José A. Errejón
Una Mirada a la economía mundial
Como el paso de las aves migratorias, así acuden a comienzos del otoño, puntuales a su cita, los informes de perspectivas económicas, en primer lugar el del fondo monetario internacional (FMI). Se describe en él la situación de la economía mundial, sus perspectivas y riesgos y los retos para las políticas económicas. Se trata, en suma ,de documentos para la gobernanza ó, mejor, de orientaciones del gobierno capitalista global.
En el que comentamos, centrado en el primer semestre del 2.006, se presenta un escenario de crecimiento global -especialmente intenso en algunas economías asiáticas- en el que se vislumbran presiones inflacionarias que pueden mantenerse alimentadas por los elevados precios del petróleo en el futuro inmediato.
En grandes trazos el crecimiento del PIB va a declararse en Estados Unidos -por causa básicamente de la contracción del sector inmobiliario y del consumo- a mantenerse en sus moderadas tasas en la UE y elevadas en América Latina y Asia, destacando de nuevo los espectaculares de China y -en razón del elevado precio del petróleo- de los países productores.
Las incertidumbres principales que se ciernen sobre la economía mundial son la prolongación del escenario de altos precios del petróleo -cada vez más indicativo de que el ritmo del consumo corriente (millones de barriles diarios) está superando el de las extracciones y está consumiendo ya reservas-, la continuación de los desequilibrios gemelos (fiscal y balanza de pagos) USA, con la adicción del posible pinchazo de la burbuja inmobiliaria y un enfriamiento más rápido de lo deseado del mercado de la vivienda; y, en fin, las presiones inflacionarias que, como consecuencia de lo anterior, pueden desatarse en diversas regiones y países. El temor a una “corrección desordenada” de los desequilibrios mundiales lleva a los expertos a recomendar a los inversionistas que sigan engrosando sus carteras con activos estadounidenses durante muchos años.
La economía española y los PGE para el 2007
La economía española presenta un panorama en apariencia risueño. El escenario macroeconómico que acompaña los PGE para el año próximo presenta una previsión de crecimiento del PIB del 3,7% para el 2007, con una ligera tendencia a la disminución en los dos ejercicios siguientes, motivada por la desaceleración en el incremento del consumo (1%) pero sobre todo de la inversión (2,1%) explicable, a su vez, por la previsión de reducción del crecimiento de la construcción (2,1%) (a observar las similitudes, a escala reducida, con la economía USA). Las anteriores previsiones conducen así a una previsión de empleo que reducirá 0,6 puntos en el período y aumentará tres décimas de PIB en términos de productividad, objetivo este que –siempre según las previsiones gubernamentales- permitirá alcanzar la convergencia en términos de renta con la UE al final de la legislatura.
El objetivo presupuestario para el conjunto de las administraciones públicas, de acuerdo con las leyes de estabilidad presupuestaria, es un superávit del 0,75 del PIB en el 2007 que se incrementará en una décima en 2008 y 2009. La fuente de alimentación de este superávit, un año más, son los resultados de la Seguridad Social, con un superávit también del 0,7% que compensa los resultados deficitarios de las administraciones territoriales (-0,2%). Este objetivo -que bien pudiera quedarse corto según las propias estimaciones del secretario de estado de la Seguridad Social y alcanzar el 1% al final del ejercicio- descansa en la elevada tasa de incremento en las afiliaciones a la Seguridad Social (aproximadamente 19 millones de cotizantes) y muy en especial en los 8.000 millones ingresados por los trabajadores inmigrantes, sin cuyo concurso habría sido imposible alcanzar la dotación prevista del Fondo de Reserva (42.000 millones), el superávit presente y, lo que es más importante, la garantía de las pensiones, en contra de cuantas previsiones fueron realizadas en su día como justificación de los fondos privados de pensiones. Llama la atención que, simultáneamente a la triunfalista presentación de estos resultados y objetivos, se anuncie el viraje gubernamental en política de inmigración atendiendo la reprimenda de la burocracia de la UE y las histéricas reclamaciones de la derecha española. Como ha sido tratado en otro lugar, baste señalar aquí, sin salirse de la pura lógica económica, la importancia de la población inmigrante en, además de la función señalada, por su contribución al mantenimiento de un nivel adecuado de la demanda agregada que podría contribuir a compensar las reducciones previstas en términos de inversión y consumo. La política de inmigración es ciertamente compleja y exige sean consideradas todas sus dimensiones, más allá de los criterios de oportunidad electoral en pos del viaje al centro (ó a la derecha) del Gobierno en esta materia.
