Por Javier Gutiérrez
Los acontecimientos ocurridos en la Comunidad de Madrid tras las elecciones de Mayo han llevado al primer plano de la actualidad los asuntos urbanísticos y, relacionados con ellos, los problemas de la mayor parte de las personas para acceder a una vivienda. Creo que este tipo de problemas no son particulares de la comunidad madrileña aunque allí se presenten con mayor virulencia. Por tanto, es posible una reflexión general sobre los mismos.
Las propuestas urbanísticas están bien delimitadas en el campo teórico de la izquierda con sensibilidad ambiental. Diversas razones están detrás de la aspiración a controlar y delimitar, desde los ayuntamientos, la forma de los municipios. Por democracia, ya que los representantes municipales elegidos deben tener capacidad para decidir el tamaño de su municipio y sus oportunidades de crecimiento. Por respeto a la sostenibilidad ambiental, ya que los municipios compactos están mejor preparados para preservar su capital natural. Y por nuestra defensa de siempre de la igualdad, ya que los equipamientos sociales pueden llegar más fácilmente a todos los ciudadanos y utilizarse mejor. Pero muchas veces falla el pulso cuando se está en los Ayuntamientos.
Es difícil delimitar un crecimiento razonable de los municipios que deje fuera del proceso del proceso de urbanización a muchos terrenos de los alrededores. Las presiones son variadas. Las innombrables, pero reales, las de los propietarios de suelo. Las atendibles, las de aquellos barrios que quieren mejorar sus dotaciones con la urbanización de los terrenos colindantes. En todas las revisiones del planeamiento el gran debate debe ser el del crecimiento del municipio y hay que tener decisión y buscar el apoyo social necesario para evitar actuaciones desmesuradas. La práctica generalizada de los últimos años ha sido justamente la contraria. El suelo urbanizable incorporado al mercado ha crecido espectacularmente. Los municipios van a sufrir, inevitablemente, mayores problemas ambientales a pesar de la proliferación de Agendas 21 locales y un crecimiento importante de sus costes de funcionamiento si pretenden evitar mayor segregación social.
Este desmesurado proceso urbanizador ha servido, también y por desgracia, para zanjar, por la vía de la "contundencia de los hechos", el debate que abrieron, hace unos años, los liberales recalcitrantes. A saber, que sólo podía controlarse el precio de las viviendas liberalizando el mercado de suelo. Varios años después de las reformas legislativas de la derecha nos encontramos con las viviendas "por las nubes" y, por tanto, lejos del alcance de los bolsillos de la inmensa mayoría. Buena ocasión para pensar en las políticas de vivienda que están defendiendo y poniendo en marcha, donde se puede, las formaciones a la izquierda del Partido Popular.
En muchas ocasiones se nos ha recordado que la mejor legislación de suelo y vivienda vigente en años precedentes ha sido heredera de la vieja legislación franquista en la materia. Bastante de cierto hay en los instrumentos legislativos, pero seguramente es más cierto que la "gran continuidad" es la que se refiere a la aspiración social por la propiedad de la vivienda. A hacerla más fácil y asequible es hacia dónde se ha dirigido principalmente la práctica de la izquierda. Tras varias décadas de actuaciones de ese tipo podemos decir que, desde un punto de vista simplemente de izquierdas, esa política tiene más agujeros que un queso "gruyère" y que épocas como la actual, que podemos calificar como de "festín de las plusvalías" son las que mejor ponen a prueba la corrección de las actuaciones.
Las buenas intenciones de la izquierda en los ayuntamientos y el marco restrictivo de la legislación estatal y autonómica están detrás de la propiedad como forma dominante de las políticas públicas pero éstas son cada vez menos eficaces para facilitar el acceso a una vivienda digna. Se suele culpar al afán recaudador de los municipios de la situación aunque las causas son más generales y tienen que ver con muchos comportamientos. Cuando no hay subastas puras y entran en juego las diversas formas de facilitar la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de ayuda pública nos encontramos con prácticas generalizadas de dudosa moralidad, incluso cuando las cosas se hacen aparentemente bien.
El dinero negro corre por todos los ámbitos. Las empresas que logran suelo público barato piden varios millones en negro a los aspirantes para adjudicarles el piso. Los adjudicatarios que, por las razones que sea, venden, lo hacen, casi siempre, pidiendo dinero negro. La profesión de "gestor social" de viviendas se ha convertido en un lucrativo negocio en el que el único mérito es tener buenos contactos políticos para lograr la adjudicación de suelo. Las "cooperativas naturales" sin gestores profesionales prácticamente no existen. La adjudicación de la vivienda, con todas las ventajas que comporta, se realiza, en el mejor de los casos, en función de las condiciones económicas de ese año y tiene efectos duraderos en el tiempo. No parece razonable seguir gozando de las ventajas cuando la situación económica ha mejorado sensiblemente. La política fiscal favorece el "ladrillo nuevo" de tal forma que, según dicen los que entienden de asuntos fiscales, la mejor inversión es cambiar de vivienda varias veces a lo largo de la vida.
Hay que cambiar el rumbo y quedan pocos caminos. Creo que sólo dos son dignos de calificarse de izquierdas. El primero, parques públicos de vivienda en alquiler donde el pago del mismo sea realmente asequible y se realice en función de la situación económica de cada año. Al menos el 50% del suelo público debe destinarse, en una primera etapa. a este menester. El segundo, mantener la política de propiedad en el suelo restante pero reorientando la misma hacia las formas más baratas de la promoción con ayuda pública y controlando totalmente las listas de adjudicatarios los Ayuntamientos. Luego habrá que aumentar el alquiler hasta lograr que sea la opción dominante en todos los municipios. Seguro que el golpe a la espiral alcista de los precios sería muy importante.
