Alex Callinicos

La marea de revueltas contra el neoliberalismo sigue creciendo. En Europa es más evidente en el caso de Francia. Hace apenas un año, la pensée unique neoliberal ha sufrido dos derrotas increíbles: en primer lugar, el triunfo del "No" de la izquierda en el referéndum por la constitución europea, y luego, la revuelta social contra la Ley de primer empleo (CPE), cuyo objetivo era limitar los derechos de los trabajadores jóvenes.

Pero estas victorias plantean un agudo reto a quienes se postulan como una alternativa al neoliberalismo. La antigua y agotada crítica contra del movimiento por otra globalización -que se opone al status quo, pero carece de un programa positivo propio- obtiene un nuevo mordiente cuando el movimiento logra victorias reales.

En el interior del movimiento se realizan algunos esfuerzos para enfrentar este reto. Por ejemplo, algunos activistas del movimiento altermondialiste que se inspiraron en el movimiento francés han lanzado un proyecto para redactar una Carta de Principios por Otra Europa, que sería una alternativa al Tratado Constitucional neoliberal. Luego de la conferencia celebrada en Florencia el pasado mes de noviembre, tuvo lugar un seminario sobre el tema en el Foro Social Europeo en Atenas.

Hasta el momento, los borradores de la carta no presentan controversias. Se concentran en lograr una extensión de los derechos humanos mediante una definición precisa de un conjunto de "derechos sociales comunes" que, por ejemplo, estarían en condiciones de proteger los servicios públicos para que no sean presa de la voracidad de ganancias que las corporaciones transnacionales ponen de manifiesto ante las políticas privatizadoras puestas en práctica por casi todos los gobiernos del mundo.

Es evidente que la carta pertenece al mundo ideológico de la democracia social de posguerra. En uno de sus trabajos clásicos, el sociólogo T.H.Marshall trazó un esquema sobre el modo en que se extendió el concepto de ciudadanía en las dos últimas décadas: desde los movimientos civiles (por ejemplo, la libertad personal y la propiedad privada), pasando por los derechos políticos (ante todo el sufragio universal) hasta los derechos sociales (por ejemplo, el empleo, las prestaciones de bienestar y la educación). Lo que intenta la "contrareforma neoliberal" es volver atrás ese proceso de ampliación de la ciudadanía mediante un recorte de los derechos sociales conquistados por el estado de bienestar de posguerra.

En este contexto es esencial la defensa de esos derechos, pero una cosa es defenderlos y otra muy distinta es imaginar que esa defensa, por sí misma, constituya una alternativa al neoliberalismo. El reinado del Consenso de Washington representa una versión pura y dura de la lógica misma del capital: todo puede ser convertido en un producto de consumo. Para negarlo es imprescindible introducir otro tipo de lógica social, pero la carta guarda silencio sobre cómo sea posible lograrlo.

<...> que permita a las personas y a los trabajadores tomar parte en el proceso de decisión en lo relativo a la organización, funcionamiento y diseño de los servicios públicos."

Esas retorcidas formulaciones no son simplemente el reflejo del modo en que la lengua inglesa suele ahora ponerse al servicio de un movimiento multilingüe, a fin de comunicarse interna y externamente. Detrás de la desconfianza ante las nacionalizaciones está el recuerdo de la propiedad que introdujeron el estado burocrático estalinista en el Este y la socialdemocracia en el Oeste. Aunque una influencia más inmediata ha sido la ideología del autonomismo que se resume en el título del famoso libro de John Holloway: Cambiar el mundo sin tomar el poder. Dicho con otras palabras, debemos olvidarnos del estado y es preciso intentar el desarrollo de alternativas locales al neoliberalismo.

