Por Miquel Garcia
Durante un mes, desde mediados de setiembre hasta el 19 de octubre, momento en que la Central Obrera Boliviana (COB) decidió poner fin a la Huelga General indefinida decretada el 24 de setiembre, tras conseguirse la dimisión del presidente Gonzalo Giménez de Losada, Bolivia ha vivido una situación de movilización popular de gran magnitud. Las condiciones para la misma se venían gestando ya desde hace algún tiempo y tuvieron su precedente más inmediato en las jornadas del 12 y 13 de febrero pasado contra los nuevos impuestos que recortaban los salarios de trabjadores del sector público y privado, durante las cuales 33 personas fueron muertas y más de 200 resultaron heridas.
El detonante de la movilización ha sido el proyecto gubernamental de exportación de gas natural a los EEUU y a México, mediante su paso a través del norte de Chile. Las beneficiarias del mismo iban a ser las compañías petroleras que forman parte del consorcio Pacific LNG (Repsol-YPF, British Gas y Panamerican Gas). Los beneficios anuales calculados para las mencionadas compañías son de 1.300 millones de dólares, mientras que el estado boliviano iba a recibir solamente una compensación de entre 40 a 70 millones anuales.
El día 19 de setiembre la COB, el partido Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) convocaron manifestaciones contra el proyecto de exportación del gas en todo el país, que reunen a más de 150.000 personas en las principales ciudades. Al día siguiente se produjo en la ciudad andina de Warisata la muerte de 5 personas por fuerzas del ejército y de la policía, al intentar romper el bloqueo de carreteras realizado por campesinos que pedían la liberación de un dirigente encarcelado y la cancelación del proyecto de exportación del gas. A raiz de este hecho los campesinos indígenas se consideraron "en pie de guerra" y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) y la Central Sindical Única de Trabajadores del Campo (CSUTC), encabezados por el "Mallku" Felipe Quispe, llamaron a la movilización general y a la continuidad de los bloqueos de vías de comunicación.
El 24 de setiembre la COB decidió convocar Huelga General indefinida para el 29 de setiembre, hasta la retirada del proyecto de exportación del gas. Dicha Huelga tuvo un arranque no demasiado esperanzador, aunque su impacto fue progresivamente en aumento y ya el día 1 de octubre se produjo la primera ocupación del centro de la capital boliviana, La Paz. El 2 de octubre la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (ciudad obrera situada junto a La Paz) convoca paro cívico con un muy amplio seguimiento. A partir de este momento la gente trabajadora y vecina de El Alto empezó a tener un papel muy destacado en la movilización, tanto por su nivel de organización y combatividad, como por el hecho de que la situación de dicho núcleo urbano permite bloquear con facilidad los accesos a La Paz. La capital quedó semiaislada y sin suministro de combustible, por el bloqueo de carreteras desde El Alto. Lo anterior motivó un operativo militar-policial con el objetivo de garantizar el suministro de combustible y desarticular la protesta popular, el cual se saldó, entre los días 11 y 12 de octubre, con más de 20 muertos. El día 13 de octubre, indignada la gente por las muertes y la represión, baja masivamente desde El Alto a La Paz. Parte de la policía deja ya pasar a los manifestantes sin oposición, pero otros grupos responden a bala y se producen otros 28 muertos y más de cien heridos. Refuerzos del ejército llegan a la capital desde distintos puntos de Bolivia.
Se produce a partir de este momento una reacción en cadena en todo el país en respuesta a los sucesos de El Alto y de La Paz. Se suceden los bloqueos de carreteras, las manifestaciones y las adhesiones a la Huelga General en numerosas ciudades y se inician nuevas marchas de trabajadores y campesinos hacia La Paz. Los sindicatos de campesinos cocaleros vinculados al MAS, partido del diputado Evo Morales, entran finalmente en lucha de manera activa. El 16 de octubre 250.000 personas ocupan La Paz convocadas a Cabildo Abierto (gran asamblea popular) pidiendo la dimisión del presidente Giménez de Losada, petición que cuenta ya con el apoyo de las clases medias urbanas, de la Iglesia Católica e incluso de parte de la misma burguesía paceña, temerosa de que el ejército sea incapaz de controlar la situación (temor por otra parte muy fundado). Finalmente, abandonado ya el presidente por los partidos de la coalición gubernamental y por el mismo vicepresidente Carlos Mesa, se ve obligado a presentar su dimisión huyendo a EEUU. El parlamento proclama nuevo presidente a Mesa.
Caído Losada, la COB desconvoca la Huelga General tras una reunión de su Ampliado Nacional, planteando al nuevo presidente Carlos Mesa un pliego con 20 puntos a cumplir por su gobierno, empezando por la supresión del proyecto de exportación del gas. En total han muerto más de 80 personas en el transcurso de las movilizaciones.
Una muy breve valoración de los hechos
Lo acontecido en Bolivia ha sido semiocultado por los medios de comunicación de masas a nivel mundial. Las informaciones han sido escasas y sesgadas. Botón por muestra, un día antes de la dimisión de Losada, toda la "información" que el diario español El País daba sobre Bolivia, consistía en una entrevista de una plana al citado mandatario en el cual éste insultaba y tildaba de terroristas y de narcotraficantes a los dirigentes de la sublevación popular. Y decía además que no pensaba dimitir...
