...que se ha ido creando alrededor de la recuperación

Antonio Arnau

Del "queremos saber" al "recuérdalo tú y recuérdalo a otros". (Luis Cernuda).

El impulso democrático avivado al calor de lo sucedido ente el 11-M y el 14-M y las expectativas surgidas entorno a "una segunda transición", una vez desalojado el PP del Gobierno del Estado, también dieron renovada vida al movimiento social por la República y, más novedosamente, aportaron expectativas de romper el silencio a los colectivos que trabajan por la recuperación de la memoria histórica, dándoles una nueva dimensión y la esperanza real de acabar con el olvido y la impunidad. Esperanzas que han estado recibiendo mentirosos guiños cómplices por parte del PSOE, además de promesas explícitas de recoger buena parte de sus aspiraciones en una Ley de la Memoria, que debería cerrar este "año de la Memoria" proclamado por las Cortes, poniendo el broche al doble aniversario de los 75 años de la proclamación de la República y los 70 de la sublevación militar que desencadeno la Guerra Civil.

Esta larga gestación ha concluido en aborto, porque el gobierno socialista a vuelto a claudicar ante la bronca derecha, dejando insatisfechas las aspiraciones y reivindicaciones básicas que debía solventar esta Ley. Tampoco aquí, como en las reformas estatutarias o constitucional, se producirá una "segunda transición" que supere las limitaciones y claudicaciones de la primera, y seguirá siendo el español un caso atípico de impunidad tras la salida de una criminal dictadura y desconocimiento de la magnitud de sus crímenes.

La frustración y desencanto con que han recibido las asociaciones por la Memoria esta Ley, a la que unánimemente se oponen, es fruto de la deliberadamente engañosa forma con que el Gobierno ha alimentado las esperanzas de este movimiento en sus declaraciones, que habían llegado a hacer que se pensase que ahora si, por fin, era el momento histórico de terminar con el olvido, de saber la verdad de las realidades silenciadas, de llamar asesino al que mata y, de que las víctimas fueran nombradas y ocupasen el lugar que les corresponde en la Historia personal y colectiva. No será así, y el pacto de silencio del 77 será de alguna manera renovado, la verdad de los crímenes contra la humanidad, el reconocimiento a los que sufrieron las represalias, y el fin de la impunidad, costaran de arrancar a una clase política que aún apela al "espíritu de concordia de la transición", instalada en la falacia de los dos bandos y el todos y todas sufrieron abusos.

En noviembre se producirá el debate parlamentario, pocas dudas y menos esperanzas quedan ya sobre el resultado anunciado, las enmiendas a la totalidad de ERC y IU-IC y la frontal oposición de "oficio" del PP, serán contrarrestadas por el apoyo básico de las derechas nacionalistas, con solo algún regateo sobre las "compensaciones" a los "partidos" (PNV) sobre sus patrimonios incautados. Esta conclusión cuenta ya con el rechazo unánime de todas las organizaciones republicanas y de la Memoria, que con más o menos rabia e indignación, constatan al unísono que esta Ley no sirve siquiera para "gestionar" los problemas concretos y, menos aún, para satisfacer la demanda social alrededor de las expectativas creadas sobre el fin de la impunidad y la nulidad de los juicios franquistas

Seguiremos con un Estado de Derecho insuficiente y la rémora de una transición incompleta en el poder judicial, que -pudiendo hacerlo- evita asumir la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos y asumir la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad, así como investigar las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales y las inhumaciones ilegales. Una Justicia refugiada en el formalismo jurídico para dificultar administrativamente cualquier revisión, que pretende seguir dejando de lado Verdad y Reparación, dando por buena la legalidad franquista, por mucho que sus actuaciones fueran contrarias a nuestros actuales preceptos constitucionales y los convenios internacionales firmados.

La lista de agravios de esta Ley, que -seguramente desde su principio cuando Ramón Jáuregui la propuso- solo trata de satisfacer su compromiso con la Cámara, es incluso más larga que el nombre tras el que se oculta, lo que debió ser simple y efectivamente Ley de la Memoria es ahora "Anteproyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura".

El primer rechazo lo produce la "neutralidad" de un lenguaje, que no trata de disimular la equiparación efectiva que hace entre fascistas y demócratas, ambos bandos con victimas, sin que pueda importar para el espíritu conciliatorio que, unas fueron las silenciadas víctimas defensoras de la legalidad democrática, que sufrieron represalias y exclusión, mientras que las otras apoyaron un golpe militar que, con el apoyo del fascismo europeo, masacro genocidamente a un pueblo para extirpar la idea de Libertad, recibiendo por ello -durante cuarenta años- todo tipo de privilegios, bienes y honores.

El segundo es la subversión del derecho de los ciudadanos a saber y la obligación del Estado de recordar, su concreta obligación de recuperación de la memoria social, política e histórica de las víctimas del franquismo, que se contempla como un "derecho individual a la memoria personal y familiar" y no colectivo, individualización de los crímenes que los pretende dejar fuera de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad, por definición colectivos. Incluso con los desaparecidos, serán "los familiares interesados" los que podrán buscar su paradero, y se les facilitara la tarea de identificación si así lo solicitan, se elude la responsabilidad del Estado en la investigación y exhumación, la necesidad de seguir procedimientos y normas forenses derivadas de las obligaciones Internacionales.