Por lo demás, el 2007 será el primer ejercicio de vigencia de una reforma fiscal no precisamente dominada por criterios redistributivos. En su presentación, Solbes ha afirmado que ahorrará 4.000 millones de euros a los contribuyentes. Es una forma de verlo pero hay otras. Tal vez la más interesante sería preguntarse si es esta una necesidad de la economía española. ¿Es necesario estimular el consumo tal vez, estamos en riesgo de deflación?. No lo parece, más bien parecen existir indicios de lo contrario.
También podríamos preguntarnos ese ahorro tributario a qué niveles de renta va a beneficiar. Porque la reducción de tramos prevista en la reforma no es que vaya a beneficiar precisamente a las rentas salariales más bajas. Se sigue confiando en el actual clima de bonanza económica en la previsión de incremento de ingresos p.ej. en sociedades donde, a pesar de la disminución del tipo, se espera recaudar casi 10.000 millones más que en el 2006. Y podríamos preguntarnos, también, si las necesidades sociales no cubiertas que alimentan año tras año desde 1.996 la brecha con el promedio de la UE15 en términos de gasto social, no justificarían el “no ahorro”, no sólo de esos 4.000 millones, sino de todos los que han dejado de consignarse por la política de estabilidad presupuestaria tan celosamente guardada por Solbes desde 1.994. Incluso las tímidas políticas sociales impulsadas por el gobierno Zapatero (p.ej. las de dependencia) podrían verse comprometidas por ausencia de recursos suficientes para abordarlas.
El Fondo de reserva de la Seguridad Social se encuentra en la situación más desahogada desde su creación, pudiendo cubrir hasta ocho mensualidades de gasto en prestaciones de la misma. No parece que sea muy adecuada el embalsamiento de tal volumen de recursos por eficaz que sea la gestión financiera del mismo, existiendo niveles tan bajos en algunas prestaciones contributivas.
Todo ello apunta a una opción de modelo de política económica que, ni aún en situaciones de bonanza como la presente, está dispuesta a traspasar un cierto umbral de gasto en las llamadas políticas sociales, temerosos como son sus mentores de la llamada “trampa del bienestar”, poner a disposición de las rentas más bajas un cuadro de prestaciones sociales que pudieran desincentivar su incorporación al mercado de trabajo en las condiciones que son consideradas adecuadas a los propósitos del mantenimiento de los altos niveles de beneficios obtenidos por las empresas españolas (las grandes sobre todo, bancos, inmobiliarias, constructoras, eléctricas, etc). Y con el objetivo último -y obsesivo para Solbes- del control de la inflación, a cuyo efecto se pretende restringir la liquidez del sistema. Sostener, pues, el superávit para asegurar la estabilidad económica y sostener el crecimiento. ¿Acaso no justificaría ese objetivo el incremento de la presión fiscal, invalidando al tiempo las reformas anunciadas por Solbes con su efecto de inyección a corto de 4.000 millones de euros?. Es este, sin embargo , un tema tabú para los rectores de la política económica, al parecer decididos a no regalar a la derecha el activo electoral de la reducción de impuestos.
