Pepe Mejía (1)

"El primer mundo genera exclusión hacia dentro y hacia fuera. Se han endurecido las condiciones de entrada de ciudadanos de otros países por nuestras fronteras, mediante legislaciones represivas que normalmente se extienden a toda la sociedad y alientan directa o indirectamente el racismo y la xenofobia. La paradoja no por cruel resulta menos evidente: libre circulación de dinero y mercancías pero no de las personas, tratamiento no discriminatorio del capital pero sí de las personas" (2)

La actual globalización económica conlleva la flexibilización de los sistemas productivos que a su vez configuran nuevos modelos de relaciones laborales. Cada vez es más evidente la mercantilización de la mano de obra que afecta fundamentalmente a mujeres, inmigrantes y a jóvenes de cualquier sexo y origen. La globalización de la economía se rige por dos principios: la libre circulación de capitales y mercancías y la movilidad de la mano de obra. Esta última en función de las necesidades del mercado y sus sistemas productivos.

Flujos humanos que en 2005 totalizaron la cifra de casi 25 millones de emigrados, de los que cerca del 50% son mujeres, frente a los 21 millones registrados cinco años antes, sobre una población total de 523 millones. Cerca de 18 millones se encuentran en EEUU, de modo que a Europa sólo llega una pequeña parte. En España hay 1,2 millones de latinoamericanos censados. A pesar de que una minoría llega a Europa, Moratinos, el Ministro de Exteriores español, está empeñado en volver a implantar el visado de turismo para latinoamericanos. El pasado 23 de noviembre, la Unión Europea (UE) acordó por unanimidad exigir visado a los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia a partir del próximo 1 de abril. 133 Estados, entre ellos Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Irán, Irak, Perú, Pakistán y Rusia, están en la lista de países cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar en la UE (3).

En cuanto a los flujos migratorios, recordad que España, entre los años 1880 y 1980 tuvo seis millones de emigrantes. Hoy 200 millones de personas viven fuera de su lugar de origen. Es el equivalente al 3% de la población global, según el informe de NNUU sobre Inmigración dado a conocer el 6 de septiembre pasado. En el Estado español existen cuatro millones de inmigrantes. El 10 por ciento de la población es inmigrante. La inmigración que viene es un flujo laboral. El extranjero viene a trabajar. Uno de cada cuatro extranjeros que llegan a europa se queda en España. Esta presencia laboral hace que el 2 % del PIB sea producto de los extranjeros dentro de una realidad que viene determinada por ciclos de fuerte crecimiento económico, una muy consolidada "economía sumergida" (20/25% del PIB), el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad.

"Sólo el año pasado, América Latina y el Caribe generaron un total de 26 millones de migrantes internacionales, lo cual representa el 13% del total mundial. Por supuesto, Estados Unidos continúa siendo el país de destino para la gran mayoría de estas personas, que se caracterizan por los firmes lazos que mantienen con sus países de origen" (4).

El informe del BBVA "Perspectivas demográficas y tasa de paro" señala que en el 2020 habrá en España escasez de mano de obra lo que aumentaría los costes salariales, y propone desde ya regularizar un cupo de 90.000 inmigrantes por año. François Bourguignon, economista jefe del Banco Mundial, aporta un dato: un incremento del 3% en la fuerza de trabajo por la emigración -unos 14,2 millones de personas- podría traducirse en un aumento de la riqueza mundial del 0,6% para 2025.

"Desde que comenzó el fenómeno de la inmigración se ha creado cuatro millones de empleos en España", afirma el economista Juan José Dolado, Catedrático de Economía de la universidad Carlos III de Madrid (5).

Según el Informe semestral sobre la economía española y contexto internacional (I/2006) elaborado por la Caixa Catalunya, los sectores en donde suelen trabajar los inmigrantes son: servicios domésticos (33%), construcción (21%), actividades agrarias (14%) y hostelería (10%).

En Madrid, 9 de cada 10 inmigrantes trabajan en la construcción o en el servicio doméstico, según el estudio Inmigración, formación y empleo en la Comunidad de Madrid (2006) elaborado por el CSIC (6).

De ahí la importancia para algunos del control de los flujos migratorios y la persecución e ilegalización de la inmigración no controlada. En contraposición no se plantean medidas de control similares para el cierto peligro que supone la libre circulación de capitales, sin límites ni cupos.