Como estrategia general, la propuesta de Holloway es inútil. Y es igualmente inútil cuando se la confronta con los hechos. El pueblo boliviano desea revertir el proceso de privatización de los hidrocarburos. Y esto implica enfrentarse a la cuestión de qué ocurre con la industria de hidrocarburos que ha sido sustraída por Repsol YPF y por Petrobras. E inevitablemente esto nos pone frente al tema de la propiedad. Por lo pronto, no parece que hubiera una alternativa a la nacionalización (a lo sumo, Morales podría ser criticado porque le devuelve al estado el control de prácticamente el 100 por ciento de la propiedad)

El estado es una organización nacional que detenta el poder de coacción y la legitimidad política necesarias para llevar a cabo algo tan ambicioso como la recuperación de la industria de hidrocarburos. Más aún, esa legitimidad depende en gran medida de la capacidad del estado para responder a las demandas populares. Y por eso mismo, el estado está sujeto a presiones que surgen desde abajo -desde movimientos sociales de masas como los bolivianos-. Antes de ser presidente, el líder del Movimiento para el Socialismo, Evo Morales, en realidad se oponía a la demanda de nacionalización de la industria de hidrocarburos. La medida fue el resultado de la presión que ejercieron los movimientos que lo llevaron a la presidencia.

Pero esto no significa que debamos volver a cometer el viejo error de la socialdemocracia tradicional, e identificar al estado existente con la agencia más importante para el cambio social progresivo. Se trata de un estado capitalista que debe responder a las demandas populares pero que, sin embargo, abandonado a su inercia, mantendría la dominación del capital. Y con esa finalidad se organiza de una manera burocrática y jerárquica y, ante todo, intenta excluir la participación, la iniciativa y el control populares. Esta es la razón por la cual la tradición revolucionaria marxista siempre creyó que una revolución exitosa en contra del capital debía destruir ese estado y reemplazarlo por instituciones populares democráticas que permitieran el autogobierno de los trabajadores.

De modo que la nacionalización, por sí misma, no es suficiente. No altera el significado de lo que ocurrió en Bolivia. Luego de décadas de venta de activos públicos para lograr ganancias privadas, la revuelta popular contra el neoliberalismo forzó al gobierno a que les devolviera algo, y no cualquier cosa, como se puso de manifiesto por los gritos desesperados de los grupos políticos y económicos de poder, cuando Morales incautó la industria de gas y petróleo.

Esta experiencia confirma las observaciones de Antoine Artous, de la LCR francesa:

"No veo cómo nos sería posible alcanzar una dinámica de transformación social, si no destruyéramos de inmediato, o al menos modificáramos profundamente, ciertas relaciones de propiedad." Y continúa diciendo que la nacionalización no es suficiente. "Todo el concepto de apropiación social no puede ser reducido a una simple transferencia legal de títulos de propiedad. Supone un cuestionamiento completo de la división capitalista del trabajo (la organización jerárquica de la producción) y su substitución por formas cooperativas de producción."

<...> también es necesario hablar de planificación. A partir de 1930,, la planificación se ha identificado con las economías burocráticamente organizadas de la Unión Soviética y sus estados clientes. Durante el tiempo de su florecimiento, la planificación tuvo un gran prestigio y, por ejemplo, incluso fue copiada por estados poscoloniales como la India. La caída de la USSR produjo un total descrédito de la planificación y sirvió para legitimar al neoliberalismo. La ortodoxia económica reinante oculta sistemáticamente que, hasta cierto punto, algunas de las economías más exitosas del mundo contemporáneo -China y Corea del Sur- han dependido de intervenciones del estado.

La reacción contra de la planificación significó que incluso aquellos que buscan alternativas al capitalismo como tal,creen que es inevitable algún tipo de economía de mercado. Esto es muy obvio en los defensores del socialismo de mercado como David Miller y el economista John Roemer. Las cooperativas de propiedad colectiva compiten para vender sus productos en el mercado. Incluso el filósofo marxista Tony Smith, argumenta en su nuevo libro Globalisation: a Systematic Marxian Account, que podría ser posible democratizar el mercado.

El problema fundamental de este tipo de estrategia es que la característica necesaria de toda economía de mercado es la competición. Para decirlo de una forma un poco más técnica, en una economía de mercado la distribución de recursos es un resultado no intencionado de la competición entre las empresas que conjunta pero no colectivamente controlan la economía. En otras palabras, la parte de recursos que le corresponde a cada empresa depende de su éxito en vender los bienes o servicios en el mercado. No hay una decisión colectiva de la sociedad en su totalidad sobre cómo deben ser distribuidos los recursos. Si una firma fracasa en la competición, pierde su cuota de recursos y se va a la quiebra. De modo que las unidades individuales en una economía de mercado soportan una presión constante para bajar sus costos de producción y, de este modo, reducir los precios de los productos y ser competitivos.