Las prioridades de gasto se orientan, un año más, en pos de la mejora de la productividad, a través de las inversiones en capital humano y tecnológico (educación e I+D+i) y política de infraestructuras, en la que se incardinan las inversiones del faraónico y muy contestado PEIT y el programa AGUA (para entendernos el PHN sin trasvase del Ebro y con desaladoras). Solo es posible apuntar aquí la contradicción que representa estos dos programas. El primero volcado en la construcción de una red viaria y ferroviaria de “altas prestaciones” que objetivamente debe incentivar el incremento del consumo energético (España es el país más ineficiente en términos energéticos de la UE15) al tiempo que aumenta la contribución del sector transporte a la emisión de CO2 (el 56% del total). El segundo que, aún reconociendo el mérito de haber derogado el disparate del trasvase del Ebro, no cuestiona los datos de una demanda de recursos hídricos localizada en la zona más árida y de menor disponibilidad de recursos y concentrada en dos sectores fuertemente consumidores como son el turismo de sol y playa y la agricultura de regadío y bajo plástico. Ecologistas en Acción ya ha denunciado la insostenibilidad de este presupuesto y ello ahorra más comentarios. Únicamente, añadir la novedad de la incorporación de “originales” fórmulas de financiación de obras publicas que significan de hecho, un paso más en la privatización de importantes áreas de los servicios públicos a favor de caracterizados representantes de la sociedad civil como Ferrovial, ACS, FCC, Acciona y otros.
El acompañamiento social de estas prioridades lo representa el gasto social en el que, junto a la aportación del estado para complementar las prestaciones mínimas, se ubican gastos para las políticas de dependencia (pendiente de la promulgación de la ley), vivienda -en la que no parece arrancar ni la política de alquileres ni la de incentivos a la promoción pública e inmigración- en la que el incremento de dotaciones no puede ocultar la ausencia de política y su deriva securitaria-. La ayuda oficial al desarrollo es la guinda con la que se pretende soportar el discurso de la “alianza de civilizaciones que tan difícilmente casa con los espectáculos de las vallas en Ceuta y Melilla ó en las playas andaluzas ó canarias.
Y el broche final de las prioridades de gasto lo ponen los “servicios públicos de calidad”, objetivo con el que el Estado pretende contribuir al supremo de la mejora de la productividad y la competitividad mediante la ”mejora de la transparencia de los mercados”. Muy coherente con los rubros en que consiste esta política que son seguridad (más policías) y justicia (más cárceles para un país con la mayor población reclusa por 100.000 habitantes de la UE).
Perspectivas e incertidumbres
Se ha examinado, con la brevedad que exige los límites de una nota, el proyecto de PGE 2007 y corresponde ahora ubicarlo en coordenadas algo más precisas de las enunciadas en epígrafe primero. Ciertamente , la economía española lleva una década creciendo por encima del promedio de la UE y ello ha permitido efectos tan beneficiosos como la reducción de la tasa de desempleo, la aproximación de la renta por habitante ó la disminución de la deuda publica. En el pasivo de esta década hay que anotar el desaforado crecimiento del déficit comercial, la elevada tasa de endeudamiento de las familias y, sobre todo, la acelerada destrucción del patrimonio natural, en cierto modo parejo con la desamortización de los patrimonios públicos por efecto de las políticas privatizadoras iniciadas por el PSOE e intensificadas por el PP.
