Los clanes familiares que se han apoderado de las tierras más fértiles han mantenido una poderosa e invariable influencia en el Ministerio de Agricultura, en la Superintendencia Agraria y en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, controlando la concesión de tierras y propiedades. Estas familias también tienen enorme peso en los partidos políticos de derecha y casi siempre han controlado el Congreso y el Gobierno. Sin embargo, su mayor influencia está en las asociaciones empresariales de agropecuarios y productores agrícolas del oriente como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde donde controlan el poder regional y tejen alianzas con las empresas transnacionales del petróleo y el gas. No es casual, por ello, que el poder latifundista y petrolero maneje a su antojo la región más rica de Bolivia como es Santa Cruz, y desde allí articule un proyecto secesionista en contra de las organizaciones sociales, laborales y populares del país que pugnan por la nacionalización de los hidrocarburos y por una nueva y genuina reforma agraria.