El objetivo es una mayor desregulación del mercado laboral para conseguir la bajada de los costes laborales y tener así una mayor competitividad. Según la EPA, citado por el informe del BBVA Situación de España, Mayo 2004:"una cuarta parte del empleo generado desde el 2000 está desempeñado por inmigrantes, lo que ha supuesto una desregulación de facto del mercado laboral".

Esta desregulación repercute en el crecimiento económico. Un informe de la Caixa de Catalunya, "muestra los efectos positivos que ha tenido y tiene la inmigración en el crecimiento económico de nuestro país". Según este informe "durante el periodo 1995-2005 el PIB per cápita aumentó en España una tasa del 2,6 por ciento, pero sin inmigración se habría reducido en un 0.64 por ciento". En este mismo sentido se pronuncia el Banco de España en su último Boletín económico. En términos netos las consecuencias económicas de la inmigración son positivas.

Un reciente informe de la Comisión Europea, citado por el Ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso en su sesión del 7 de septiembre pasado, dice que países que abrieron sus mercados de trabajo desde 2004 -Reino Unido, Irlanda y Suecia- han experimentado un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta tasa de empleo.

Teniendo en cuenta la riqueza que generan los inmigrantes es superior al 10% del PIB, Madrid necesitará medio millón más de extranjeros de aquí a 2010, según dijo recientemente el Consejero de Empleo, Juan José Güemes (7).

Pero no nos engañemos. Los intereses del mercado no son necesariamente los intereses de los y las trabajadoras inmigrantes. La economía de mercado provoca exclusión y necesita mano de obra barata a la que se puede explotar sin reconocer sus derechos. Existe una corriente de opinión favorable a la apertura "controlada" de nuestras fronteras para recibir sólo a los trabajadores que nos conviene, que conviene a la economía nuestra, a nuestros empresarios, pagarles lo mínimo y, si es posible, negarles sus derechos como por ejemplo su derecho al voto en las elecciones (8). Diversos líderes de opinión vinculados a las grandes empresas y centros financieros apuestan por un inmigrante que trabaje mucho pero que no conviva con nosotros. Los queremos en los campos alejados de las urbes, en El Ejido, en Almería, pero los rechazamos en la convivencia.

CENTROS DE EXTERMINIO PARA EXTRANJEROS

Llegados a este punto, concluimos que la inmigración es algo más que la llegada de los cayucos, las pateras y las "avalanchas" (9). Ante esta situación, la política europea pasa por la intensificación de las medidas represivas (10) y el endurecimiento de las normativas sobre entradas y expulsiones y supeditar la ayuda al desarrollo a los países emisores con la firma de acuerdos que impidan por la fuerza las salidas de sus territorios y admitan las devoluciones. Es en este sentido que el Gobierno español propone un Pacto de Estado (11) que la mayoría de las organizaciones que trabajan temas de inmigración rechazan. La propuesta del Gobierno de Zapatero señala, en su punto 11: "…deberán incrementarse los controles fronterizos mediante la dotación de más recursos humanos y técnicos…". De aplicarse este punto, las profundidades del mediterráneo y el atlántico se convertirían en la mayor fosa común del mundo con más de 5000 cadáveres. En el punto 12: …"aumentar sustancialmente la capacidad de repatriación de aquellas personas que accedan irregularmente a nuestro territorio o se encuentren en dicha situación". Es decir, agilizar la expulsión de inmigrantes. El Pacto, que ofrece el Gobierno, dice en su punto 13: "….mejorar e incrementar las infraestructuras de acogida e internamiento de los extranjeros en situación de irregularidad abordando la construcción de nuevos Centro de Internamiento en todo el territorio nacional…". De esta manera se pretende ampliar los 40 días actuales de internamiento a seis meses de reclusión (12).

Otro aspecto pernicioso de la propuesta del Gobierno es ligar la política de inmigración a la irrisoria política de cooperación al desarrollo. El punto. 23 del referido Pacto dice: "La coordinación de nuestra política de inmigración con la política de cooperación al desarrollo, en la que, sobre la base de la selección de los países prioritarios, se dé prioridad a aquellos que cooperen en la lucha contra la inmigración ilegal".

Y, por último, el punto. 24 dá cobertura para que las remesas, enviadas por las y los inmigrantes a sus países de origen, puedan ser controlados por la gran banca. La misma banca que en esos países han impulsado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, motivo por el cual emigran.

NI REFUGIO NI ASILO

Pero no solamente se niega la entrada de personas que huyen de la miseria y el empobrecimiento sino que también se deniega el auxilio y la protección a las personas que salen de sus países amenazadas de muerte o que han vivido situaciones de guerra. Tan es así que España denegó el 87% de las 2.504 solicitudes de asilo recibidas en el primer semestre de 2006, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (13).

