Decía Aristóteles que la determinación de lo bueno o lo malo siempre debe superar el juicio reflexivo de la deliberación, y, diríamos nosotros, una reflexión a la luz de la experiencia, una reflexión orientada a la práctica.

La aparición y consolidación de los sindicatos como herramienta institucional, de lucha, expresión y representación constituye un hito de la historia reciente. Este instrumento ha favorecido la participación e influencia de la clase trabajadora en los modelos sociolaborales y económicos. El interrogante que nos inquieta es si esa mayor influencia ha seguido la mejor orientación.

En su día su consolidación corporativa y concertadora se había valorado como una conquista, en tanto que la clase trabajadora podía intervenir sobre las relaciones laborales, en base a su reconocimiento en la relación con el capital. También el modelo sindical que se adoptó condujo al estrechamiento del margen de maniobra de transformación, pues supuso asimismo la adopción de concesiones para revalidar su reconocimiento y seguir fortaleciendo con recursos su organización, a costa de gran parte de sus aspiraciones sociopolíticas. Este es el principal lastre del que no se ha desprendido el sindicalismo mayoritario en nuestro país. El movimiento, según iba perdiendo fuelle, dio lugar a la organización corporativa, que tanto daba continuidad y consistencia a clásicas reivindicaciones, como iba racionalizando técnicamente su acción sindical, abandonando algunas otras. Declinó su trabajo de movilización de masas en otro tipo de intervención, basado en una negociación sofisticada en el marco de un selecto diálogo social entre cúpulas corporativas de actores opuestos, pero, en última instancia, complementarios. Se empezó a olvidar que para alcanzar buenos acuerdos no es suficiente que nos asista la razón, sino que es preciso estar ampliamente respaldados por la convicción y activismo de amplias y comprometidas bases en el proceso.

La naturaleza al tiempo vindicativa, con toda la energía originada en una clase social subordinada, ha adoptado la forma derivada del modelo de producción capitalista (los trabajadores y trabajadoras son empleados por capitalistas -en el ámbito del mercado como del Estado-). Los sindicatos son el contrapoder del sistema dentro de la hegemonía dominante. Es un contrapoder necesario para la clase trabajadora pero, ante su dualidad (producto de las contradicciones del capitalismo -el "padre"-, construcción del movimiento obrero -su "madre"-), parece que cada vez más trata de asistir al padre, poniendo a la madre a su servicio. Y se olvidó de los horizontes, que todo vástago habría de plantearse, de la emancipación. Esta estructura límite ha generado en el mundo sindical una práctica que ha sujetado las expectativas de su acción a unos cauces delimitados. Su suelo, y también a veces su pozo, la legalidad; su lastre: su dependencia económica, en forma excesiva, del Estado -cuando no el empotramiento en su aparato-; su techo: las aspiraciones de justicia que chocan con las normas del orden social vigente y que necesariamente nos exigen una actitud transformadora ante el conflicto. Nunca jamás estuvimos tan por debajo del suelo, y posiblemente el peso, que nos zambulle en este pozo, radique en aquel lastre señalado.

Este es el punto de partida para el análisis de la actual reforma laboral y el examen de la actitud de los sindicatos mayoritarios: ni se ha perseguido el respaldo y participación de sus miembros de base, y, a excepción de algunas medidas condicionalmente interesantes, en la práctica las medidas propuestas no compensan las agresiones principales de la reforma, y se han aceptado sin más porque en el fondo se comparte la interpretación del adversario sobre sus bondades.

En otros momentos ya pasó algo parecido. En su día, obsesionados por la creación de empleo ante un exceso de paro, se establecieron las condiciones para reducir el desempleo, pero a costa de la calidad del empleo generado. Ahora, razonablemente preocupados por la precariedad -entendida reductivamente como tasa de temporalidad, cuando es un fenómeno mucho más complejo-, no hay mejor ocurrencia que deteriorar los derechos del empleo indefinido (bajo cuya figura contractual están la mayoría de los y las asalariadas). Es tan absurdo, como cuando los empresarios nos dicen que para la creación de empleo no hay cosa mejor que facilitar el despido.

