Susana López, Pedro Montes, Jaime Pastor y Diosdado Toledano [*]
Cuando se analiza aisladamente el proyecto de presupuestos para 2007 presentado por el gobierno, contiene éste tan pocos rasgos distintivos, ya sean en sentido positivo o en sentido negativo, que no existen razones para abordarlo por parte de IU, y decidir si respaldarlo o rechazarlo, de modo diferente al que se le dio a los dos presupuestos precedentes del gobierno Zapatero. El problema, sin embargo, es que el tiempo acaba convirtiéndose en un dato, y ya, transcurridos dos años y medio desde la formación del gobierno, no debe enfocarse el análisis con esa neutralidad de considerar año a año el presupuesto. Tres proyectos sucesivos consolidan una realidad y aportan suficiente información para enjuiciar la política económica y social de este gobierno en un marco temporal más amplio que el anual, hasta el punto de que el balance final de la legislatura quedará prácticamente cerrado cuando se ejecute el presupuesto del próximo año.
Del mismo modo, el transcurso del tiempo condiciona inevitablemente las consideraciones políticas que han de tenerse en cuenta a la hora de tomar posición, pues la proximidad de las nuevas elecciones exige de IU ir perfilando sus mensajes y proyección propia, después de haberse prestado un apoyo parlamentario al gobierno del PSOE bastante decisivo en cuestiones políticamente relevantes. Esta necesidad cobra relieve ante la situación particular que parece existir, por la cual IU se ha convertido en la fuerza que dirime si el proyecto de presupuesto para 2007 es aprobado o rechazado en el parlamento.
La actividad económica ha progresado en los últimos tiempos a un ritmo favorable, en torno a un crecimiento del 3,5% anual del PIB, lo cual, sin perjuicio de aspectos muy negativos en la evolución global de la economía- como el diferencial de inflación con la Unión Europea, el fuerte endeudamiento de familias y empresas, el déficit de la balanza de pagos enorme, nada menos que un 8,3 % del PIB según previsiones del FMI para 2007, una actividad desmedida del sector de la construcción y en particular de la vivienda, un débil aumento de la productividad, una precariedad extrema del empleo- ha promovido un crecimiento intenso y más fuerte de lo previsto de los ingresos públicos, lo que ha permitido que de la situación tradicional deficitaria del sector público se haya pasado a una situación con superávit. Se espera cerrar el año 2006 con un excedente del conjunto de las Administraciones Publicas del 0,2 % del PIB, y se avanza un superávit del 0,7% para el 2007. Nada habría qué objetar a este cambio, si se tratase de una situación coyuntural motivada por la evolución económica general. Pero ocurren dos circunstancias muy peculiares en las nuevas condiciones presupuestarias, que han de ser tenidas en cuenta a la hora de definir la posición de IU sobre el presupuesto para 2007
En primer lugar, como es sabido, en ese año entrarán en vigor las medidas de la última reforma fiscal adoptada por el gobierno, a la que se opuso, más que justificadamente, IU. La reforma afecta en un sentido regresivo al IRPF, pues se baja el tipo máximo de 45 a 43% y se le da un trato de favor insólito a las plusvalías del capital al haberse subido del 15 al 18% el tipo de tributación, pero desapareciendo la distinción entre plusvalías obtenidas en menos de un año, que cotizaban hasta ahora como rendimientos del ejercicio, y por tanto al tipo marginal, y las de más de un año gravadas al tipo excepcionalmente favorable del 15%. Con razón se valora que esta reforma del IRPF beneficia fundamentalmente a los declarantes de rentas elevadas. La reforma también afecta al impuesto de sociedades, que verá reducir el tipo sobre los beneficios del 35 al 30% en dos pasos sucesivos de 2,5 puntos en 2007 y 2008.
Se estima que las modificaciones de estos dos impuestos representaran una disminución de unos 6.000 millones de euros en la recaudación de los ingresos públicos cuando se complete su aplicación. Cabe por tanto resaltar que ante los primeros signos favorables de la evolución de las cuentas públicas, el gobierno del PSOE ha tenido como prioridad reducir la carga fiscal a las rentas del capital y a las personas de elevados ingresos. Si esta iniciativa se encuadra en el marco temporal más prolongado de los últimos tiempos, en el que sucesivas cambios fiscales han tenido los mismos objetivos (recuérdese que en el IRPF el tipo máximo de partida era del 56%, al tiempo que ha aumentado la presión de los impuestos indirectos), y si se compara la situación fiscal de la economía española en el contexto de la UE-15, con un nivel de los ingresos públicos con respecto al PIB (39,4% en 2005), inferior en más cinco puntos a la media de la Unión (45,1%), hay que concluir que desde este punto de vista, IU, la fuerza que pretende representar un proyecto alternativo de sociedad, no puede prestar apoyo alguno a los presupuestos de 2007. Se puede decir que estos presupuestos culminan desde el punto de vista de los ingresos públicos un conjunto de reformas a las que se ha opuesto sistemáticamente Izquierda Unida, afirmación que cobra su significado pleno si se considera la acusada regresividad actual del sistema y la importancia reconocida del fraude fiscal, que no se combate eficazmente.