Desde su toma de posesión, el gobierno ZP ha proclamado su voluntad de cambiar el modelo de crecimiento del aznarismo, sobre las dos patas de la mejora de la productividad total de los factores y del trabajo en particular, por un lado, y del diálogo social, por otro. Se enfrenta para conseguirlo con una acendrada cultura que tan bien ha descrito, entre otros, Ramón Fernández Durán en su reciente libro y de la que participan activamente múltiples cargos públicos regionales y locales del PSOE. Es la cultura del pelotazo, en cuyo análisis no podemos detenernos si no es para señalar su incardinación en las propias políticas gubernamentales llamadas a superarla. La experiencia de décadas de políticas de infraestructuras arroja dudas sobre su contribución a la mejora de la competitividad ó a la de la cohesión social y territorial, pero es más que evidente en cuanto a la extensión de la urbanización y, por ende, a la potenciación del negocio inmobiliario. Esta política sigue profundamente arraigada en la entraña misma de la burocracia estatal, resistente a los suaves intentos de los gobernantes del PSOE por atemperar (que no suprimir) el ejercicio de su poder administrativo al servicio del capital inmobiliario rentista. En cada momento ó en cada década justifica el enorme volumen de recursos públicos que acapara con un mensaje adaptado a las necesidades de legitimación del gobernante de turno. El resultado es un tejido de influencias que, saliendo de la Administración del Estado y pasando por las grandes corporaciones antes citadas (ó es al revés), enlaza con las administraciones territoriales, con los promotores y los propietarios rústicos que por arte de las recalificaciones urbanísticas ven espectacularmente revalorizadas sus propiedades. Se instala así en la entraña de la economía y la sociedad una modalidad de rentismo parasitario que hace muy difícil cualquier avance en la dirección de una economía más avanzada y, desde luego, más justa socialmente y equilibrada ecológicamente.
He querido destacar esta dimensión “cultural”de los obstáculos a un auténtico cambio de modelo de crecimiento a las incertidumbres estrictamente económicas que penden sobre el futuro de la economía española pero, en realidad, no pueden ser separadas porque se influyen recíprocamente. La “burbuja inmobiliaria”puede pinchar también en España -lo que espanta tanto a los políticos como a empresarios y banqueros- y el problema será con qué sustituirla como fuente de creación de rentas y empleos. Pero no menor será encontrar una “cultura social”con la que sustituir ese sentido común que tan hondo ha enraizado en la sociedad española y del que tantos sectores sociales se benefician.
Al mismo tipo de problemática pertenecen las incertidumbres relacionadas con la (in)sostenibilidad de la economía española: su ineficiencia en el uso de la energía y los materiales (retraso en la “desmaterialización”) y sus consiguientes efectos ecológicos, por un lado, y el carácter esquilmador en el uso de los recursos naturales -el agua especialmente-, por otro, limitarán cada vez más las posibilidades de crecimiento y generación de empleo.
En el corto plazo, la economía española debería poder beneficiarse de las buenas expectativas de crecimiento en la zona euro -un 2,5% para el conjunto del año-impulsadas sobre todo por la recuperación de la demanda interna. Ese beneficio percibido por la vía del aumento de las exportaciones y su repercusión en el descenso de la contribución negativa al crecimiento del PIB, NO PODRÁ SIN EMBARGO SER DURADERO debido a que la propia Comisión de la UE prevé una desaceleración para el año próximo por efecto del aumento de tipos del IVA en Alemania, del aumento de los tipos de interés y, en última instancia, por las incertidumbres del sector inmobiliario en Estados Unidos. Al no poder contar con la mejora del saldo exterior y continuar con su aportación negativa al crecimiento del PIB- y siendo los efectos de mejora de la productividad y la competitividad por inversiones en I+D+i y educación a largo plazo-, no se puede descartar que la desaceleración del crecimiento sea más brusca de la esperada, sobre todo si el BCE vuelve a subir los tipos de interés y el precio del petróleo recupera la tendencia alcista de los últimos años.
Si esta brusca desaceleración del crecimiento se produjera sin haber podido obtener resultados significativos en las políticas de mejora del capital tecnológico y humano, no es aventurado suponer la tentación de recurrir a la tradicional receta de empleos precarios y sueldos bajos para mantener alguna forma de competitividad que evitara el estrangulamiento de la economía española. En condiciones de globalización de los mercados, esa política no ofrece garantías, a no ser que quienes la postulen estén dispuestos a imponer las más duras condiciones a los trabajadores y a las capas populares. No dudaría la derecha en hacerlo. Para el PSOE ese sería el camino de la pérdida del gobierno y/ó de buena parte del apoyo social conseguido desde el 14m del 2004.