Por definición, este tipo de arreglos no pueden ser organizados democráticamente en el plano de la economía global, porque no hay decisiones colectivas sobre la asignación de recursos, democráticas o de cualquier tipo. Y también es muy difícil sostener organizaciones democráticas dentro de las empresas individuales. Michael Albert, de ZNet, lo explica de un modo muy claro. Sugiere que imaginemos una empresa controlada por los trabajadores, organizada sobre bases democráticas e igualitarias, pero que no logra vender sus productos. ¿Qué harían sus trabajadores?

En este contexto, y suponiendo que no quieren la bancarrota, tienen dos grandes opciones. Pueden optar por reducir sus propios sueldos, por empeorar sus propias condiciones laborales, y aumentar sus propios niveles de trabajo, cosa que significaría una estrategia alienante y no están ni emocional ni psicológicamente preparados para enfrentarla. O, pueden contratar especialistas para que se encarguen de bajar los costos y de diseñar políticas que aumenten la producción, y al mismo tiempo estén protegidos frente a los posibles efectos adversos de sus políticas. En la práctica y de un modo muy predecible, lo que ocurre es lo último. Los mercados tienen una presión incorporada para organizar la fuerza de trabajo en dos grupos: una gran mayoría que obedece y una pequeña minoría que toma decisiones, que goza de mayores ingresos, poder y protección frente a los posibles efectos adversos de las decisiones de reducción de costos que impondrán en los demás

Por tanto, la lógica de la economía de mercado tiende a socavar y eventualmente a colonizar cualquier isla de democracia e igualdad que pudiera emerger en su interior. Y esto significa que los socialistas que, como Roemer o Smith, creen que es posible democratizar el mercado se enfrenten con un dilema. O bien imponer toda suerte de restricciones al mercado para impedir que erosione la democracia, en cuyo caso cualquier economía construida en base a los principios que proponen es muy posible que colapse, dado que impide que opere correctamente la lógica de la competición, o, si quieren estar seguros de que la lógica de la competición sea operativa, destruir los ideales que están tratando de llevar a cabo.

La consecuencia es que ninguna alternativa sostenible puede estar fundada en el mercado, sino en una planificación democrática. Hay algunos modelos de cómo esto podría funcionar. Uno de ellos es el Parecon de Albert, o economía participativa. Este modelo supone una economía de consejos de trabajadores y consumidores en los que los individuos y las empresas elaboran propuestas de su propia participación en los recursos sociales. Entonces se inicia un proceso de ajustes graduales (Albert lo denomina "iteración") hasta que los expertos técnicos proponen un plan que daría a cada uno la mayor cantidad posible de lo que desea.

La mayor debilidad de este modelo es que se parece demasiado al modo como opera una economía de mercado en la que los reclamos sobre los recursos son fruto de demandas individuales. Albert es un anarquista y su compromiso con la descentralización lo lleva aquí demasiado lejos. La distribución de los recursos sociales no es una cuestión técnica neutral. Es una cuestión política que requiere algún tipo de proceso de toma de decisión colectivo y democrático, que permita elegir entre lo que comúnmente son visiones distintas sobre las prioridades de una sociedad.

Desde esta perspectiva, el economista británico de izquierda Pat Levine ofrece un modelo superior que denomina coordinación negociada. En este caso, la distribución de recursos es, en gran medida, el resultado de discusiones entre los productores, los consumidores y otros grupos afectados, pero del marco de las decisiones generales sobre las prioridades económicas realizadas de manera democrática en el plano nacional e internacional.

Es evidente que hay mucho más para decir y, ante todo, para hacer en relación con la planificación democrática. A pesar de ello, trabajos como los de Albert, Levine y otros son importantes porque rompen con el prejuicio contrario a la planificación y porque realizan un bosquejo sobre el modo en que operaría una economía que rechazara el mercado, pero fuera, al mismo tiempo, democrática y eficiente.

<...> Grandes sectores permanecerían en manos privadas. Sería necesaria una presión continua y la introducción de nuevas medidas para que la economía como un todo se moviera hacia los principios de la planificación democrática. Un paso decisivo sería debilitar el poder del mercado laboral capitalista, que actualmente regula nuestras vidas.

