socio preferente" de un gobierno del que apenas se esfuerza por diferenciarse en la práctica y, lo que es peor, está generando tal desmoralización en sus filas y entre sus tradicionales simpatizantes y votantes que hace temer por su futuro tras las próximas confrontaciones electorales. En cuanto a ERC, sus vacilaciones en torno a la posición de voto a mantener frente al Estatut con ocasión del referéndum son la demostración de la tensión que recorre a sus filas entre quienes apuestan por mantenerse en el gobierno del "tripartit" a toda costa, por un lado, y aquellos sectores que aspiran al reconocimiento efectivo de la soberanía de Catalunya, por otro.
La izquierda anticapitalista en el Estado español no tiene, por tanto, en la actualidad una referencia creíble de ámbito estatal en la que se puedan reconocer quienes apuestan por su reforzamiento. Habrá que ir reconstruyéndola mediante un esfuerzo que combine el trabajo de reagrupamiento de los sectores críticos de IU, la reactivación de las redes alternativas de los movimientos sociales y el impulso de espacios de reflexión, debate y convergencia en la acción entre los colectivos más afines que confluyan con otros semejantes que se desarrollan a escala europea, como la Conferencia de la Izquierda Anticapitalista Europea.
En ese camino la diversidad de iniciativas que durante este mes de abril se celebran en conmemoración del 75 aniversario de la Segunda República ha de servir también para, junto al ejercicio de un balance crítico y no idílico desde la izquierda de lo que significaron aquellos años, reivindicar no sólo la forma republicana frente a la monárquica sino, sobre todo, la necesidad de una "segunda transición" que abra paso a la libre unión de los pueblos basada en el respeto a su libre derecho de autodeterminación. Porque esto es lo que está de nuevo en el centro de la lucha política a raíz del alto el fuego permanente de ETA y no cabe pensar en que la mayoría del pueblo vasco se vaya a dejar encauzar por los canales que ha recorrido el proceso de recortes sucesivos del Estatut catalán. Aquí también se pondrá a prueba la capacidad de la izquierda anticapitalista para evitar la falsa oposición entre la lucha por los derechos sociales y la que hay que emprender a favor del reconocimiento de una realidad plurinacional que sólo pueden negar quienes se aferran a la nostalgia por una "unidad de España" que fue impuesta por la fuerza de la dictadura o quienes insisten en defender una Constitución que nunca fue aceptada en Euskadi.
Pero, aun siendo enorme la labor que habrá que desarrollar en este terreno, los desafíos de la izquierda anticapitalista abarcan otros campos no menos importantes. El 22 de abril es el Día de la Tierra y se convocan movilizaciones para frenar el cambio climático, cada vez más revelador de la catástrofe latente a la que nos arrastra el actual modelo de producción, transporte y consumo, así como para confluir con las cada vez más diversas luchas que se desarrollan contra la especulación urbanística e inmobiliaria y la corrupción generalizada que está teniendo en Marbella su máxima expresión. También en esas acciones habrá que estar presentes, al igual que en los debates que generen proyectos de ley como la de Dependencia introduciendo en ella tanto la mirada transversal del feminismo como la reivindicación del cuidado como un derecho y un trabajo y no como un negocio.