España no reconoce ni garantiza el derecho de asilo tal y como lo establece la Convención de Ginebra.

DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La presencia de inmigrantes en nuestras sociedades también repercute en la prestación de los servicios públicos. Es indudable que el número de habitantes de nuestras ciudades ha crecido, pero los servicios públicos básicos no se han desarrollado acorde a las necesidades. Muy por el contrario. En muchos casos se alienta a su privatización o, en el mejor de los casos, no se invierte en servicios públicos. La no inversión en servicios públicos está originando conflictos sociales y el aumento del racismo y la xenofobia. Como señala muy acertadamente el Manifiesto contra la pobreza, la exclusión social y por el derecho a la emigración que se difundió a raíz de los graves sucesos ocurridos en el 2000 en Terrassa "ampliar los recursos de la enseñanza pública para que se puedan desarrollar programas de integración cultural, adaptados a las necesidades, y para que la conflictividad y la diversidad puedan ser tratadas de manera adecuada" (14).

Y, desde luego, la presencia de inmigrantes también tiene su reflejo en los números de la Seguridad Social. En diciembre del 2000 había 452.000 afiliados. En agosto de 2006 había 1.848.494. Según un estudio de la propia Seguridad Social, las aportaciones realizadas a partir de 1999 han llegado a 21.000 millones de euros. La tasa de dependencia interna, esto es, la relación entre trabajadores activos y pensionistas es actualmente para los trabajadores extranjeros de 30,96, es decir, cada 31 trabajadores extranjeros alimentan a un pensionista extranjero. En el conjunto de la afiliación es de 2,4 cotizantes por cada pensionista. Uno de cada siete cotizantes en Madrid es extranjero. Es decir, 411.449.

La diferencia entre lo que los inmigrantes reciben por sanidad y educación y otros beneficios sociales, y lo que aportan en concepto de cotizaciones, es de cinco mil millones de euros: el 0,5% del PIB o la mitad del superávit de la administración pública en 2005 (15).

LAS REMESAS

Otro aspecto a tener en cuenta son los flujos financieros. Tal es el calado de los dineros que envían los migrantes a sus países de origen que desde las más altas instancias se ha marcado el objetivo.

"Por nuestra parte hemos planteado que se considere de manera especial el tratamiento de las remesas de los emigrantes como fuente y herramienta de desarrollo. En el año 2002 tales remesas totalizaron 80.000 millones de dólares y se estima que este año han sobrepasado los 100.000 millones anuales. Las remesas de los emigrantes son ya la segunda fuente más importante de capital para los países en desarrollo, por encima incluso de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Hay que crear las condiciones para que desplieguen todo su potencial y por eso hay que reducir los costes de envío para que no se quede tanto dinero por el camino. Además, para que ese dinero ayude más al desarrollo hay que facilitar el acceso a micro-créditos de las familias receptoras para que emprenda iniciativas y proyectos" (16).

El Banco Mundial ha elaborado un amplio análisis en el que muestra el potencial de estos flujos y, en concreto, de las remesas, en la lucha contra la pobreza. Con 232.000 millones de dólares (197.295,7 millones de euros), estas transacciones suponen la mayor fuente de capital externo para muchos países empobrecidos.

En estudios comparativos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 23 países sobre las remesas, los datos impresionan, pues éstas «superan el volumen de la afluencia de asistencia oficial para el desarrollo en cada país; equivalen a más del 150% de los intereses sobre el total de la deuda externa pagada por América Latina y el Caribe durante los últimos cinco años; y representan por lo menos el 10% del PIB en seis países: Guyana, Haití, El Salvador, Jamaica, Nicaragua y la República Dominicana» (17).

Las transferencias de dinero se han duplicado cada cinco años desde 1980 y al menos en cinco países centroamericanos ya representan entre el 10% y el 15% del producto interior bruto (PIB), mientras que para países como Bolivia y Ecuador suponen ya entre el 5% y el 6% y más del 3% para Colombia (18).

