Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes familiares se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, mientras millones de campesinos y campesinas están sumidas en una virtual hambruna y en el minifundio.

El más reciente Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), difundido el 7 de septiembre de 2005, establece que la distribución de la tierra es tan desigual en el país, que menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas-casi todas indígenas- apenas si tienen acceso a este recurso natural y trabajan en cinco millones de hectáreas.

Los clanes familiares que se han apoderado de las tierras más fértiles han mantenido una poderosa e invariable influencia en el Ministerio de Agricultura, en la Superintendencia Agraria y en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, controlando la concesión de tierras y propiedades. Estas familias también tienen enorme peso en los partidos políticos de derecha y casi siempre han controlado el Congreso y el Gobierno. Sin embargo, su mayor influencia está en las asociaciones empresariales de agropecuarios y productores agrícolas del oriente como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde donde controlan el poder regional y tejen alianzas con las empresas transnacionales del petróleo y el gas. No es casual, por ello, que el poder latifundista y petrolero maneje a su antojo la región más rica de Bolivia como es Santa Cruz, y desde allí articule un proyecto secesionista en contra de las organizaciones sociales, laborales y populares del país que pugnan por la nacionalización de los hidrocarburos y por una nueva y genuina reforma agraria.