Declaración de Espacio Alternativo de Madrid

El Estado español es uno de los países que más viviendas tiene por  habitante y el que más construye, con 18,1 nuevas viviendas por mil habitantes/año, frente al ratio europeo de 5,7. Durante el periodo 2000/2005 el ritmo de la construcción de la vivienda se ha acelerado hasta  llegar a un promedio de una  vivienda por cada dos habitantes. El resultado es que el Estado español tiene el mayor parque inmobiliario de la UE, es el país con un ritmo constructor más alto y sin embargo es donde más difícil es el acceso a la vivienda. Según el Censo de 2001 existían en el Estado 3,1 millones de viviendas vacías, el 81% en buen estado de conservación (todo esto sin contar los millones de nuevas viviendas construidas durante el presente boom). 

La liberalización del suelo impulsada por la administración del PP en su primera legislatura, consagrada en la Ley del Suelo estatal de 1998 (la del 'todo urbanizable'), prometía bajar los precios a través de la 'ley de la oferta y la demanda'. El objetivo fundamental de esta ley, después de la fallida reforma socialista del 92, fue reactivar el mercado inmobiliario como piedra angular del crecimiento económico.

Casi una década después, los resultados son palpables: la burbuja inmobiliaria no para de crecer sustentando, en gran parte, el crecimiento de la economía y favoreciendo la compra de vivienda como inversión. Así, mientras que por un lado los sectores excluidos del acceso a la vivienda no paran de aumentar (jóvenes principalmente, pero no sólo), por el otro ha supuesto una masiva destrucción del medio ambiente (costas, sierras y vegas caen bajo las excavadoras) con la degradación, en gran medida irreversible, de importantes activos naturales y sociales, además de suponer un importantísimo despilfarro energético y de otros recursos.

Desde luego lo que se esta demostrando, con la prueba de los hechos, es la falacia que supone la máxima neoliberal de que l a necesidad de vivienda se arregla construyendo más vivienda, al comprobarse que las mayores tasas de construcción de la historia de España vienen acompañadas de los mayores precios y de los índices mas altos de inaccesibilidad de nuestra historia reciente.

En estos días estamos asistiendo a la constatación mediática, a través de toda una serie de escándalos urbanísticos e inmobiliarios, de que la corrupción se ha instalado en gran número de ayuntamientos, con el protagonismo evidente de concejales del PP y del PSOE.     Solo una denuncia firme y constante, sustentada en movilizaciones masivas, puede parar esta escalada de corrupción inmobiliaria, de la que Marbella solo es la punta del iceberg. En este sentido, nos parece lamentable la postura de la dirección de IU-CM partidaria de no hacer de este asunto un tema central de la campaña electoral.

No podemos seguir tolerando que una gran parte de la sociedad, jóvenes e inmigrantes, principalmente, quede excluida de un derecho fundamental como es la vivienda por la codicia y el enriquecimiento de unos pocos, los de siempre. Tenemos que rebelarnos para poder revertir las necesidades del mercado y los especuladores por las necesidades de los de abajo, de la sociedad. Para ello es fundamental que construyamos y extendamos, desde la base, un movimiento que cuestione las propias raíces de la economía neoliberal, para que los beneficios reinviertan en lo social y no en lo empresarial.  Por todo esto, proponemos una serie de medidas para caminar en este sentido:

• La expropiación de los inmuebles vacíos durante más de cinco años  para usos sociales, con propiedad municipal, pero en régimen de autogestión.
• Aplicación de medidas que acaben con el mobbing inmobiliario.
• Aumento considerable de la carga impositiva sobre las segundas residencias.
• Creación de políticas de fomento y ayuda al alquiler, bajando sus precios y favoreciendo el arrendamiento de las casas vacías e imponiendo, como mínimo,   una cuota del 50% de Viviendas de Protección Oficial, en régimen de alquiler y compra, en los edificios de nueva construcción.
• Parar el deterioro medioambiental producido por el frenesí constructor y especulador, mediante políticas de protección ecológica de nuestro medio y derribos masivos de todas las construcciones ilegales que existen en la costa y en terrenos rústicos no urbanizables
• Creación de asambleas democráticas de barrio (en las ciudades) y de pueblo que discutan y decidan sobre los planes de ordenación urbana y del territorio.
• Despenalización inmediata de la okupación.

Desde Espacio Alternativo defendemos la autoorganización y construcción de un movimiento amplio y democrático por una vivienda digna, como el mejor instrumento para conseguir acabar con el actual modelo constructivista y especulador, y para la consecución de estas y otras demandas tendentes a acabar con la burbuja inmobiliaria y racionalizar, al servicio de la sociedad, un derecho fundamental, como es el acceso a una vivienda digna.
 
28 de octubre de 2006

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