El nivel de organización demostrado por la gente indígena, trabajadora y campesina boliviana ha sido importante. Se ha ido acrecentando además durante el transcurso de la movilización. En ella el papel más destacado ha sido protagonizado por la COB, organización encabezada por el minero Jaime Solares, renacida de sus cenizas después de años de decaimiento. Además de impulsarlas en lugares como La Paz, El Alto y en las zonas mineras como la de Huanuni, la COB ha actuado como coordinadora de las luchas, consiguiendo un acuerdo entre esta misma central, los campesinos indígenas del MIP y de la CSUTC, y el partido MAS y los sindicatos cocaleros, en los momentos culminantes de la movilización. Importante ha sido también la actuación de sindicatos regionales como la COR de El Alto y de la Federación de Juntas Vecinales de esta misma población. En la zona andina, el Chapare y las Yungas la organización ha recaído en la CSUTC y en el Movimiento Indígena Pachacuti de Felipe Quispe. Finalmente los sindicatos de campesinos cocaleros y el MAS, radicados fundamentalmente en el entorno de Cochabamba han participado de manera más tibia en las movilizaciones y sobre todo en su última fase.
La sublevación popular ha conseguido una significativa victoria parcial, el derrocamiento de un fiel brazo ejecutor del neoliberalismo en Latinoamérica, Gonzalo Giménez de Losada. Sin embargo,su sucesor y amigo, el antiguo vicepresidente Carlos Mesa, después de promesas y gestos de apaciguamiento iniciales, se ha aprestado a confirmar los compromisos adquiridos con el FMI y con Washington, designando además un gabinete ministerial de tecnócratas neoliberales. El nuevo presidente se ve reforzado por el apoyo "crítico" que el MAS le ha otorgado y por una cierta habilidad en realizar gestos populistas, como su presencia en los actos de homenaje a las víctimas de la sublevación. En estos momentos, según un sondeo, goza de la confianza del 66% de la población.
La COB ha planteado al nuevo gobierno el cumplimiento de un conjunto de medidas que suponen no solamente el final del proyecto de exportación del gas, sino la derogación de la Ley de Hidrocarburos privatizadora del mismo y el cese de la aplicación de la política neoliberal desarrollada hasta ahora en Bolivia. La central obrera se ha visto muy reforzada por el papel jugado en las movilizaciones y posiblemente sea una pieza clave en los futuros acontecimientos que se desarrollen en Bolivia. El MAS, que durante las movilizaciones quedó desbordado y así lo ha reconocido, mantiene ahora una postura ambigua en relación a Mesa. Los dos hechos anteriores no parecen hablar demasiado bien de la capacidad política de dicho partido. El MIP y la CSUTC han dado al gobierno un plazo de 90 días para el cumplimiento de sus principales demandas, incluyendo la derogación de la Ley de Hidrocarburos. Felipe Quispe, representante de ambos, ha dicho claramente que el nuevo presidente puede ser peor que el anterior, lo cual lo desmarca de los planteamientos del MAS. Sin embargo el sector encabezado por Quispe se muestra muy sectario en relación a la COB y al MAS y no parece tener en absoluto clara la necesidad de la unidad de acción entre todas las fuerzas sociales y políticas de izquierda bolivianas.
Los hechos parecen indicar pues que nos hallamos ante un periodo, necesariamente breve, de tregua social después de la agotadora primera batalla de la "guerra del gas". Tanto el nivel de organización y combatividad demostrado por la gente trabajadora, campesina e indígena, como su misma memoria histórica (hay que recordar la insurrección victoriosa de 1952 y las luchas de 1971 y de 1982-85) permiten ser relativamente optimistas en el caso de Bolivia. No obstante, uno de los obstáculos que deberá de superar el movimiento popular boliviano es el del fraccionamiento existente entre sus distintos sectores, fundamentalmente entre los representados por la COB, el MAS y el MIP-CSUTC. Dicho fraccionamiento, y el propio sectarismo de los dirigentes, ha sido superado en la pasada movilización por el impulso desde las bases, forzando a la unidad de acción. Pero la semiespontaneidad de lo anterior ha supuesto retrasos y dilapidación de esfuerzos, situación que deberá ser superada, tanto en el terreno organizativo como en el programático y político, si se quiere llegar a buen puerto.
Se deberá aprovechar también el periodo que ahora se abre para el reforzamiento organizativo y político de los distintos movimientos, cuyo insuficiente nivel de desarrollo ha sido la causa de no poder imponer directamente sus demandas y constituirse en alguna forma de gobierno popular. Lo anterior ha de incluir la elaboración de una plataforma política alternativa al neoliberalismo gubernamental en sus diversas variantes. Porque parece evidente que aunque el presidente Carlos Mesa puede llegar a realizar algunas concesiones a la gente trabajadora, campesina e indígena, en lo fundamental sigue siendo un peón del FMI, de los EEUU y de las burguesías boliviana e internacional. Depositar algún tipo de confianza en Mesa y crear espectativas entre el pueblo sobre su gestión, como el MAS está haciendo, parece un error de grueso calibre.
