Editorial Corriente Alterna 42, mayo 2006
Hace pocos meses el gobierno socialista parecía haber perdido el carisma y la fuerza de su impulso inicial, cuando el 14 de marzo del 2004 once millones de votos, y cerca de un millón trescientos mil de diferencia sobre el PP, le daban la victoria en las elecciones generales. Hostigado por la agresiva oposición "a la chilena" de la derecha y de su aliada la Iglesia católica, realizada tanto a través de las instituciones parlamentarias como de los medios de comunicación de masas y de masivas manifestaciones de protesta, el gobierno de Zapatero aparentaba carecer de recursos. La tramitación de la Ley Orgánica de Educación, la llegada a las Cortes españolas del proyecto de nuevo Estatuto catalán, el estancamiento de la negociación con patronal y sindicatos de la reforma laboral y la continuidad- aun sin hechos de sangre -de las acciones de ETA, ponían entre la espada y la pared al gobierno. Incluso los sondeos de opinión le eran cada vez más desfavorables.
Pero, uno tras otro, los problemas han ido encontrando su solución... La LOE, a despecho del PP, fue pactada finalmente con sectores de peso de la patronal de la enseñanza privada y de la Iglesia, los cuales consiguieron garantías para mantener su situación de privilegio y mejoras en al financiación con recursos públicos que ni el mismo PP les había proporcionado. Alguna concesión se realizó también "hacia la izquierda", que permitió a IU justificar el voto favorable a la ley en el parlamento...
Después de toda una batalla mediática e institucional, el nuevo estatuto catalán, a falta de algunos detalles, se halla a punto de ser presentado a referéndum en Catalunya el próximo 18 de junio. Se ha conseguido el consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias en torno al nuevo redactado, con las excepciones de ERC y del PP. Considerando que estos dos partidos sólo llegan a reunir alrededor del 30% del electorado catalán, no parece que su oposición vaya a poder bloquear la aprobación del nuevo estatuto. Pero habrá que esperar al 18-J para saber hasta que punto la sociedad catalana otorga legitimidad a lo acordado por los partidos. Conviene no olvidar la masiva manifestación convocada per la Plataforma "Pel dret a decidir" del 18 de febrero pasado y que la misma Plataforma manifestaba públicamente el 4 de abril pasado que «no validará [la Plataforma] mediante el 'Sí' el Estatut propuesto y que, sea cual sea el resultado del referéndum, el marco autonómico resultante será sobrepasado por las aspiraciones soberanistas de una gran parte de nuestra sociedad».
También ha sido anunciada, para después del 1 de mayo, la firma del acuerdo sobre la reforma laboral, que había permanecido estancado durante meses. Las razones que han permitido llegar al acuerdo aun no se han manifestado con claridad. Fernando Lezcano, portavoz de CCOO, declaraba después del último Consejo Confederal del sindicato que «la reforma no satisfará ni al Gobierno, ni a la patronal, ni a los sindicatos y será la 'única posible', es decir, la única donde las tres partes pueden sentirse 'razonablemente cómodos' », añadiendo además que «la reforma saneará el mercado laboral más que reducir la temporalidad"» Tales afirmaciones no permiten ser muy optimistas respecto a las consecuencias que el cuerdo vaya a tener par la clase trabajadora.
Finalmente, el alto el fuego de ETA producido a a partir del 24 de marzo, ha abierto las puertas al proceso de pacificación y de negociación política en Euskadi. Con el cese de las acciones violentas de ETA, el PP y los sectores más revanchistas del PSOE, han perdido un importante punto de apoyo. En el nuevo contexto queda claramente al descubierto que la negativa a la negociación política y a la concesión de derechos es para el PP y grupos afines como UPN algo totalmente independiente de la existencia de violencia. Da buen ejemplo de ello el presidente del gobierno de Navarra y de UPN, Miguel Sanz, quien a raíz de la polémica sobre la posible creación de un órgano de coordinación entre Euskadi y Navarra declaraba que no admitiría "nunca el cambio de paz por territorio" y que no estaba dispuesto "a que la paz se consiga a cualquier precio y menos se consiga a costa de cesiones que afectan a la identidad y la personalidad de Navarra". Declaraciones semejantes más bien parecen encaminadas a provocar de manera voluntaria la imprudente reacción del adversario, como podría haber sucedido hipotéticamente en el caso del incendio de la ferretería del portavoz de la UPN en Barañáin.
En el terreno de la política internacional el PSOE continúa pagando el precio pactado con los EEUU tras la retirada de las tropas españolas de Irak, mediante su apoyo a la ocupación de Afganistán. En este país la situación ha continuado muy inestable, aumentando las acciones violentas de los diferentes grupos rebeldes como talibanes y Al-Qaeda, que finalmente han involucrado al destacamento militar español. Por ello se pretende que el parlamento apruebe el envío de 140 soldados más al Afganistán, en apoyo de los ya presentes. Conviene recordar que uno de los argumentos hasta ahora utilizados para justificar la presencia en Afganistán era que los militares españoles no entraban en combate, situación que los últimos hechos desmienten. Ante ello no queda sino recordar una vez más las grandes similitudes existentes entre las ocupaciones de Irak y de Afganistán y reclamar la retirada de las tropas españolas de este último país.
El PSOE encara pues la segunda parte de su legislatura habiendo despejado en apariencia una parte importante de los problemas que lo han atosigado hasta ahora. Aunque esto tiene un aspecto positivo en la medida que aleja el espectro del retorno de la derecha dura representada por el PP, no hay que perder de vista que las "soluciones" han venido de la mano de importantes concesiones hechas a la derecha, a la Iglesia católica, a la patronal y a los sectores españolistas. Han resultado pues perjudicadas la mayor parte de la ciudadanía, la clase trabajadora y el pueblo catalán.
No es ajeno al hecho arriba apuntado el que todo el proceso de elaboración y de negociación de las diferentes leyes y acuerdos se haya realizado por vías exclusivamente parlamentarias e institucionales y sin recurso alguno a la movilización, terreno que en este caso ha quedado totalmente en manos de la derecha. Como únicas y honrosas excepciones se pueden apuntar la manifestación del 18 de febrero en Barcelona "Pel dret a decidir" o la manifestación del 1 de abril en Bilbao ""Es tiempo de soluciones. Euskal Herria. Decisión. Acuerdo". En ambos casos se ha abierto una vía de movilización desde la izquierda rompiéndose la atonía de los movimientos que ha caracterizado el periodo posterior al 14-M.
La movilización es el camino a seguir si a lo que se aspira es a algo más que a impedir la vuelta de la derecha dura. Las recientes movilizaciones contra el Contrato de Primer Empleo (CPE) en Francia, que han concluido con la retirada de la ley, demuestran que sí es posible frenar el avance del neoliberalismo y que las políticas neoliberales no son ni mucho menos las únicas posibles (que es el mensaje que se nos ha hecho llegar de manera insistente en los últimos decenios). Justamentelas resistencias al neoliberalismo, la defensa de los derechos sociales y de los trabajadores, la lucha contra la precariedad y la situación de Europa después del "no" en el referéndum francés y holandés al Tratado de Constitución Europea serán los temas de discusión centrales para gran parte de la izquierda reunida en Atenas, del 4 al 7 de mayo, en el Foro social Europeo 2006.
