La pasión privatizadora forma parte del núcleo duro del dogma neoliberal que profesan ciegamente los gobiernos conservadores y presuntamente de izquierda del mundo. Ellos la llaman 'liberalización' y dicen que busca la jaleada reducción del tamaño del Estado en beneficio del individuo. Olvidan, o no quieren saber, que los riesgos y peligros de prepotencia del Estado frente el individuo se conjuran profundizando en la democracia, que es bastante más que votar. Y abundando en la defensa de los derechos humanos. Y nos gustaría que nos dijeran por qué insisten en llamar 'liberalización' (palabra positiva, que suena bien) a lo que es pura venta de la propiedad de los ciudadanos a individuos o grupos privados.
El Gobierno británico invertirá 38.000 millones de dólares en la reflotación de la red ferroviaria, que dirigirá y gestionará Network Rail, empresa sin ánimo de lucro creada para ese fin. El Gobierno de Blair ha tomado esta decisión tras el estrepitoso fracaso de los ferrocarriles privatizados por John Major en 1996. Esta privatización supuso la pérdida de buen servicio y puntualidad; en el ejercicio 1998-99, los ciudadanos británicos presentaron más de medio millón de quejas contra los privatizados ferrocarriles. Además, esa privatización ha significado desde 1996 numerosos errores, fallos de seguridad y accidentes que han costado 64 muertos y 659 heridos.
Autista ante las experiencias que debieran servir de ejemplo, el gobierno español pretende la privatización de la empresa Renfe, dentro del marco de su política neolioberal. El pasado 25 de octubre tuvo lugar en Zaragoza una manifestación en defensa del ferrocarril público a la que asistieron 15.000 personas. Reproducimos por su interés el Manifiesto de convocatoria de la misma.
Por un ferrocarril público y social, seguro y sostenible
En los últimos años hemos asistido a una evolución de la política de transportes totalmente desfavorable al ferrocarril convencional, fundamentada en una apuesta desmesurada hacia el transporte por carretera y con una clara orientación hacia la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Desde el Ministerio de Fomento se pretende disfrazar como impulso al ferrocarril la creación de infraestructuras paralelas a las que están en funcionamiento, exclusivas para la alta velocidad, al tiempo que constantemente se cierran líneas, estaciones y talleres, y se eliminan servicios. La red ferroviaria está sufriendo, a consecuencia del carácter secundario que deliberadamente se está otorgando al ferrocarril, una constante disminución; los ciudadanos se están viendo privados de un servicio público y de un elemento fundamental de integración.
La construcción de líneas de alta velocidad está siendo el objetivo exclusivo y excluyente de la política ferroviaria del Gobierno del PP. Al tiempo que se invierten enormes cantidades de fondos públicos en las líneas AVE, a pesar de su baja rentabilidad social y de su grave y negativo impacto ambiental y territorial, se está dejando morir, anémico de inversiones, al ferrocarril convencional, olvidando sus claras ventajas sociales, ambientales y energéticas.
El ferrocarril debe seguir siendo un servicio público de propiedad pública, fomentando su utilización como medio prioritario de transporte, que integre en sus cuentas el ahorro en costes externos, de los que el usuario debe beneficiarse mediante servicios adecuados y tarifas asequibles. El ferrocarril debe garantizar una total accesibilidad, y promover la utilización conjunta de otros medios de transporte ecológicos como la bicicleta.
Una prueba clave en el proceso de degradación del ferrocarril es la constante pérdida de empleo y la creciente precarización laboral. En los últimos años se han perdido en RENFE más de 37.000 puestos de trabajo, lo que ha generado la privatización y el cierre de numerosos centros de trabajo y la desaparición de múltiples servicios. Esta situación llega al límite con el actual Expediente de Despido Colectivo, que supone la destrucción de otros 1.500 empleos. El objetivo de esta nueva regulación es profundizar en las condiciones para la privatización, agravando la situación de deterioro del ferrocarril, haciendo peligrar su viabilidad y afectando de forma directa a la seguridad del transporte ferroviario.
Los numerosos accidentes ocurridos en los últimos meses son el resultado de años de abandono y consecuencia directa de la reducción de plantilla, al no contar las empresas ferroviarias ni con las partidas presupuestarias para mejorar las instalaciones de seguridad, ni con el personal suficiente para garantizar la seguridad en la circulación, mantener la infraestructura y el material motor en condiciones óptimas de seguridad. El Gobierno del PP pretende imponer la privatización del ferrocarril, siguiendo el fracasado modelo británico, mediante una Ley del Sector Ferroviario cuya base es la segregación de las empresas ferroviarias, la división posterior en numerosas empresas operadoras privadas y el cierre de las líneas en las que el capital privado no tenga un interés específico. Las consecuencias son la profundización en el abandono del ferrocarril convencional, la desaparición del carácter público y social del ferrocarril y una drástica merma de la seguridad. El Gobierno ha hurtado a la sociedad el debate sobre el futuro del ferrocarril, imponiendo el rodillo de su mayoría absoluta para hacer valer un proyecto rechazado de forma unánime por organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y partidos políticos. Esta situación se produce, además, en un momento en el que están fracasando de manera evidente todas las medidas liberalizadoras, incluso las más tímidas, que se están llevando a cabo en los diversos ferrocarriles comunitarios.
El ferrocarril debe garantizar la seguridad por encima de cualquier otro criterio, para lo que es imprescindible mantener el concepto de empresa integrada con empleo estable y un marco laboral común, con adecuados niveles de inversión. Los/as ciudadanos/as, al mismo tiempo usuarios y propietarios del ferrocarril, debemos participar activa y directamente en las decisiones que conciernan a un ferrocarril que es un patrimonio colectivo y que debe estar al servicio de la comunidad. Las organizaciones sociales y ciudadanas tenemos el deber de manifestar, de forma contundente, el rechazo a una política de transportes guiada por intereses económicos particulares, insostenible y contraria a los intereses de la sociedad.
Denunciamos el lamentable estado en el que se encuentra la mayor parte de nuestra red ferroviaria y exigimos la potenciación y mejora del ferrocarril por sus indudables ventajas ambientales, económicas y sociales Reiteramos nuestra total oposición a la construcción de nuevas líneas exclusivas para la alta velocidad (AVE) y la progresiva implantación de una doble red ferroviaria Reclamamos la apertura de un debate riguroso y transparente sobre el futuro del ferrocarril que analice su situación actual y proponga soluciones a las necesidades reales de la sociedad Exigimos el mantenimiento del ferrocarril como servicio público de titularidad pública Nos oponemos al proyecto de segregación y privatización del ferrocarril y al Proyecto de Ley del Sector Ferroviario presentado por el Gobierno del PP.
Las organizaciones que suscribimos el presente Manifiesto hacemos un llamamiento a participar en la Manifestación en defensa de un ferrocarril sostenible y seguro, público y social, que tendrá lugar el próximo día 25 de octubre, en Zaragoza.