Remesa a remesa, los más de millón y medio de latinoamericanos que viven y trabajan en España mandaron en 2005 a sus familiares un total de 3.207 millones de euros (4.008 millones de dólares), según el Banco de España. Una cuantía que casi iguala a la inversión directa de las empresas españolas en la región, que ascendió a 3.573 millones de euros el año pasado, según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Con las remesas que envía España se podrían pagar nada menos que el salario anual de 5,4 millones de trabajadores. En definitiva, en América latina sobreviven más personas gracias a las remesas enviadas por sus familiares que por el turismo o las inversiones extranjeras. Estas, incluida la gran banca, destruyen empleo y ayudan al aumento de la pobreza.

Sin embargo, no todas las remesas son "formales". Según cálculos del FMI y el Banco Mundial, "las remesas informales podrían suponer entre el 35% y 75% de la cifra oficial de remesas a países en desarrollo" (19).

En España, más del 50% de las remesas enviadas a los países de origen son "informales" y no están cuantificadas en las estadísticas oficiales, según el Presidente de la Agencia Nacional de Agencias de Envío de Dinero (ANAED), Juan Dalmau. A pesar de ello, las 44 remesedoras que operan en España de forma oficial realizan un 80% de los envíos, frente al 20 por ciento restante que llevan a cabo los bancos y cajas.

Entre las remesas informales cabe citar muy especialmente el método "hawala" utilizado por millones de pakistaníes e indios y que tiene sus orígenes en los intercambios comerciales producidos en la ruta de la seda. El método hawala se basa en la confianza mutua y no figura registro alguno. Algunos expertos, como Pesquera (20), señalan que en Bangladesh alrededor del 40% de los envíos totales se hacen con este sistema. En Sudán representan hasta el 85% del total. Si se tuviera en cuenta las transferencias realizadas por canales informales en el mundo, su valor sería aproximado a los 200.000 millones de USD.

Otra forma de envío que no se contabiliza estadísticamente como remesa son los giros postales. Argentina no se encuentra entre los 10 primeros países receptores de remesas. No es de extrañar. Las últimas crisis financieras sufridas en aquel país -"corralito"incluido- y un sistema bancario gravado por altos tipos de interés y comisiones elevadas de dinero entrañan la desconfianza hacia las principales entidades financieras. De ahí que se prefiera los canales informales.

No solamente las más altas instancias bendicen con especial interés el control de los flujos financieros vía remesas, sino que la gran banca, depredadora de empleo en los países de origen de inmigrantes residentes en Europa, también se mueve para acrecentar sus beneficios. En este sentido se ha creado la Plataforma Bravo (21) para el envío de dinero.

A esta guerra por el control de las remesas enviadas por inmigrantes también se han unido últimamente los grandes almacenes que ofrecen servicios de envío de remesas o la compra de artefactos eléctricos, pagados aquí y recogidos en los países de origen. En Perú una empresa privada (Supermercados Wong) facilita, a través de Internet y vía tarjeta de crédito del país de residencia del emigrante la compra de productos alimenticios (y otros asociados con bienes del hogar) para que dicha compra sea entregada al receptor designado y localizado en Perú.

Y es que en el control de estas remesas está en juego mucho dinero. Uno de los sectores más afectados son los locutorios. Enviar remesas por un locutorio, puede generar unos beneficios mensuales de más de seis mil euros.

La diferencia de precios radica que las "remesedoras" (22) cobran una cuota en origen y los bancos cobran en origen y destino. Las tarifas para enviar dinero oscilan entre el 3,7% y 22% del monto enviado. En la última cumbre euroafricana de Rabat, hace dos meses, Francia planteó suprimir los costes de las remesas. Una propuesta novedosa y posiblemente más efectiva para el desarrollo de muchas naciones que la propia ayuda al desarrollo. Sin embargo, en la misma línea, el Gobierno español se comprometió a rebajar sustancialmente el coste de los envíos pero no a suprimirlo.

Tal es el interés por el control, que en los últimos años grandes entidades financieras han creado o comprado remesedoras acentuando el monopolio financiero en pocas manos.

Es el caso de Banesto, que posee Cambios Sol, y de Santander, con Latinoenvíos.

"Vimos que nuestros clientes extranjeros retiraban el dinero de sus cuentas y lo mandaban a través de las remesadoras. Por eso compramos una", explica Fernando Silva, responsable de banca internacional del Santander. Sin embargo, el banco pionero en el envío de capitales en España fue BBVA. En 2002 fundó DineroExpress. Hoy, lo que comenzó siendo una remesadora ejerce de agencia multiservicio especializada en inmigrantes. El Popular ha seguido su ejemplo y ha lanzado la filial MundoCredit.

