Adolfo Gilly / Sin Permiso [1]
En el acto de presentación del Informe [2]
preliminar sobre Oaxaca producido por la Comisión Civil Internacional
de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), el sábado 20 de enero
pasado, Carlos Monsiváis [3] planteó la siguiente pregunta:
“Un
punto a debatir en el análisis cultural del conflicto: ¿por qué no se
ha producido una gran movilización nacional en defensa de Oaxaca y su
gente agredida, golpeada, vulnerada tan vastamente como se describe en
este documento? ¿Por qué se ha decidido sin deliberar que es mejor ver
de soslayo o no enterarse de los agravios bárbaros a los derechos
humanos?”
Sin
embargo el informe preliminar de la Comisión, resultado de un total de
420 entrevistas a todos los sectores del conflicto, incluidas
autoridades estatales y federales, organizaciones, presos y ciudadanos
oaxaqueños ajenos al conflicto, es terminante. El primer punto de sus
conclusiones dice:
“La
Comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de
una estrategia jurídica, policíaca y militar, con componentes
psicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control
y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan
procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no
partidista”.
Es
decir, no se trata de “excesos” o de “actos aislados”, sino de una
estrategia gubernamental para paralizar por el miedo, no a las
formaciones políticas existentes, sino precisamente a estos procesos y
movimientos de la sociedad.
Las
muertes y desapariciones documentadas en las cinco primeras
conclusiones (1 a 5) del informe convergen en ese objetivo: aterrorizar
a la población, mediante “ataques en contra de civiles, en su inmensa
mayoría pertenecientes a grupos indígenas”, precisa el punto 5.
El
documento da la cifra provisional de 23 muertos documentados e
identificados, aunque la Comisión “tiene constancia de la muerte de
otras personas no identificadas”. Además, agrega, “existen sospechas
fundadas de la existencia de personas desaparecidas”, pero faltan
denuncias formales presentadas. Las personas tienen miedo. “Me
desaparecieron a un hijo. Si hago la denuncia, me desaparecen al otro”,
dijo una señora de Oaxaca a uno de los miembros de la Comisión.
I
Reproduciré a continuación, en toda su escueta crudeza, algunos de los puntos de las conclusiones de la CCIODH:
Punto
8: “Se han violado los derechos a paro sindical, libertad de expresión
sindical y libertad de cátedra del magisterio. La Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representada en la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ha sido el colectivo social
más fuerte y cruelmente afectado por el conflicto, sufriendo daños
materiales, hostigamiento, amenazas, agresiones, muertes y
desapariciones en un número significativo”.
Punto
9: “Las acciones represivas se han ejercido de forma indiscriminada
contra la población civil: hombres, mujeres, niños y ancianos,
utilizando gases lacrimógenos, gas pimienta, agua con químicos, armas
de medio y alto calibre, vehículos y helicópteros militares. En ellas
han participado cuerpos policiales federales, estatales y municipales y
grupos de elite, incluso con la intervención de efectivos militares en
tareas logísticas y de coordinación. Grupos de personas no uniformadas
con armas de alto calibre han practicado secuestros, detenciones
ilegales, cateos y disparos, en algunos casos utilizando vehículos
policiales y con la participación de funcionarios públicos”.
Particularmente significativo de métodos que se están constituyendo en norma, desde Atenco hasta Chiapas, es el siguiente punto del informe.
Punto
10: “Las fuerzas policiales estatales y federales han efectuado
detenciones arbitrarias e ilegales, de forma recurrente y en ocasiones
masivas, contra la población civil. Algunas detenciones también han
sido practicadas por civiles que, utilizando la fuerza, pusieron a
disposición de los cuerpos policiales, con beneplácito de éstos, a las
personas detenidas. Las detenciones se efectuaron con violencia física
y psíquica desproporcionada, a veces mediante secuestro. Se han
perpetrado agresiones sexuales contra los detenidos, mujeres y hombres”.
Estas
agresiones sexuales, según los procedimientos aún impunes utilizados en
mayo pasado contra las presas de Atenco, fueron realizadas durante los
traslados, en esa “tierra de nadie” que son los trasportes policiales.
Así lo registra el punto 13 de las conclusiones de la Comisión:
“En los
traslados se han vulnerado los derechos de manera especialmente grave,
realizándose torturas físicas (toques eléctricos, golpes, heridos,
quemaduras, etc.) y psíquicas. La CCIODH tiene indicios fundados de
violaciones a hombres y mujeres, según testimonios y cuadros clínicos.
En los traslados han participado cuerpos policiales, en ocasiones
efectivos militares y grupos de personas no uniformadas y armadas que
custodiaban a los detenidos hasta los penales”.
Vino
después, detallada en los puntos 14 a 24 del informe, la anulación de
todos los derechos procesales garantizados por la Constitución y las
leyes de la República, a lo cual se sumaron las condiciones del
encarcelamiento. En los puntos 19 y 21 se anota:
“Las
condiciones de habitabilidad, higiene, salubridad y alimentación que se
encontraron en las visitas a algunos penales vulneran los mínimos
establecidos en la legislación interna, así como los tratados
internacionales en la materia suscritos por México.” […] “Hay
personas que han sido recluidas en penales de mediana y alta seguridad
a pesar de tener la condición de presos preventivos y sin que exista
estudio o certificado alguno que justifique la peligrosidad de los reos
y la consecuente adopción de tal medida”.
