Sábado 27 de mayo a las 6 de la tarde en Plaza Catalunya  [Actualizado con el  manifiesto en castellano de la La Plataforma pel Dret de Decidir]

Josep Tordera / La Plataforma pel Dret de Decidir, que finalmente ha optado por recomendar el no en el referendo sobre el Estatut, ha convocado una concentración en la plaza de Catalunya de Barcelona para el próximo día 27 en contra del texto final aprobado por las Cortes españolas.

Esta plataforma organizó el pasado 18 de febrero una multitudinaria manifestación en defensa del Estatut aprobado por el Parlament el 30 de septiembre del año pasado. En ella participaron decenas de miles de personas, incluidos los principales dirigentes de ERC.

En un primer momento, la plataforma recomendaba, además del no, el voto nulo o en blanco en el referendo, con el argumento de que entre las 700 entidades que la integran había disparidad de posturas. Sin embargo, en las últimas semanas y coincidiendo con la decisión de ERC de votar en contra del texto estatutario, la plataforma también se ha decantado finalmente por la opción del no.

EXIGENCIAS
El acto del sábado, día 27, no será el único que organizará la plataforma para denunciar "el trato humillante" que, a su juicio, ha recibido el Estatut en su tramitación en las Cortes. Entre las iniciativas, ayer avanzaron la invitación a todos los catalanes a colgar de sus balcones una senyera que lleve impreso el lema Somos una nación y tenemos derecho a decidir.

La plataforma también expresó ayer su voluntad de estar presente en el proceso de cómputo de los votos en los colegios electorales, una posibilidad que la ley otorga únicamente a los partidos políticos.


 * Noticia publicada en la página 20 de la edición de 20/5/2006 de El Periódico

Rechacemos este Estatuto

Porque somos una nación y tenemos el derecho de decidir

La Plataforma por el Derecho de Decidir convocamos la manifestación del 18 de febrero para dar la voz al pueblo catalán en un momento en el que se definía un marco político nuevo.  salimos a la calle para reivindicar que somos una nación y que tenemos el derecho de decidir. Es decir, que somos los catalanes y catalanas los que debemos tener capacidad política sobretodo aquello que nos afecta.

Hemos podido constatar, sin embargo, como el proyecto de estatuto aprobado por el Parlamento de Cataluña ha estado sometido a un trato humillante por parte de las instituciones del Estado, con la modificación sustancial de 165 artículos y disposiciones (y un preámbulo rehecho de arriba abajo) y no ha sido defendido de forma consecuente por buena parte de la clase política catalana, con la renuncia a aspectos fundamentales para nuestro autogobierno.

Rechacemos el Estatuto que será sometido próximamente a referéndum porque, además de representar una vulneración de un acuerdo sobradamente mayoritario del Parlamento catalán, no incluye ninguna de las aspiraciones y propuestas a favor de las que nos manifestamos el 18 de febrero y reclamábamos en nuestro manifiesto inicial.

1- No reconoce Cataluña como nación

La definición de Cataluña (artículo 1) queda igual que en el Estatuto de 1979 vigente, con la devaluada expresión de "nacionalidad". El concepto de nación queda postergado al preámbulo, con una alusión vaga sin ningún tipo de fundamento ni consecuencia jurídica, cosa que certifica la desnaturalización de todo el articulado. Se niega la existencia del pueblo catalán como sujeto de derechos nacionales y históricos como el derecho a decidir nuestro futuro, a una relación bilateral entre Cataluña y el Estado y a una proyección internacional propia (en diplomacia, economía, cultura o selecciones catalanas).

Se niega la realidad nacional occitana de la Vall d'Aran (artículo 11).

2- No representa ningún avance en la soberanía fiscal

Se rehusa que la Generalidad tenga responsabilidad fiscal sobre todos los impuestos recaudados en Cataluña. La Agencia Tributaría Catalana se limitará a gestionar los tributos propios y los cedidos por el Estado en su totalidad. En cambio, los impuestos más significativos (IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos especiales) continuarán en manos de la Agencia Tributaria del Estado.