En la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Montevideo los días 3, 4 y 5, se ha dado un considerable espaldarazo a la banca internacional para que siga medrando en ese continente a costa de las remesas que envían los y las inmigrantes para paliar los efectos de la crisis económica ocasionada por las prácticas laborales de las Empresas Transnacionales españolas.

"La acumulación del capital español, que está situando a ese país entre los más ricos del mundo (la renta per cápita superará a la italiana el año próximo y a la alemana antes de ocho años), sería impensable sin los negocios que realiza en América Latina y sin la explotación de los inmigrantes. Si ahora echan mano de las remesas, habrán dado un paso de gigante en la carrera mundial por apropiarse de una porción destacada del capital (23)".

A MODO DE CONCLUSIÓN

Los flujos migratorios están originados por las políticas de ajuste estructural aplicado en los países de origen. Reivindicamos el derecho a la libre circulación de ciudadanos. Una vez llegados a nuestras sociedades, exigimos el reconocimiento del derecho a la ciudadanía y la regularización de su situación administrativa. No pueden estar arrestadas o "internadas" cuando no han cometido un delito. Trasladarse de un país a otro no es delito.

En esta misma línea, exigimos el cierre de los 174 Centros de Internamiento para Extranjeros que existen en los 25 Estados miembros de la UE tal como pide la Campaña Europea "No a la Europa fortaleza".

Exigimos que se garantice el derecho de asilo y refugio tal como lo establece la Convención de Ginebra. En cuanto a los servicios públicos, los Estados deben comprometerse a rechazar cualquier tipo de privatización e invertir en ampliar sus beneficios y garantizar que toda la población lo disfrute. Los servicios públicos no son mercancía, son el instrumento para desarrollar ciudadanía y evitar el racismo y la xenofobia.

Constatamos la gran aportación que los inmigrantes realizan en los países de acogida. Aportación al desarrollo de los países del Norte y aportación a sus países de origen en forma de envío de remesas a sus familiares. Teniendo en cuenta que las entidades financieras han sido y son las principales responsables de la destrucción de empleo que originan los flujos migratorios, instamos a que la gran banca no gestione los dineros de los inmigrantes y más bien se busquen fórmulas alternativas de envío que aseguren la inversión en proyectos de desarrollo a través de la banca ética o alternativa.

Madrid, 4 de diciembre de 2006

 

Notas

1.  Periodista y Coordinador de Inmigración de ATTAC-Madrid. Este documento es una aportación a la ponencia que sobre Inmigración Attac presentará en la Conferencia Internacional a celebrar en Catania.

2.  Manifiesto “No somos mercancía” firmado por la Fundación 1º de Mayo, Izquierda Unida, Fundación de Investigaciones Marxistas, Plataforma 0’7, Acsur Las Segovias, Sodepaz, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Plataforma Anti-Maastricht y Plataforma Rural entre otros, con motivo de la reunión de la OMC en Seattle el 30 de noviembre de 1999. Publicado en Retos de la inmigración en España. Reflexiones, sugerencias, sensibilidades. Coordinador: Alfredo Hidalgo Lavié. Co-autor: Pepe Mejía. Diputación de Cádiz. 2001.

3. Ver: www.attacmadrid.org/d/7/061028140329.php

4. Kofi Annan, secretario general de la ONU. 3 de noviembre de 2006. Discurso en la ceremonia de inauguración de la XVI Cumbre Iberoamericana de Montevideo.

5. El País, 5 de noviembre de 2006

6. Ídem.

7.  El País, 5 de noviembre de 2006

8. En agosto de 2006, el Responsable del Grupo parlamentario socialista declaró que el Gobierno del PSOE estaría dispuesto a conceder el derecho de voto a los inmigrantes de acuerdo a los Convenios suscritos con los países de origen. Posteriormente, la Vicepresidenta del Gobierno desautorizó al Responsable y dijo que el derecho de voto a los inmigrantes no era un tema prioritario para el Gobierno. Según datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en diciembre de 2005, el 60,8% de los españoles están de acuerdo de que los inmigrantes participen en las elecciones. A finales de noviembre de 2006, fuentes de la inmigración confirmaron al autor de este trabajo que 200 rumanos del Corredor de Henares de Madrid se habían afiliado al Partido Popular (PP) de derecha. El Gobierno de la derecha en Madrid alienta el clientelismo electoral entre las asociaciones de inmigrantes subvencionando sus actividades y periódicos. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares –cuyo alcalde es del PP- se gastó 60.000 euros en los festejos por el Día Nacional de Rumanía el pasado 3 de diciembre. En Alcalá viven 15.000 rumanos, un 8% de la población. Rumanía entrará en la UE el 1 de enero de 2007, y eso significa que los rumanos podrán votar en las elecciones de mayo de 2007.

