Razones para una Tercera República
Miquel Garcia
El modelo de estado que la Constitución Española de 1.978 instauró ya fue muy criticado por los grupos que en aquella época se denominaban de izquierda revolucionaria. Las principales objeciones que entonces se hicieron a dicho modelo han mostrado, según transcurría el tiempo, su solidez, y muchas de las agresiones que han sufrido la ciudadanía, la clase trabajadora y los pueblos oprimidos del estado, durante los años que van de la Transición política hasta ahora, se han desarrollado haciendo uso del escudo constitucional forjado el año 78.
Hasta qué punto el modelo de estado imperante satisface los intereses de los poderes fácticos económicos y políticos lo demuestra la defensa enconada que los dos grandes partidos estatales, PSOE y PP, hacen del montaje constitucional ante cualquier intento de modificarlo, a excepción de pequeños cambios muy controlados por ellos mismos. El breve análisis que viene a continuación intenta exponer los principales aspectos antisociales y antidemocráticos del modelo de estado instrumentado a través de la Constitución Española.
El estado español niega la soberanía de los pueblos
La Constitución Española niega el derecho a la autodeterminación y a la soberanía nacional plena de las naciones que componen el estado. Un modelo plurinacional de estado tendría que haberse construido desde la plena libertad de los miembros integrantes los cuales, haciendo ejercicio de su propia soberanía, diseñarían de común acuerdo el marco conjunto de convivencia política. Sin embargo el estado español se construye de arriba abajo, otorgándose el privilegio de limitar la soberanía de sus componentes y blindando su propia unidad. Esta característica del modelo ha continuado manteniéndose a lo largo de la presente reforma estatutaria catalana, pese a algunas ilusiones iniciales en sentido contrario, y es evidente que su cambio requerirá en el futuro de esfuerzos colectivos de gran envergadura.
Los nobles Borbones son cabezas de estado hereditarios
La unidad indisoluble de España se simboliza en la Constitución mediante la figura del Rey. Pero la figura del Rey no es meramente simbólica, puesto que también se le atribuyen importantes funciones de representación y arbitrales de las instituciones. Juan Carlos I ha interferido en la política del estado de manera regular, empezando por el golpe de estado del 23-F del 81, con distintos pronunciamientos y dictando anualmente “línea política” a través de los “mensajes del Rey a la nación”. Ni Juan Carlos I, ni el príncipe Felipe, ni ningún miembro significado de la casa real española se ha dignado nunca a hablar otra lengua que no sea la española, convirtiéndose de manera activa y voluntaria en símbolos siempre presentes de la opresión nacional española.
El ejército y el aparato represivo son herederos del franquismo
El modelo de estado constitucional integró, dentro de un ámbito supuestamente democrático, al ejército, a la policía y a la guardia civil franquistas. Su estructura se mantuvo, empezando por la jerarquía militar-policial. Los principales mecanismos de selección de los nuevos cuadros y de promoción también quedaron en manos de la antigua jerarquía, con lo cual toda la evolución producida a lo largo de casi treinta años ha ido en una dirección ideológicamente continuista. La democratización “” del ejército, policía y guardia civil ha quedado limitada por lo tanto a aspectos muy superficiales y su pérdida de influencia política no se debe confundir para nada con una democratización efectiva. Por si alguien tenía dudas respecto del espíritu actual del ejército, el ruido de sables en torno a la negociación del estatuto catalán, incluida la reaparición pública del golpista Antonio Tejero, lo ha hecho abiertamente patente. Y realmente, con todo esto, los militares no están haciendo otra cosa que cumplir el papel que les asigna el artículo 8.1 de la Constitución Española, “Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”
La Iglesia Católica mantiene su poder
Como en el caso del ejército y de el aparato represivo, la Iglesia Católica- uno de los pilares del franquismo -quedó integrada dentro del nuevo estado constitucional, manteniendo muchos de sus privilegios mediante la renovación del Concordato, consiguiendo financiación estatal a través de la Hacienda Pública y conservando y reforzando posteriormente toda su red empresarial-educativa, comunicativa, asistencial y cultural. Si durante la Transición política algunos sectores de la Iglesia experimentaron una evolución hacia la izquierda, este proceso quedó posteriormente frenado, imponiéndose con fuerza los sectores ultraconservadores de la jerarquía que desarrollan su política represiva y patriarcal a través de la Conferencia Episcopal.
No existe ninguna garantía de cumplimiento de importantes derechos ciudadanos
Una parte considerable de los derechos ciudadanos que la Constitución enuncia no se han hecho efectivos nunca, debido fundamentalmente a la carencia de asignación presupuestaria imperativa, de mecanismos de control adecuados de los incumplimientos y de una especificación de mínimos cuantitativos, cualitativos y de plazos por parte de las instituciones. En este caso se encuentran el “derecho al trabajo” (Art. 35), a “la redistribución de la renta y a la plena ocupación” (Art. 40), a “la protección de la salud” (Arte. 43), a “disfrutar de un medio ambiente adecuado” (Art. 45), el “derecho a la vivienda” (Arte 47), etc. Pero mientras estos derechos “se encuentran en el aire”, existen otros que las instituciones y el poder judicial tienen mucha cuidado en garantizar siempre, como por ejemplo “el derecho a la propiedad privada y a la herencia” (Art. 32).
Existen graves carencias democráticas en las instituciones parlamentarias, el gobierno y el poder judicial
Los mecanismos electorales son lentos, rígidos y vinculados en exceso a lo estructura partidaria, en consecuencia el rendimiento de cuentas por parte de la gente electa a la gente electora y su posible revocación-reelección en caso de incumplimiento de los compromisos, son casi imposibles. A lo anterior se ha de añadir una carencia de proporcionalidad de los sistemas electorales y la existencia de barreras de porcentaje para acceder a representación parlamentaria.
La participación ciudadana en el proceso legislativo está regulada de manera muy restrictiva, cosa que la hace difícil de ejercer de manera constante y regular. Aun así, una vez se consiguen superar las dificultades anteriores, resulta prácticamente imposible poder aprobar una ley o iniciativa contra las mayorías parlamentarias existentes. La participación de las organizaciones y de los colectivos sociales y ciudadanos está planteada también de forma muy tangencial y meramente consultiva.
Como el caso de la guerra de Irak demostró de manera flagrante, la ciudadanía no dispone de ningún mecanismo para oponerse de manera rápida a una decisión gubernamental o parlamentaria mayoritariamente rechazada. La aprobación posterior de la “Ley de Defensa Nacional” obliga, en el caso del envío de tropas, a que el Congreso la autorice. Pero este mecanismo continúa sin garantizar el control ciudadano efectivo sobre la decisión y sólo la desplaza del gobierno al parlamento.
El sistema de acceso a la carrera judicial y de renovación de los cargos del poder judicial, determinan que este se encuentro en manos de una élite históricamente vinculada al aparato franquista y muy dependiente de los poderes económicos y políticos. Por esto la tan pregonada “independencia judicial” no existe en la realidad y el poder judicial español, como el ejército y la policía, continúa siendo en buena medida heredero del franquismo y esclavo de los “poderes fácticos”.