La capacidad normativa sobre todos los impuestos, planteada por la propuesta del Parlamento, referida a todos los aspectos significativos (base imponible, tipo impositivo, exenciones, reducciones y bonificaciones), se ha quedado en una promesa vaga de ampliar la capacidad normativa en aquellos impuestos sobre los que se amplía el porcentaje de participación de la Generalidad, mientras que el Impuesto de Sociedades queda totalmente en manos del Estado.

En ningún caso se puede hablar de un nuevo modelo de financiación. El incremento de la participación en algunos tributos (iniciada el año 1993) no paso de ser una cesión virtual, al no contar con una Agencia Catalana que los recaude todos. Tampoco garantiza un incremento de los recursos, ya que el aumento de los ingresos procedentes de la cesta de impuestos será compensado por la disminución de los ingresos procedentes del Fondo de Suficiencia.

Aún más importante: el artículo 201 hace una referencia explícita a la LOFCA (cosa que no hacía lo proyecto del Parlamento), a la que quedamos incursos, y el artículo 206 deja claro que los niveles de suficiencia, solidaridad y nivelación serán fijadas sólo por el Estado. Se elimina así cualquiera posibilidad de relación bilateral Estado-Generalitat y será el Gobierno central, en el marco del Consejo General de Política Fiscal y Financiera, quien determinará los dineros de los que postreramente podrá disponer la Generalidad. Además, sin instrumentos estadísticos adecuados (balanzas fiscales, renta disponible de los territorios en términos reales) el modelo continuará carente de transparencia.

3- Impide la presencia internacional de nuestro país

El reconocimiento internacional al que puede acceder Cataluña es la propio de una región de la Unión Europea, no de una nación. El Estatuto prevé que el Gobierno del Estado pueda incorporar representantes de la Generalidad de Cataluña a las delegaciones españolas a la Unión Europea o a otros organismos internacionales, en los asuntos relacionados con las competencias o intereses de Cataluña, de la misma manera que puede convidar representantes de las otras comunidades autónomas. Naturalmente, los catalanes serán acreditados e identificados como españoles. No se descarta que Cataluña tenga una presencia directa en algunos organismos en cuestiones que afecten a sus competencias, pero siempre con un reconocimiento de segunda categoría, como corresponde a las realidades regionales.

El artículo 200 dice que "La Generalidad debe promover la proyección internacional de las organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, en su caso, su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional". Es un redactado suficiente ambiguo para no permitir que las selecciones deportivas, por ejemplo, representen plenamente al país en competiciones internacionales. En este tema, se ha suprimido, del texto del Parlamento, el punto que reclamaba como competencia exclusiva "el fomento de la proyección exterior del deporte catalán para garantizar que las federaciones catalanas participen en competiciones oficiales de ámbito europeo e internacional".

4- No mejora la posición de la lengua

La lengua catalana no es reconocida como la histórica y propia de los Países Catalanes, como la herramienta de cohesión nacional y social de toda la comunidad. Además, las modestas propuestas del proyecto de Estatuto del Parlamento han quedado sustancialmente recortadas:

•  Cuando se establece el catalán como lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones de Cataluña, no incluye todas las administraciones y medios presentes en Cataluña.
•  La competencia lingüística de la Generalidad no se proyecta sobre la "doble oficialidad", sino sobre la lengua catalana, cosa que resuelve a la baja la cuestión respeto de la misma doctrina del Tribunal Constitucional.
•  El deber de conocer las dos lenguas oficiales queda sin consecuencias jurídicas, ya que se ha eliminado del texto original la imposibilidad de alegar desconocimiento.
•  Las propuestas relativas a normas de etiquetado, consideradas insuficientes por las asociaciones de defensa de la lengua, también se modifican de manera que "al menos en catalán" deviene "también en catalán".
•  Para magistrados y jueces, el conocimiento del catalán será un mérito y no un requisito.