En este caso, así, a pesar de que algunos objetivos sindicales eran adecuados (la lucha contra la inestabilidad laboral) sin embargo su modo de alcanzarlos participa en demasía del absurdo y perverso discurso neoliberal. Una vez más, se acepta una extravagante transacción. Esta se traduce en buscar las condiciones para bajar las estadísticas de temporalidad (y seguramente en escasa magnitud), a costa de quebrar los pocos derechos que daban estabilidad a los empleados indefinidos, generalizando la inestabilidad, y regalar ingentes subvenciones y abaratamientos injustificados de cotizaciones a la seguridad social. Luego dirán que hay problemas para financiar el sistema de protección social o que el Servicio Público de Empleo o la Inspección de trabajo no funcionan debidamente. No olvidemos que esta reforma se jacta de continuar el espíritu de la de 1997. A fines de 2005, la tasa de temporalidad alcanza un valor preocupante del 33,7%, lo que es un valor que nos devuelve a una situación peor que la de 1997.

La evaluación de cualquier reforma laboral debe partir de la existencia de que hay diversos criterios para baremarla, lo que exige saber distinguirlos y escogerlos debidamente antes de precipitar una valoración.

En torno a un hecho de la trascendencia de una reforma laboral puede producirse una envoltura impresionista que anime a la confusión, si nos planteamos interpretarla. Es preciso prevenirnos de esta tentación.

En este sentido, un primer punto de referencia al uso son las expectativas iniciales con las que se comenzó la disputa y la negociación entre las partes. Las promesas y los fantasmas podrán alterar la valoración del resultado. Por ejemplo, el adversario podrá haber anticipado globos sondas, con propuestas distractoras, o a veces amenazantes, o seguir una línea de "órdagos y faroles" que conviertan una medida en principio rechazable en aceptable, merced a la desaparición de las medidas más extremas. Esto es lo que sucedió con las amenazas iniciales que suponían la propuestas de patronal y gobierno -de diferente intensidad- como eran los contratos para subcontratas con indemnización por despido creciente gradualmente en el tiempo (pero siempre en niveles menores a los actuales) y el despido automático, o la generalización absoluta del abaratamiento del despido. Algunos pueden sentirse satisfechos porque se han retirado estas amenazas. Pero eso no debería justificar que se afirme que lo que ha quedado sea bueno.

O bien partir de unas bajas expectativas de consecución de logros, o incluso esperar retrocesos, para luego al obtener algo que, comparado con aquello menos malo, pueda presentar las medidas, de esta manera, como algo positivo. En el proceso de negociación que culmina en la reforma laboral de este mes de Mayo de 2006, hubo numerosos gestos de "irse al monte" por parte de la patronal, movimientos que invitaban a pensar que no era esperable ningún cambio, y diferentes propuestas gubernamentales que, al mostrarse en un lugar intermedio -más una impostura que una mediación-, parecía ofrecer un halo de razonabilidad a sus propuestas. El juego impresionista de las expectativas siempre es mal consejero, por basarse en un relativismo basado en promesas, amenazas y fantasmas que pueden impedir o inhibir propuestas avanzadas y distorsionar un necesario análisis sereno, cuidado y riguroso del resultado real y de su significado final.

Ciertamente, una de las principales crisis del vigente sindicalismo -que podríamos denominar actualmente por adoptar un modelo "de concertación"- es haber disuelto -que no resuelto- el debate sobre el criterio y frontera en torno a qué reformas y acuerdos significan mejoras para las condiciones de vida, trabajo y empleo, y cuáles no. También se silencia la discusión sobre la dirección en cómo las reformas pueden influir en el cambio del modelo social, económico y laboral. A este respecto, prácticamente en los últimos treinta años, el modelo de acción y negociación sindical ha perdido la referencia del escenario de los avances, de la ofensiva, para refugiarse en un modelo de acción defensiva, en el mejor de los casos, resistencialista, presentando como enormes victorias simplemente el quedarse como se estaba o el haber perdido poco respecto a lo esperado. Pero, incluso, ese modelo de acción defensiva también se ve desplazado por un fatalismo derrotista que escoge entre lo malo y lo peor. Dicho fatalismo, suele obedecer a la asunción de los parámetros del adversario, a la asimilación del análisis neoliberal o socialiberal, y, por tanto, al tratar de conciliar intereses que son irreconciliables, sólo queda la opción de escoger el modo y tipo de derrota más aceptable socialmente posible, porque en ese esquema solo cabe favorecer al capital. Por no decir un modelo de acción en la que se prioriza el fortalecimiento de la organización, a la hora de valorar los acuerdos, pero que apenas se plantea hacia dónde quiere dirigir sus fuerzas, si al cambio social o a la propia reproducción sin más y el consiguiente empotramiento corporativo en el aparato del Estado.

