Editorial 

Los efectos negativos del injustificable atentado cometido por ETA en Barajas el pasado 30 de diciembre están todavía muy cerca y no es fácil prever la evolución de los acontecimientos en los próximos meses. La perspectiva de elecciones municipales y autonómicas en mayo y de las generales dentro de poco más de un año no permite, sin embargo, tener grandes esperanzas en que el gobierno de Zapatero, con la mirada puesta en las encuestas, se atreva a dar los pasos adelante que tenía que haber empezado a dar tras la declaración de alto el fuego permanente de ETA, brutalmente roto por esta misma organización con la bomba que provocó la muerte de dos trabajadores de origen ecuatoriano. Por eso, ahora más que nunca, para salir del nuevo riesgo de parálisis y contrarrestar la presión de la derecha política, mediática y judicial, es necesario dar un creciente protagonismo a las iniciativas que se estaban desarrollando desde los movimientos ciudadanos y que han de encontrar en esta nueva etapa un nuevo impulso. La manifestación del 13 de enero en Bilbao e incluso la de Madrid ese mismo día, a pesar de las intenciones y las inútiles concesiones hechas por los convocantes al PP (que tuvo en el Secretario General de CCOO un valedor especialmente activo), han reflejado también la voluntad de amplios sectores de la población de no ver frustrada la esperanza de reanudar el camino del diálogo.

Es cierto que para retomar esa actividad desde las mujeres de Ahotsak, el profesorado universitario de Elkarbide, las gentes del derecho promotoras de la Iniciativa Jurídica para la Defensa del Proceso de Paz, la campaña "Sí al procés de pau" en Catalunya, la Red por las libertades y el diálogo de Madrid o la iniciativa recientemente surgida en Euskadi "Milakabilaka", la nueva declaración de ETA anunciando un "alto el fuego" condicionado no ayuda en absoluto. Destacados dirigentes de Batasuna así lo están reconociendo y sería necesaria una rectificación urgente de ETA proclamando el mantenimiento del cese de la violencia sin condición alguna.

En cualquier caso, lo que es evidente es que el desbloqueo efectivo del proceso implica no sólo la renuncia definitiva a métodos de acción completamente incompatibles ética y políticamente con cualquier estrategia que tenga una vocación emancipatoria (siendo, además, el "coche-bomba" una manifestación extrema de esa incompatibilidad), sino también el respeto de libertades y derechos básicos, constantemente vulnerados en lo que afecta a la izquierda abertzale (ahora criminalizada de nuevo con la extensión de la categoría de "terroristas" a sus organizaciones juveniles por el Tribunal Supremo) e incluso al propio lehendakari Ibarretxe, citado a declarar el 31 de enero por haberse reunido con Batasuna por el Tribunal Superior de Justicia Vasco. De nuevo comprobamos aquí la contradicción entre el discurso dialogante de Zapatero y la no aplicación de la legalidad en política penitenciaria (jactándose incluso de haber hecho menos que Aznar) o el mantenimiento de una Ley de Partidos heredada del pacto antiterrorista con el PP para ilegalizar a Batasuna; por no hablar de la aplicación de la "doctrina Parot" o del "derecho penal de autor" en el caso de Iñaki de Juana por el mero ejercicio de su libertad de expresión. Es esa involución la que pone radicalmente en cuestión la existencia de ese Estado de derecho que tantas veces se proclama, convertido cada vez más en un Estado penal no sólo frente al nacionalismo vasco sino también ante otros sectores de la sociedad, como la población trabajadora inmigrante, dentro de esa ola neoconservadora internacional que utiliza como coartada la lucha contra el "terrorismo", ya sea vasco o islamista, para neutralizar las reticencias ciudadanas al creciente recorte de las libertades.

La derogación de la Ley de Partidos adquiere una urgencia especial en un momento en el que existe el riesgo real de que la izquierda abertzale no pueda presentarse en las próximas elecciones municipales y en las forales de Navarra-Nafarroa. Si esa puerta no se abriera, se impediría así no sólo el derecho a la libre elección a un significativo sector de la ciudadanía vasca y navarra sino, sobre todo, el derecho a hacer política desde las instituciones a una fuerza política que ha manifestado públicamente su voluntad de contribuir al desarrollo de un proceso democrático y al fin de la violencia. Por eso se hace necesario estimular y favorecer iniciativas que contribuyan a la anulación de esa ley, tal como se está pidiendo por parte del propio gobierno vasco y partidos como ERC y, aunque más tímidamente, IU-ICV (grupo que, por cierto, en el debate parlamentario exoneró al gobierno de toda responsabilidad en el bloqueo del proceso). Constituye, además, un ejercicio de cinismo que partidos como el PP, que ha apoyado la guerra ilegal de EEUU en Iraq y sigue resistiéndose a condenar el franquismo, exijan a Batasuna o EHAK que para poder participar en las elecciones condenen la violencia de ETA.

Pero no nos engañemos. El proceso de resolución del conflicto vasco tiene dos carriles, como se ha repetido muchas veces: el de la desmilitarización y superación de las medidas de excepción, por un lado, y el de la búsqueda de una fórmula que garantice el respeto al derecho del pueblo vasco a decidir su futuro, por otro. Ambos corresponden a mesas de diálogo y negociación distintos pero son interdependientes, aunque tampoco se puede exigir que sean simultáneos. Habrá que avanzar por las dos vías pero siendo conscientes de que, sobre todo el segundo, obligan a forjar convergencias entre muy diversos sectores y organizaciones políticas, sociales y culturales no sólo en Euskadi sino en el conjunto del Estado español. Porque si la primera supone establecer un nuevo clima de respeto mutuo y superación de los daños causados a todas las partes, la segunda exige reabrir el debate sobre la "segunda transición", frustrado tras el paso del "Nou Estatut" catalán por la Moncloa y el Parlamento español. Esta vez no debería desaprovecharse la oportunidad de reconocer con todas sus consecuencias la realidad plurinacional existente dentro del Estado español y, por lo tanto, el derecho del pueblo vasco a la autodeterminación, o sea, a decidir su futuro libre y soberanamente. Como otras experiencias han demostrado, si hay voluntad política para abordar esa tarea, se pueden encontrar los cauces jurídicos para llevarla a la práctica, con mayor razón cuando en esta materia se conoce de sobra el papel de freno que la jerarquía militar franquista jugó en el mitificado y falso "consenso" en torno a la Constitución de 1978. El logro de este objetivo superaría uno de los principales déficit de aquella "transición" y, como decíamos en nuestra declaración del 31 de diciembre pasado, no debería interpretarse como ningún "precio político a pagar" sino como una obligación democrática inaplazable.