5- No permite que establezcamos políticas propias de ciudadanía y de inmigración

Con su sumisión a las leyes estatales, el Estatuto no permite la ampliación de los derechos de ciudadanía a la población catalana de origen extranjero, sin los que no se puede hablar de verdadera incorporación. Es más, han desaparecido competencias previstas en el proyecto del Parlamento como "el establecimiento y la regulación de garantías en relación con los derechos y deberes de las personas inmigradas" o la relación bilateral Estado-Generalitat para la determinación de los contingentes de personas inmigradas. El nuevo texto reduce el papel de la Generalidad a la ejecución de la legislación estatal y europea en materia de trabajo de extranjeros, condicionada a la "necesaria coordinación que corresponde al Estado".

6- Continúan en manos del Estado cuestiones legislativas y ejecutivas esenciales

Este Estatuto no nos da derecho a decidir temas sociales y económicos importantes, como son salud, educación, gestión de infraestructuras (aeropuertos), justicia y régimen local. Carece también un marco catalán de relaciones laborales.

EL Estatuto continúa subordinado a la Constitución española y, por lo tanto, el Estado continúa manteniendo intacta su capacidad legislativa (también ejecutiva, en algunos casos) en competencias exclusivas. Además de algunas, que ya hemos mencionado, como las relaciones internacionales o la regulación de la ciudadanía, el artículo 149 de la Constitución establece hasta 32 cuestiones como competencias exclusivas, algunas tan importantes como la defensa y las fuerzas armadas, la administración de justicia, la legislación laboral, la planificación general de la actividad económica o el comercio exterior.

7- Los derechos democráticos y sociales quedan sometidos a la legislación del Estado

La Generalidad no tendrá capacidad para convocar consultas a la ciudadanía en forma de referéndum, ni tan solo en aquellos temas en los que dispone de competencias, como preveía el proyecto del Parlamento. Tampoco se admite una circunscripción propia, o con CCAA próximas, a las elecciones europeas.

La extensa relación de derechos sociales y medioambientales no esconde su falta de eficacia y fuerza normativa. En todos los puntos conflictivos (laicidad de la enseñanza, derecho a una muerte digna, derecho de las mujeres a disponer del propio cuerpo) ha quedado patente y, muchas veces explicitada, su subordinación a las leyes estatales. Las formulaciones genéricas y la falta de mecanismos de garantía restan también fuerza legal a este Estatuto.

En resumen, este proyecto de Estatuto no incluye ninguna de las aspiraciones y propuestas a favor de las que nos manifestamos el 18 de febrero pasado: no nos reconoce como nación, no se permite gestionar los propios recursos, no nos da derecho a decidir en los asuntos sociales más importantes y no se reconoce el derecho a la autodeterminación.

No queremos renunciar a unos objetivos de país ambiciosos y nos negamos a aceptar una nueva hipoteca que perpetue años y años la situación de subordinación sobre las generaciones que vienen. Debemos rechazar este Estatuto para evitar que este marco autonómico quedé congelado y el país vaya perdiendo poder de decisión y dinamismo respeto a las otras naciones europeas. El pueblo catalán se debe dotar de las herramientas legislativas necesarias para ser una nación libre y avanzada dentro Europa. Por ello, las ligeras mejoras que puede suponer este Estatuto respeto del vigente no son en absoluto el avance que necesita el país, y no corresponden al ritmo con el que avanza la sociedad catalana, que, en sus reivindicaciones, supera de largo este estrecho marco autonómico que establece el Estado español.

La Plataforma por el Derecho de Decidir continuará trabajando para un futuro escenario de autodeterminación, donde nos sean reconocidos nuestros derechos como pueblo y donde un verdadero proceso constituyente permita a los catalanes y a las catalanas decidir las normas que deben regir nuestra sociedad. Por ello, es necesario que demos un primer paso participando activamente en el referéndum y expresando de forma masiva el rechazo a este Estatuto. Ante los ataques y las amenazas antidemocráticas, y también ante las actitudes políticas serviles, el pueblo catalán debe demostrar coraje y firmeza en la defensa de sus derechos.

Porque somos una nación y tenemos el derecho de decidir

NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR, RECHACEMOS ESTE ESTATUTO

Plataforma pel Dret de Decidir
info@tenimeldretdedecidir.org
Tel. 93 444 38 00

* Traducción al castellano por redacción de corriente[a]lterna y Revolta Global.