De igual modo, muchas veces se nos presentan evaluaciones de reformas en base al análisis de medidas aisladas, sin encontrar un balance articulado de conjunto, y no siempre ligado a la situación económica, política y social general que permita ponderar su sentido práctico en un contexto histórico determinado. Es llamativa la forma de presentar públicamente la reforma: como la panacea contra la temporalidad. Y sin embargo, ni una palabra sobre el abaratamiento del despido, o de hasta qué punto y bajo qué condiciones las medidas podrán ser efectivas, y cuál será su repercusión general.

Ni que decir tiene, que una evaluación integral debe poner en relación las medidas de la reforma con el contexto en el que se ponen en ejecución, contemplando la evolución del crecimiento económico, los salarios y la distribución de la renta -así como de la riqueza-, los tipos de empleo existentes, la expresión del conflicto, etcétera). También exige comparar el antes y el después, vale decir, la sucesión de reformas y sus efectos, y el papel de la actual en ese recorrido. A este respecto, tenemos que recordar que, en la situación de crecimiento económico (desequilibrado)¹ coincide con un crecimiento real negativo de los salarios (mientras que en 2005 crecía la inflación un 3,7% los costes laborales lo hacían tan sólo un 2,63%²), y un retroceso de la masa salarial en el PIB³. Otro foco de precariedad, ¿no?.

Como balance, desde una posición de izquierda, se puede concluir que esta reforma laboral ahonda en el modelo liberal ya conocido, no va a contribuir a reducir la precariedad, subvenciona con grandes cantidades de dinero a la patronal y supone el apoyo sindical a unas medidas del gobierno que tienen de progresista sólo la apariencia.

Algunos pensarán que esta reforma es cosa menor, que podía haber sido peor. Tal vez todo siga, casi, como hasta ahora. Pero es que ¡estamos muy mal! En cualquier caso este acuerdo es un nuevo fracaso sindical y, sobre todo, una clara ocasión perdida, frente a un gobierno que se estrenaba, de cambiar el rumbo de las cosas en un sentido favorable a la clase trabajadora. *

Lo mas grave de la reforma es que siendo manifiestamente incapaz de reducir la gravísima precariedad laboral que sufrimos, es un acuerdo que nos asegura que nada mas allá van a hacer sindicatos y gobierno contra esa precariedad en los próximos años y que por tanto consolida el modelo neoliberal de relaciones laborales de paro y precariedad masivas que padecemos.

En todo caso los criterios idóneos para una organización de clase y transformadora han de partir de las siguientes referencias:

• La naturaleza de la desigualdad social, la brecha y relación entre clases sociales. El objetivo es reducir y eliminar dichas desigualdades.

• Que las reformas que uno apoye respondan a:

1. Que se mejoren o no empeoren las condiciones de vida, trabajo y empleo.

2. Que supongan reformas progresivas y, a ser posible, rupturistas, que tengan un papel cuestionador del sistema (por su papel didáctico para las masas, por las dificultades que interpone en el desarrollo de la relación capitalista manifestando las contradicciones de ésta), que contribuyan a superar el modelo socioeconómico y político existente.

3. La correlación de fuerzas, asumiendo la responsabilidad de hasta qué punto nosotros podemos influir en ella, movilizando, así como la orientación y dirección de nuestra fuerza social. Partir de la idea fuerza de que no basta, aunque pueda ser conveniente, con desarrollar una negociación sofisticada, técnicamente apoyada, sino que es necesario obtener un respaldo, una legitimidad, que no puede conseguirse sin una movilización en diversos planos (ideológica, informativa, de debate, de acciones de protesta y propuesta, etcétera) que impliquen una implicación y compromiso social con nuestras posiciones y una participación de nuestras bases sociales.

4. Que se tenga presente que cuando se pacta un acuerdo no sólo se consigue conquistas, sino que también se acepta compromisos de cumplir hasta aquello con lo que no está conforme.