El comparativo retraso fiscal que acaba de destacarse tiene su correlato inevitable en la brecha que representan los gastos públicos en términos del PIB con respecto a la media de la UE-15 (38,3 y 47,4% en 2005, respectivamente), con una diferencia de 9 puntos, con lo que ello implica de capacidad del Estado para la redistribución personal y geográfica de la renta y las posibilidades de atender los servicios e infraestructuras públicos. La brecha aún es más acusada en los gastos sociales por la falta de atención sistemática que desde el gobierno del PP y el gobierno actual del PSOE se les ha prestado, en coherencia con los criterios neoliberales dominantes. Según la memoria del año 2005 del CES, en el año 2003 los gastos públicos en nuestro país en protección social representaban sólo el 19,7% del PIB, frente al 28, 3 % de la UE-15. Se da la circunstancia agravante de que este último porcentaje ha permanecido prácticamente estable desde 1994, mientras en el caso español en esa década el porcentaje cayó en tres puntos. Como nuestro país, además, tiene una renta media inferior a la de la UE-15 ocurre que el gasto medio por persona en protección social era sólo en 2003 el 48% de la media europea. Esto es, para los aficionados a las comparaciones de todo tipo con Europa: nuestro país no sólo está relativamente atrasado y mantiene una distribución de la renta entre beneficios y salarios de las más desfavorables de Europa, para estos últimos, como es obvio, sino que la incidencia redistributiva de la política fiscal es acusadamente más débil que en los países de nuestro entorno, inferior incluso a la de Portugal y Grecia.
Como no puede ser de otro modo, la diferencia sustancial existente entre nuestro país y los países europeos en cuanto a la importancia del gasto público en la economía, se ve reflejada tanto en el esfuerzo por distribuir la renta y por amortiguar las desigualdades, como en la atención que se presta a los servicios públicos y la calidad de los mismos. En cualquiera de las grandes rúbricas que se elija para comparar ese esfuerzo y la atención, nuestro país sale muy mal parado. Desde los gastos en pensiones, pasando por la protección de los parados, las ayudas a las familias o los gastos para atender a los sectores marginados, hasta los gastos dedicados a servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación, estos últimos decisivos, a su vez, para impulsar una economía productiva y competitiva.
Con la mejora de las cuentas públicas, ahora sin que pueda aducirse el déficit, están dadas las condiciones para imprimir un giro radical a la política del gasto público en el sentido de cerrar la brecha enorme que históricamente ha separado a nuestro país de los países más avanzados europeos. Como brecha con raíces profundas no podrá superarse en poco tiempo, pero desde luego como nunca se progresará es volviendo la espalda a estos problemas, desdeñando su gravedad, tal y como vuelve hacer el presupuesto para 2007. En este sentido, el proyecto está marcado por una línea de continuidad reprobable y determina una política presupuestaria inaceptable para un país recorrido de tan profundas desigualdades y tan desgarradas situaciones sociales. Las carencias básicas del proyecto de presupuesto no pueden ocultarse por algunos mínimos detalles de maquillaje como puede ser la subida entre un 5 y un 6,5% de las pensiones mínimas, o la propaganda sobre los nuevos servicios de la dependencia según la nueva ley, cuya debilidad fundamental, entre otras muchas, es precisamente la débil asignación presupuestaria. Por lo demás, el proyecto chirría en muchos puntos concretos, como el crecimiento de los gastos en investigación militar o el presupuesto de Defensa en su conjunto, y hace caso omiso, cuando no resulta contraproducente, a un tema crucial para IU como es la sostenibilidad ecológica del sistema productivo y las pautas de consumo. Ningún rasgo del Presupuesto permite detectar que ha sido elaborado por un gobierno respaldado por las clases populares y en modo alguno es posible distinguirlo del un presupuesto que hubiera elaborado el PP. Después de una rebaja tan importante, injustificada y regresiva de los impuestos, el gobierno se vanagloria sobre todo del aumento del superávit de las cuentas públicas en el 2007.
U, tras una valoración rigurosa de la política de ingresos y de gastos públicos contenida en el proyecto de Presupuesto para 2007, no puede ver mínimamente reconocido en él su programa ni sus objetivos políticos. El rechazo a la totalidad del presupuesto para 2007 es la única política coherente que cabe expresar ateniéndonos a sus contenidos. Solo consideraciones de índole política, de dudosa consistencia, podrían aducirse para evitar no confrontar abiertamente con el gobierno del PSOE en esta ocasión, pero desde luego debe quedar meridianamente claro que el presupuesto de 2007 se ajusta estrictamente a los criterios neoliberales, incluido el desprecio al medio natural que ellos implican, y que desaprovecha las favorables circunstancias económicas para avanzar, siquiera modestamente, en una política social más progresista y en una política medioambiental consecuente. No puede caber duda de que la aceptación del presupuesto para 2007, o el rechazo a combatirlo, nos implica, sin tapujos, y en alguna medida nos hace responsables de una política social rechazable y contraria al proyecto político que IU pretende representar.
Las circunstancias políticas además, en las que el PSOE no cuenta con el apoyo parlamentario suficiente para sacar adelante el Presupuesto, determinan una situación propicia para que IU exprese con total libertad y autonomía sus posiciones, especialmente en los procesos electorales que se avecinan. Respaldar en esta ocasión el Presupuesto, por activa o por omisión, multiplicaría la responsabilidad de IU en la aplicación de una política socialmente regresiva. Por otro lado, se abre una oportunidad para con el rechazo abierto difundir nuestras discrepancias en el terreno social con el PSOE y divulgar nuestras propuestas. En fin, ha surgido una situación que ni pintada para indicarle al PSOE que no puede seguir jugando a tantas bandas (ser ambidextro, como decimos) y que ha de definir, consecuentemente, los aliados con quien pretende gobernar.
Razones, pues, de todo orden, justifican que IU rechace el proyecto de Presupuesto para el 2007.
Madrid, 11 de Octubre 2006.
[*] Miembros de la Presidencia y/o del Consejo Político Federal de IU
