Pep Juárez
Como tratantes de ganado en feria de segunda, Fidalgo, Méndez, Cuevas y Zapatero se empeñan en vendernos el mulo tuerto por el lado del ojo sano. Cierto es que la nueva Reforma Laboral, firmada el pasado día 9 de Mayo, contiene algunas mejoras, como la extensión del subsidio de desempleo a los mayores de 45 años sin cargas familiares, la subida de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, o el incremento de las partidas en materia de Inspección y Servicio Público de Empleo. Pero esos avances parciales (que sólo intentan maquillar el resultado final) se revelan totalmente insuficientes para atajar la actual epidemia de precariedad, y palidecen al lado de la importancia estratégica de la columna vertebral del Pacto, y verdadero objetivo del mismo: el abaratamiento general del despido.
En virtud de esta nueva Reforma, el contrato ordinario indefinido utilizado hasta ahora, que establece una compensación por despido de 45 días por año trabajado, queda en situación residual, porque en su lugar se generaliza la modalidad de contratación de "fomento del empleo", que fija la indemnización por despido en 33 días/año. Si tenemos en cuenta que el contrato de 33 días viene funcionando desde hace nueve años, y no ha conseguido reducir la temporalidad, actualmente en el 34%, no nos cabe la menor duda de que el despido se abaratará, pero la temporalidad seguirá sin reducirse de manera sustancial. Este pacto, además, ha sido urdido, sin informar, ni mucho menos consultar, a nadie, ni siquiera a los propios afiliados de los sindicatos firmantes. Con el sigilo que requieren los grandes negocios, los firmantes legalizan, dando nuevos plazos, el enorme fraude empresarial en materia de contratación, y no entran (¿sería demasiada insolencia?) a establecer medidas de control sobre las contratas y subcontratas, auténtica fuente de precariedad y siniestralidad. Y siguen consintiendo la práctica de tráfico de mano de obra, las ETT's.
¿Y los patronos? En un año de una media de beneficios por encima del 20% (48,3% en el caso de la Banca), se les inyecta otra enorme dosis de dinero público, a base de bonificaciones y subvenciones. Valga como ejemplo la previsión, para 2006, de 2500 millones de euros adicionales en bonificaciones empresariales a la Seguridad Social que, si los añadimos a los 17.453 millones de euros que ya se les han bonificado desde 1998, suponen, desde entonces, un total de más de 3,3 billones (con B) de las antiguas pesetas. A cambio de estos extraordinarios regalos, ¿qué compromisos adquieren las patronales con esta nueva Reforma? Ni uno solo. Ni compromisos, ni obligaciones que pongan coto a los abusos, a las ilegalidades, a la explotación. Entonces, ¿por qué ahora hemos de tener fe en una repentina conversión, del instinto depredador de muchos empresarios, a favor de la estabilidad laboral y social de sus trabajadores, y del respeto de los derechos laborales? ¿Nos quieren explicar, los directivos de CC.OO. y UGT, cómo se va a impedir que muchos empresarios cobren las subvenciones y sigan tratando a los trabajadores como artículos de usar y tirar?
Pero el desastre de la precariedad no ha venido caído del cielo. Es el resultado lógico de décadas de paz social engañosa, negociada en círculos de poder donde, con la complicidad de la burocracia de CC.OO. y UGT, se ha ido despojando a los trabajadores de su condición de sujetos sociales portadores de derechos y, contra la necesaria justicia distributiva, se les ha convertido, cada vez más, en simples objetos de explotación. Inicialmente fue a través de los "pactos de rentas" (Pactos de la Moncloa, vigencia 1977-1978; Acuerdo Marco Interconfederal, AMI, 1980-81; Acuerdo Nacional de Empleo, ANE, 1981-82; Acuerdo Interconfederal, AI, 1983, y Acuerdo Económico y Social, AES, 1984-85-86). En conjunto, entre 1977 y 1986, hubo un descenso de los salarios reales en no menos del 9% (datos de las propias CC.OO., 1989). Mientras tanto, las grandes empresas, con la banca a la cabeza, batían año tras año sus propios récords de beneficios.
Después vinieron las "reformas laborales", pactadas o consentidas, como instrumentos de saqueo progresivo de derechos laborales, especialmente a través de sucesivas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores. En la primera reforma, de 1984, se legalizó la contratación temporal masiva; en la segunda (1994), los contratos-basura, los de tiempo parcial, las ETT's, los despidos arbitrarios, la extensión de la movilidad funcional y geográfica, etc.; en la tercera (1997) se pactaron despidos baratos (el aludido contrato con indemnización de 33 días/año), y en el "decretazo" (2001-2002) se le regaló a la patronal su vieja pretensión de eliminar los "salarios de tramitación" en los casos de despido. Mientras tanto y paralelamente, desde 2002 está vigente el llamado Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) donde el G-4 (CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME) nos mete la mano en el bolsillo, año tras año, mediante subidas salariales en los convenios inferiores al IPC, y aumentos de la productividad.
Quien se pregunte por la causa de la activa colaboración de Méndez, Fidalgo y sus camarillas, con el sistema neoliberal, tiene muy a mano la respuesta: ellos no combaten el engranaje capitalista actual, por la sencilla razón de que forman parte del mismo. Últimamente ampliaron su hoja de servicios con el apoyo entusiasta a un Tratado constitucional europeo, donde los derechos laborales y sociales brillaban por su ausencia, y también pactaron el Reglamento de la vigente Ley de Extranjería, racista y discriminatoria hacia los trabajadores inmigrantes. Y con semejante historial, que dura casi treinta años, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿qué venderán en próximos acuerdos? ¿tal vez el retraso de la edad de jubilación? ¿quizá el anular, o maniatar, la negociación colectiva?
Frente a ése modelo de sindicalismo elitista y colaborador con el poder, entre todos y todas tenemos la imperiosa necesidad de recuperar nuestras propias raíces como trabajadores, de solidaridad, de apoyo mutuo, de instinto de clase. Esta reforma laboral, y todo el engaño mediático que la acompaña, debe ser denunciada. Debemos exigir responsabilidades, también por parte de los que, desde dentro de CC.OO. o de UGT, se han sentido ninguneados, utilizados y estafados. La alternativa futura sólo puede ser el abrir el camino del sindicalismo libre y horizontal, recuperando la confianza en su dignidad y utilidad, y en el protagonismo de los trabajadores.
Mayo de 2006.
* Pep Juárez es secretario general de CGT-BALEARS
