Rafael Lafuente
Los llamados “Planes de Actuación Integradas” PAI, son un mecanismo que la ley facilita a los Ayuntamientos para recalificar suelo “rustico” y convertirlo en “urbano” con parcelas urbanizables, multiplicando el valor del suelo de forma desproporcionada. En muchas ocasiones, los PAIS se acompañan de instalaciones deportivas elitistas, es decir, con campos de Golf.
En el ámbito del País Valencià, se han proyectado unos 90, que están pendientes de su aprobación en función de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en el mes de mayo de 2007.
Una vez destruida por la especulación inmobiliaria toda la costa valenciana desde las comarcas de Castellón, Valencia y Alicante, los constructores han puestos sus objetivos en la segunda línea, es decir, en terrenos entre 10 y 20 kilómetros del mar y que disponen de espacios naturales cercanos a los que ofrecer a los futuros compradores.
Un caso paradigmático de una actuación que reúne estos requisitos mencionados es el proyecto denominado “Dels Tarongers Golf Resort”, que se encuentra en la localidad de Albalat dels Tarongers, a los pies de la Sierra Calderona, a treinta kilómetros de Valencia, tres de la localidad de Sagunto y unos seis del Puerto de Sagunto, es decir, de la costa.
Se trata de una población de unos 800 electores, donde se pretende urbanizar 2.701.830 m2, con el correspondiente campo de Golf; 4.300 viviendas (unifamiliares, adosados, etcétera) y la construcción de varios hoteles. Este plan ha sido aprobado por unanimidad por el pleno municipal el 28 de diciembre de 2005, compuesto por 3 concejales del BLOC, 2 del PP y 2 del PSOE., con el agravante de estos concejales mencionados, disponen ellos o su8s familiares directos, de terrenos recalificables por la actuación urbanística.
El alcalde y los concejales para conseguir el consenso de los propietarios de terrenos agrícolas, se han aprovechado de la mala situación por la que pasa la venta de la cosecha de naranjas, para proponer cambiar los campos de cultivo por la especulación inmobiliaria, sin tener en cuenta ninguna consideración ambiental, de recursos necesarios (agua, energía, etcétera.) y del crecimiento espectacular de población que esto supone (4.300 x 3 = 12.900 habitantes).
En este contexto descrito y en el territorio afectado por la actuación, existen un colectivo de unos trescientos propietarios de parcelas con casas incluidas en las mismas, (algunos viven en el lugar todo el año, otros pasan más de la mitad del tiempo en estas casas, pero disponen de otra residencia muy cercana: Valencia, Sagunto, Puerto de Sagunto, etcétera.) a los cuales no se les consulta y, cuando se enteran, es por las notificaciones que el Ayuntamiento les manda a sus domicilios y que son los directamente perjudicados por esta especulación al no poder disociar los terrenos (entre 5.000 m2 y 800 m2) de la casa que disponen y que les obligan a participar obligatoriamente como socios.
El conjunto de afectados negativamente por el PAI, se han organizado en una “Asociación de Afectados” que incluye al 65% de los mismos y desde hace más de dos años han realizado manifestaciones, concentraciones, asambleas, recogidas de firmas, etcétera. hasta el punto de considerar importante y tener la capacidad de presentar una alternativa electoral para paliar los efectos desastrosos de este desproporcionado proyecto.
El alcande del BLOC, ha puesto todos los impedimentos que ha podido a los afectados: no ha recibido a los representantes de la asociación, que lo han solicitado muchas veces por escrito; les ha negado los locales municipales para realizar sus asambleas y reuniones, ha tratado de impedir el empadronamiento de principio a los afectados, que lo han solicitado, y solamente a consentido en respetar este derecho por las protestas de los afectados han realizado ante la Junta Electoral Central.
La última cacicada antidemocrática del alcalde ha sido el provocar el desempadronamiento de unos 28 afectados ante la Junta Electoral Provincial (donde en la comisión decisoria, los partidos mayoritarios PP y PSOE, comprometidos sus concejales de Albalat dels Tarongers en el PAI, cuentan con siete representantes a la hora de decidir).
Los afectados que confiaban poder incidir, para defender sus demandas y presentar otras propuestas más racionales, en el sistema de participación en las elecciones, han visto como han sido injustamente tratados, hasta el punto de que la comisión que decidió su exclusión del censo, no ha tenido presente las alegaciones últimas presentadas.
Es normal que este contexto de corrupción e indefensión que los ciudadanos confíen cada vez menos en el sistema de democracia formal y se produzcan los altos índices de abstención a los que nos estamos acostumbrando.