Aunque, sin duda, el tema central esta en la no-anulación de los juicios (1) sumadísimos y sus sentencias, el mantener la ilegalidad franquista apelando a una supuesta "seguridad jurídica", que es defendida por hijos y nietos de represores, frente al criterio de magistrados demócratas de prestigio como Martín Pallin o Jiménez Villarejo. Esa es la principal humillación, la que niega la justicia y la reparación por una supuesta juridicidad que nunca puede ser contradictoria con derechos fundamentales universales, ni admitir como límite a nuestra democracia la legalidad formal del franquismo.

¿Finalmente que se pretende?, por ejemplo, a Lluís Companys, presidente legitimo de Cataluña fusilado por el hecho de serlo, por el delito de rebelión militar tras ser extraditado por la Gestapo, ¿queremos rehabilitarlo mediante una simbólica declaración "personal" en el BOE, avalada por cinco personas designadas por el Parlamento según su correlación de fuerzas y votos?, ... parece absurdamente indigno no anular el proceso; pero después de ver tachada la palabra "injusta" en el anteproyecto de la Ley, cuando hablaba de la "represión de la Dictadura", podría ser la lógica. Al franquismo ya lo "condeno" la ONU por "su origen y naturaleza fascista alineado con el Eje", habrán pensado que no resulta original repetirse. Mientras la derecha se debe estar riendo, tras la careta de fiera con que asusta al Gobierno, por mantener las preconstitucionales amnistiás del 76 y 77, todo sea por los camaradas Fraga y Martín Villa.

Por supuesto hay más cosas que golpean sensibilidades, las de los golpeados de siempre se entiende, como que finalmente ni siquiera se atrevan a pedir a los ayuntamientos la retirada de toda simbología de la Dictadura (al menos ya no es del "anterior Régimen" como con Felipe). Otra vez miedo, más bien fobia a "chocar" con la "autonomía municipal", como si tuviesen mucha con la financiación actual,... ¿acaso retirar la estatua de Zaragoza ha sido un trauma para alguien que no este a sueldo de la COPE, Libertad Digital y demás patulea?. Miedo no, a estas alturas, pero si prevención es lo que nos da a nosotros pensar en lo que pueda ser -también este año de la Memoria- el 20-N en el siniestro Cuelgamuros, donde se podrá seguir oficiando la misa al Caudillo y, veremos quién impedirá que se haga "acto político".

Unas duelen más que otras, depende de sensibilidades, alguien puede que tema este octubre

acudir a acto alguno de reivindicación y homenaje a la guerrilla; de "los del monte" cada año quedan menos y, viendo de frente sus ojos luchadores, vamos a sentir la congoja de saber que no van a poder disfrutar personalmente de la conquista de la verdad, la justicia y la reparación, de que en "los papeles" dejen de figurar como "bandoleros" y pasen a ser combatientes antifascistas. Aún así alguien habrá que, con la subvención de las instituciones del PSOE a cuestas, tendrá el valor de dirigirles palabras vibrantes de aliento. Posiblemente asista también con la misma cara a una exposición sobre Mauthausen, donde no es probable que encuentre un sobreviviente español de los campos nazis, pero si un familiar de los 7.500 españoles exterminados en ellos como apátridas; no creo que esperen una indemnización como otros europeos tienen, pero si algún reconocimiento negro sobre blanco.

Sobre reconocimiento y mejora de pensiones e indemnizaciones si ha habido un cierto avance, algún dinero se ha puesto sobre la mesa para hacer más llevadero el mal trago; avances en la fiscalidad de "las compensaciones" (indemnizar es otra cosa), se ha ampliado el reconocimiento a las víctimas de "la transición" (¿victimas sin verdugos?), y poca cosa más, 60 millones tampoco dan para saldar muchas deudas, pero tampoco será por dinero que no se rehabilite a militares y fuerzas de seguridad que se mantuvieron del lado de la legalidad republicana, ¿por qué entonces no se dice nada?.

Y, por finalizar, algo fundamental, porque es la base para rescatar del olvido la verdad de los hechos, su magnitud atroz, todos los nombres, son los Archivos de la represión franquista, algunos de los cuales permanecen pero son inaccesibles, y eso no parece facilitarse demasiado a los que busquen la verdad o las reparaciones a las que tengan derecho. Si parece que se mejorara la catalogación y conservación de lo que queda, aunque parece que a costa de enviar al que quiera saber a Salamanca, cuando menos ahora el Gobierno ya "esta autorizado" a construir un archivo.

Esto es lo que dijo A.I. al conocerse el texto: "Un Anteproyecto de Ley tardío, decepcionante y alejado de los derechos humanos, después de 30 años de democracia no repara la deuda pendiente del Estado español con las víctimas olvidadas de la guerra civil y del franquismo. Esperamos que el trámite parlamentario logre cambios sustanciales que garanticen verdad, justicia y reparación". La diferencia de A.I. con el movimiento social por la Memoria, es que este último ya no espera ningún cambio positivo para esta Ley, es lo que ha salido de verdad de la chistera de la Comisión Interministerial y de "la cobardía moral" del Gobierno; sus justas reivindicaciones tendrán que peleárselas en la calle con mucho esfuerzo, este será el momento de ver la madurez adquirida en estos pocos años de crecimiento