II
Se
detallan después en el documento de la Comisión los efectos
psicosociales de la represión sobre la cual, dice el informe, “hay
sospechas más que fundadas para afirmar que miembros de cuerpos
policiales han entrado en hospitales para aprehender heridos”, práctica
abominable de los cuerpos represivos en México al menos desde los
tiempos de la “guerra sucia”. Dicen algunas de las conclusiones de la
Comisión:
Punto
26. “Se han detectado efectos y síntomas característicos de trastornos
de estrés postraumático y de trauma social. Los más señalados son:
revivir permanentemente los eventos traumáticos, despertar bruscamente
por las noches, terror nocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos,
miedo a la soledad, reactividad psicológica a estímulos internos y/o
externos, sentimiento de hipervigilancia y manía persecutoria. Hay una
percepción de aleatoriedad e injusticia, de indefensión, de pérdida del
control sobre la situación y sobre la propia vida. Constatamos la
dificultad de verbalizar lo que les ha sucedido”.
Punto
29. “Observamos un impacto importante de la estrategia psicosocial de
generación de miedo que tiene consecuencias importantes: el hecho de no
denunciar y el incremento de la desconfianza hacia las personas e
instituciones, fomentado además por la existencia de señalamientos y
acusaciones, campañas de odio, la incitación a la violencia y los
obstáculos jurídicos existentes”.
Punto
33. “A nivel social, constatamos el grave deterioro y la desconfianza
que la gente tiene en las instituciones, lo que está poniendo en grave
peligro las vías de participación democrática. Dado el alto grado de
violencia social imperante es posible que la estrategia de control
social empleada acabe generando reacciones de mayor intensidad y
violencia. Esta desconfianza en las instituciones y la impunidad con la
que actúan en los hechos descritos en este informe, dificultan el
diálogo de las partes en conflicto”.
III
Tres
formas específicas y agudas de la represión anota el informe: hacia los
defensores de derechos humanos (“ataques selectivos, hostigamiento,
amenazas, agresiones, campañas difamatorias, criminalización de sus
acciones”), hacia las mujeres y hacia las personas y pueblos indígenas.
Dicen las conclusiones de la Comisión:
Punto
39. “La Comisión ha documentado diversas y numerosas agresiones
verbales, físicas y sexuales (violaciones, cortes de pelo, golpes,
obligación de desnudarse, sentadillas, etc.) hacia las mujeres por su
condición de género. Las consecuencias han sido especialmente graves
porque han implicado, en casos documentados, daños físicos,
psicológicos y sociales como, por ejemplo, abortos traumáticos”.
Punto
41. “En las regiones de Valles Centrales, Mixteca, Sierra Sur y Costa y
en la zona Triqui se ha constatado un incremento de la presencia de
cuerpos militares, grupos de civiles armados y pistoleros, en algunos
casos comandados por caciques y presidentes municipales, que agreden,
asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muerte a la población
(incluídos niños y mujeres), provocando desplazamientos en algunas
comunidades con la consecuente fractura social y disgregación familiar”.
Sobre
las conclusiones aquí resumidas, el informe preliminar de la Comisión
Civil Internacional propone sus recomendaciones en dieciocho puntos, en
cuanto a las medidas necesarias para abrir salidas a esta situación.
Remito aquí a la lectura del informe completo en la página web de la
comisión: http://cciodh.pangea.org [4]
IV
En la página 28 de
La Jornada
de ayer, 21 enero 2007, apareció la siguiente información, procedente
del municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, fechada el 20 de enero:
“En
presencia de más de 50 policías ministeriales y preventivos, 200
pobladores de la comunidad Tierra Blanca del municipio de San Blas
Atempa lincharon a un presunto asaltante. ‘Esto fue un escarmiento,
quien quiera venir a robar aquí correrá la misma suerte’, afirmaron los
vecinos. Según los pobladores, el sujeto, identificado como Joel
Gallegos Jiménez, de 30 años, había asaltado una tienda de abarrotes
propiedad de Héctor Escobar”. El hombre fue “golpeado, arrastrado y
retenido en la Casa de Salud, donde fue desnudado”.
A las
tres de la tarde llegaron funcionarios judiciales y unos 60 agentes de
policía para rescatar al preso. Sin embargo, continúa la noticia, “una
hora más tarde los pobladores amarraron con una cuerda al presunto
asaltante del cuello y lo colgaron. Afuera de la Casa de Salud sólo se
escuchó un grito de dolor y la gente gritó: ‘Ya fue coronado, ahora que
se lo lleven’”.
En la página 30 de la misma edición de La Jornada,
aparece otra noticia: el transportista Albano Ramírez Santos, detenido
en la estación Indios Verdes del Metro, fue llevado a una agencia del
Ministerio Público en una patrulla de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal. Ileso cuando fue apresado según informa
el personal del metro, Albano Ramírez fue golpeado en el trayecto
dentro de la patrulla, perdió el conocimiento y llegó muerto, con
cuatro costillas rotas: causal de la muerte, según esta información,
traumatismo craneoencefálico y toráxico. Otro muerto en “tierra de
nadie”.
Dos
noticias, en un solo día, de una guerra larvada entre autoridades y
población en la vida cotidiana de esta sociedad. Contra este fondo es
preciso leer el alarmado informe de la Comisión Civil Internacional.
V
A
título absolutamente personal me dirijo desde aquí al escritor Carlos
Monsiváis, a la senadora Rosario Ibarra, al pintor Francisco Toledo y
al obispo emérito Samuel Ruiz, quienes han dado su apoyo al informe de
la CCIODH, para pedirles que, desde la autoridad de la cual gozan ante
sectores significativos de nuestra sociedad, vean los modos, las formas
y las urgencias para lanzar una campaña de movilización para la defensa
incondicional de los derechos humanos en nuestro país y para la
divulgación masiva de las conclusiones de la Comisión Civil
Internacional.
* Adolfo Gilly es miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO [5]