9.  Los flujos migratorios están estrechamente relacionados con las políticas económicas de los países del Norte en detrimento de los del Sur. Además, resulta curioso que, mientras la UE pide políticas migratorias abiertas para conservar el actual Estado de Bienestar, no se garanticen los derechos humanos básicos de los inmigrantes. Queremos inmigrantes que nos hagan el trabajo más indigno, pagarle cuatro perras para que a nosotros nos salga más rentable y no reconocer sus derechos humanos. (Retos de la inmigración en España. Reflexiones, sugerencias, sensibilidades. Coordinador: Alfredo Hidalgo Lavié. Co-autor: Pepe Mejía. Diputación de Cádiz. 2001).

10.  En agosto de 2005, 13 africanos cayeron bajo las balas de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes en la zona fronteriza de Ceuta y Melilla, mientras intentaban atravesar la alambrada para alcanzar territorio español, en compañía de varios centenares de candidatos a la emigración.

11.  Entre otras cosas cerrará las posibilidades de nuevos procesos de regulación y será más restrictivo el derecho al reagrupamiento familiar. Responsables de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración han manifestado, en reuniones mantenidas con dirigentes de organizaciones de inmigrantes a finales de noviembre de 2006, que el Gobierno no prevé nuevas regularizaciones de inmigrantes. Responsables del PSOE consideran que en el pasado proceso de regularización ya pagaron un alto costo político-electoral.

12.  El 1 de noviembre de 2006, 12 subsaharianos huyeron del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para evitar ser deportados a Guinea-Bissau. Estos subsaharianos llevaban en el centro más de un año. Llegaron a la ciudad autónoma tras saltar la valla fronteriza en la madrugada del 29 de septiembre de 2005. Todos los guineanos fugados llegaron a Ceuta después de ocho años de huida tras la guerra civil declarada en el país en 1998. Ellos dijeron: “preferimos morir a tener que enfrentarnos de nuevo con la pobreza de nuestro país y el sufrimiento de no tener familia allí”. (El País, 4 de noviembre de 2006). En los Países Bajos, Amnistía Internacional (AI) señala con el dedo las condiciones de detención y el trato reservados a los demandantes de asilo. El 27 de octubre de 2005, 11 personas perdieron la vida durante el incendio que azotó el centro de retención del aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, superpoblado con 350 personas. En el pasado, este centro se quemó en dos ocasiones en 2003 y 2004. A pesar de las recomendaciones que hicieron los servicios de prevención incendios, las autoridades no tomaron ninguna medida, provocando una nueva tragedia.

13.  El País, 5 de noviembre de 2006

14.  Retos de la inmigración en España. Reflexiones, sugerencias, sensibilidades. Coordinador: Alfredo Hidalgo Lavié. Co-autor: Pepe Mejía. Diputación de Cádiz. 2001.

15.  Remesas, inmigración y acumulación de capital. Agencia Latinoamericana de Información. Raúl Zibechi. 20 de noviembre de 2006.

16. Discurso del Presidente de Gobierno, Don José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión de alto nivel sobre financiación del desarrollo. Nueva York, 14 de septiembre de 2005

17. Diario de Navarra.es, 25 enero de 2006.

18. El País, 14 de noviembre de 2006.

19.  “Remesas informales en España: métodos, destinos y usuarios” en www.remesas.org/remesasinformales.html.

20.  Francisco Javier Pesquera Morón, Gerente de la Unidad de negocio de Alicante y Albacete en Bancaja

21.  Integrado por 32 cajas de ahorro y disponible en 16.000 oficinas aproximadamente. Confederación Española de Cajas de Ahorro, Obra Social y Relaciones Institucionales. “La plataforma de remesas de las cajas de ahorros ya está operativa en 11.000 oficinas para envíos a siete países”. Nota de prensa 30 de junio de 2005. Madrid. España. P. 2

22. En el registro del Banco de España aparecen autorizadas 44 remesadoras distintas. De estas, tres son agentes de MoneyGram (RD Money Transfer, Money Express y Cambios Sol) y otras tantas de Western Union (Forex, Cambitur Internacional y Angelo Costa).

23. Remesas, inmigración y acumulación de capital. Agencia Latinoamericana de Información. Raúl Zibechi. 20 de noviembre de 2006.