Por la resolución negociada y democrática del conflicto vasco
Cuando han pasado ya tres años y medio sin que ETA haya cometido atentados mortales y después de más de un año de su declaración de "alto el fuego permanente", no hay más remedio que insistir en que siguen sin producirse pasos significativos por parte del gobierno que demuestren su voluntad de contribuir a la apertura efectiva de un proceso de negociación y resolución democrática del conflicto vasco.
Cada vez se hace más patente que la beligerancia del PP, de la extrema derecha mediática y de un sector significativo del poder judicial es asumida por el gobierno como un condicionante -pero también como una coartada- para ir aplazando cualquier gesto de distensión y repetir el estribillo, con el calendario electoral a la vista, de que el proceso va a ser "largo, duro y difícil". Ni siquiera la declaración de apoyo al inicio de negociaciones por parte del Parlamento Europeo, en la que se reconocía la naturaleza política del conflicto, ha sido utilizada para contrarrestar esas presiones y adoptar medidas que no supondrían ninguna violación de la legalidad, como sería el acercamiento de presos vascos a Euskadi. Nos encontramos, además, que la condena reciente a De Juana Chaos constituye una nueva muestra de la violación del derecho a la libertad de expresión, mientras prosigue en la Casa de Campo de Madrid el aberrante juicio del macrosumario 18/98 y persiste la amenaza de criminalizar a nuevos grupos o acciones de violencia callejera que, aun siendo inoportunas, son demagógicamente incluidas en la categoría de "terrorismo". A todo esto hay que añadir el retraso en la constitución de una mesa de partidos mediante el permanente emplazamiento a la izquierda abertzale para forzarle a ajustarse al corsé de una ley de excepción como la Ley de Partidos, criticada desde muy distintos ámbitos jurídicos e incluso por organizaciones como Amnistía Internacional.
Pese a este preocupante panorama, hemos visto también cómo han aparecido diversas iniciativas a favor de la apertura efectiva de este proceso, principalmente la promovida en abril pasado por mujeres vascas de muy diversas sensibilidades políticas, conocida como Ahotsak, y la Declaración internacional suscrita en octubre por Mario Soares, Pérez Esquivel y Gerry Adams, entre otros. La primera tiene especial relevancia por la creciente pluralidad de adhesiones que está consiguiendo no sólo entre mujeres de partidos y sindicatos vascos sino también de organizaciones feministas dentro y fuera de Euskal Herría. Las tres premisas que exponen en su documento y que se basan en que el concepto de paz tiene que ver con la democracia y la justicia social, en que todos los proyectos políticos se pueden y deben defender y en que "todos y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y materializado y, si fuera necesario, tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos", constituyen sin duda un mensaje claro cada vez más transversal en amplios sectores de las sociedades vasca y española. Su voluntad de trabajar juntas para "blindar el proceso, para que no embarranque, para que no se frustre" debería ser compartida y extendida por todos los lugares del Estado español con iniciativas similares en los ámbitos de la cultura, del movimiento sindical y de otros movimientos sociales.
Urge, por tanto, una fuerte presión popular sobre el gobierno para que no se deje chantajear por la derecha y dé pasos efectivos adelante en los próximos meses, anteponiendo así la necesidad de responder a esta oportunidad histórica de avanzar hacia una paz justa y duradera frente a cualquier temor electoralista a corto plazo. Es en esa labor de presión en donde la izquierda consecuentemente democrática en el estado español tiene que dar también un paso adelante que ayude a contrarrestar el revanchismo reaccionario de la AVT, el PP y otras organizaciones y poderes afines, esforzándonos por hacer visible una amplia corriente de opinión favorable a la superación de un conflicto heredado de una transición que hizo oídos sordos a la demanda mayoritaria del pueblo vasco a favor de su autodeterminación.
Porque ahí está el núcleo duro de un "problema" que no será tan fácil de eludir como finalmente ha ocurrido con la reforma del Estatut catalán gracias al pacto entre el PSOE y CiU, secundado por ICV-EuiA. Pero para ello hace falta difundir por todas partes la exigencia democrática del respeto al derecho del conjunto de la ciudadanía vasca a decidir su futuro, contribuyendo así a que se reabra el debate sobre la necesidad de una "segunda transición" a escala estatal y sin olvidar que ese objetivo pasa ahora también por impedir que esa fraudulenta ley de "punto final", antes llamada de "memoria histórica", que prepara el gobierno suponga una nueva amnistía para el franquismo.
