Antonio Gómez Garreta *

Tras más de un año de negociaciones, el pasado 9 de mayo se firmó por parte de gobierno, patronal y sindicatos (CC OO y UGT) el llamado “Acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo”. 

Los contenidos principales del mismo, de forma resumida, son los siguientes:

• Extensión del contrato de fomento de la contratación indefinida (es el que tiene una indemnización por despido reducida a 33 días y un máximo de 24 mensualidades frente a los 45 días y 42 mensualidades del contrato indefinido ordinario) mediante la posibilidad de transformación de los contratos temporales celebrados hasta el 31 de diciembre de 2007.

•  Bonificación de la contratación indefinida, tanto con contrato ordinario como de fomento de empleo, ampliándose al colectivo de jóvenes de 16 a 30 años y abriendo un plazo de conversión bonificada de contratos temporales suscritos con anterioridad al uno de junio de 2006, hasta el 31 de diciembre de 2006. 
  

• Rebaja de las cotizaciones empresariales por desempleo del 0.5% (del 6% pasa al 5.5% en dos años), del 1% para las ETT (del 7.7% al 6.7%) y al Fondo de Garantía Salarial que se reduce a la mitad (FOGASA, del 0.4% al 0.2%).
  

• Limitación del encadenamiento de contratos temporales a dos o más contratos, con un total de 24 meses trabajados en un periodo de 30 meses, para la misma persona en el mismo puesto de trabajo.
  

• Mejora de las prestaciones del FOGASA y derecho al subsidio de desempleo para mayores de 45 años sin cargas familiares y mejora en la consideración de la Renta Activa de Inserción.

Tras la firma, aparentemente todas las partes están satisfechas. Sin embargo no pensamos que todas tengan razones para ello. Veamos. 

El gobierno consigue con el acuerdo una imagen de normalidad, de capacidad de gestión y, lo más valioso, el apoyo de los agentes sociales para su política. 

La patronal consigue continuar el abaratamiento del despido mediante la extensión del contrato de fomento y del traspaso al FOGASA de determinados costes del despido. Hay que señalar, sin embargo, que la reforma del despido (eliminar causas y facilitar procedimientos) ha quedado fuera de la reforma a pesar de estar recogida en el propio documento de gobierno. Pero la patronal consigue también mucho dinero, mediante bonificaciones a la contratación y por rebaja de las cotizaciones (sólo para 2006 están presupuestados 2.500 millones de euros). A la vista de las cuantías cabe hablar de redistribución de rentas a costa del trabajo y a favor del capital.    

Los sindicatos al inicio de la negociación se marcaron los objetivos de reducir la temporalidad, recuperar la causalidad en la contratación, controlar el encadenamiento de los contratos y regular la subcontratación. De los contenidos del texto del acuerdo se desprende  que ni siquiera se han acercado a algunos de aquellos.  

De hecho, en una circular interna de CC OO se reconoce que “debemos ser conscientes de que dejamos fuera de la negociación cuestiones muy relevantes, como la regulación del contrato de obra y servicio vinculada a las contratas o el establecer una responsabilidad solidaria en la cadena de subcontratación”. 

Las mejoras se reducen a la limitación en el encadenamiento de contratos, al subsidio de desempleo para los mayores de 45 y a las prestaciones del FOGASA. 

Respecto de la cuestión de la temporalidad, la realidad es que la limitación al encadenamiento es muy débil -misma persona y mismo puesto de trabajo-, pues la empresa dispone de dos años para decidir si hace fijo al trabajador temporal o si lo sustituye por otro contrato temporal a otra persona. Además, CC OO reconoce en su valoración que no han conseguido su aplicación retroactiva, por lo que el cómputo se inicia con el contrato actualmente en vigor. A cambio, se acepta el abaratamiento del despido con la apertura del nuevo proceso de contratación con despido con 33 días. Vistos los resultados de la implantación del contrato de fomento de la contratación indefinida en el 97, donde de una temporalidad del 33% y sin bajar en ningún momento del 30%, hemos llegado al 34% en 2006, la conclusión es que estamos ante más de lo mismo. El contrato de fomento, visto en perspectiva, no viene a sustituir a los contratos temporales sino a los indefinidos ordinarios. Todo apunta a que tras esta reforma laboral, la temporalidad va a continuar de forma similar a la actual. 

Como balance, desde una posición de izquierda, se puede concluir en que esta reforma laboral ahonda en el modelo liberal ya conocido, no va a contribuir a reducir la precariedad, subvenciona con grandes cantidades de dinero a la patronal y supone el apoyo sindical a unas medidas del gobierno que tienen de progresista sólo la apariencia.  

A este respecto no conviene olvidar el intento de gobierno y patronal de facilitar las causas y procedimientos de despido. Y, aunque por esta vez no haya llegado a plasmarse, estamos seguros de que volverán a intentarlo en la próxima ocasión, ¡sin duda repitiendo el argumento de reducir la temporalidad!. Si a esto le añadimos que todo el proceso de negociación se ha llevado a cabo sin información ni debate ni participación alguna en la decisión por parte de los y las trabajadoras, la conclusión no puede ser sino negativa. 

Algunos pensarán que esta reforma es cosa menor, que podía haber sido peor. Tal vez todo siga, casi, como hasta ahora.  Pero es que ¡estamos muy mal!  En cualquier caso este acuerdo es un nuevo fracaso sindical y, sobre todo, una clara ocasión perdida, frente a un gobierno que se estrenaba, de cambiar el rumbo de las cosas en un sentido favorable a la clase trabajadora.    

Frente a esto, es necesario insistir en que para luchar contra la precariedad laboral hace falta levantar reivindicaciones mucho más ambiciosas, como la exigencia de reforma de la contratación temporal para acabar con los contratos a la carta y restablecer el principio de causalidad y la exigencia de reforma del despido, pero al revés, dando marcha atrás a las sucesivas reformas habidas, restableciendo condiciones más duras para el despido y devolviendo al trabajador o trabajadora el derecho a elegir entre indemnización o recuperación del puesto de trabajo, en los casos de despido improcedente. Y es imprescindible, además, contar para todo ello con la participación y la fuerza de los trabajadores y trabajadoras. Este sí sería un camino para cambiar las cosas. 

* Espacio Alternativo de Madrid