En mi opinión, el mejor modo de hacerlo sería introducir un ingreso directo universal, una renta básica de ciudadanía o residencia. Con otras palabras, cualquier residente del país recibiría, tendría derecho a recibir un ingreso que cubriera sus necesidades básicas en un nivel relativamente bajo pero, no obstante, decente. Esto serviría para dos cosas. En primer lugar, aseguraría un nivel básico de bienestar para todos y lo haría de un modo más eficiente que los sistemas de bienestar social existentes. Las personas que tienen necesidades mayores, porque tienen hijos, porque son discapacitadas o por lo que sea, recibirían un ingreso básico mayor.

En segundo lugar, al tener asegurado un ingreso básico, las personas verían reducida en forma considerable la presión de aceptar cualquier tipo de trabajo que ofreciera el mercado laboral. Esto permitiría eliminar uno de los supuestos básicos del capitalismo -que los trabajadores no tienen otra alternativa aceptable que no sea el trabajo asalariado-. El balance de poder entre el trabajo y el capital estaría del lado de los trabajadores, independientemente de la naturaleza de sus empleadores.

En un sentido más general, la cuestión del poder es crucial. El tipo de propuesta de cambio que acabo de bosquejar se enfrenta con un desafío obvio, que consiste en asegurar que la dirección del cambio irá hacia una economía democráticamente planificada, en lugar de volver a un capitalismo de mercado o quizás al tipo de capitalismo de estado que terminó imperando en la Unión Soviética. La única garantía que cuenta es que los instrumentos de poder político estén en manos de los mismos trabajadores.

En la medida en que los estados toman la forma que tienen actualmente, esto es, un conjunto de aparatos burocráticos jerárquicamente organizados en los que los intereses de los dirigentes coinciden con los del capital, cualquier mejora de la sociedad será sólo temporal y frágil. Por eso la estrategia de ignorar el estado que proponen Holloway y algunos otros es tan necia. Si tenemos que acercarnos a una economía democráticamente planificada, entonces debemos enfrentarnos a y disolver el estado actual.

Esta meta solo podría alcanzarse mediante el desarrollo de un tipo diferente de poder, fundado en la auto-organización de los trabajadores y de otras personas pobres que luchan contra el capital. Los grandes movimientos revolucionarios del siglo XX nos permiten vislumbrar ese poder - desde los consejos de trabajadores y soldados de la Revolución rusa de octubre de 1917 hasta las shoras de los trabajadores durante la Revolución iraní de 1978-9-. La autoorganización que mostró el movimiento popular boliviano durante las insurrecciones de octubre de 2003 y mayo-junio de 2005 mostró que los movimientos actuales contra el neoliberalismo también están en condiciones de generar ese tipo de poder.

Una economía democráticamente planificada podría ser una sociedad autogestionada, una sociedad en la cual los consejos de trabajo elegidos de forma directa y de vecinos tomaran la responsabilidad de sus propios asuntos y se unieran para decidir sobre temas de la sociedad entera. La idea crucial que tuvo Marx durante la Comuna de París de 1871 fue que esas formas de organización deberían desarrollarse antes que se creara una nueva sociedad, en el proceso de lucha contra la vieja sociedad. Los mismos métodos de autoorganización que constituirían la base de una sociedad autogestionada son los que necesitan los explotados y oprimidos para resistir y, en última instancia, derrotar al mismo capital.

Esto podría parecer una propuesta desmesurada, pero la globalización del capital produjo una globalización de la resistencia. Las luchas en distintos lugares del mundo se contagian mutiamente. Chiapas y Seattle produjeron réplicas globales. La gran lucha en contra del CPE en Francia ayudó e inspiró a los movimientos estudiantiles griegos que acaban de derrocar el gobierno de derecha. Los movimientos en América Latina se han convertido en el faro que guía a todos los que luchan contra el neoliberalismo.

Aún estamos muy lejos de derrotar al capitalismo incluso en un país. Pero la resistencia mundial frente al mercado incontrolado no es sólo una forma de poner en agenda la idea de una alternativa al capitalismo. También es una forma de ayudar a crear las condiciones para que esa alternativa triunfe.

09/07/06