El movimiento por una vivienda digna en Catalunya va creciendo poco a poco por todo el territorio. Desde la movilización social se ha conseguido poner el debate sobre la mesa. Entre la voluntad de cambiar las cosas y la instrumentalización política, todo el mundo se ha subido al carro y sin duda será un tema primordial de debate a las próximas elecciones municipales de mayo.

El proyecto de ley de la vivienda de la Generalitat se anuncia como la solución a este problema. El mismo preámbulo llega a prometer un "cambio de enfoque" ni más ni menos que "trascendental". ¿Sin embargo, responde realmente a las necesidades de la gente joven y de otros colectivos que hoy no pueden acceder en una vivienda digna? Vemos de qué se trata:

 El artículo 73 establece que "los municipios de Cataluña (...) tendrán que disponer, en un periodo de veinte años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% respecto del total de viviendas principales existentes". ¿Plazo de 20 años y proporción del 15%? ¿Dónde están los cambios "trascendentales"? Hay que advertir que el concepto de "viviendas destinadas a políticas sociales" es mucho más amplio que el de "viviendas con protección social", las cuales sólo forman una parte. Además, los precios no quedan definidos, ni claro está mediante qué instrumentos se podría hacer aplicar esta disposición.

 El artículo que ha creado más polémica es el que habla de forzar el alquiler de pisos desocupados. Este punto, que ha sido diana para la prensa más conservadora y para CiU y PP y que el conseller de Vivienda, Francesc Baltasar (ICV), ya ha dicho que está dispuesto a negociar, tiene pocas garantías de poder cumplirse:

 No se propone ningún tipo de participación ciudadana en la detección de viviendas desocupadas, cuando sería la manera más efectiva de conseguirla -todo se hace desde la Administración- ni distingue entre pequeños propietarios individuales y grandes empresas especuladoras.

 Si se dan incentivos fiscales a los arrendadores y ayudas a los arrendatarios sin imponer ninguna limitación a los precios, el resultado de todo es subvencionar un sistema mercantil que conserva la mayoría de sus propias reglas.

 El proyecto no concibe la vivienda como bien fundamental y objeto de un derecho universal exigible (habla de un "servicio de interés general"), y no garantiza el disfrute efectivo de este derecho.

Por estas razones, el proyecto de ley es completamente insuficiente. Hay que pedir desde la movilización ciudadana medidas estructurales que vayan a la raíz del problema, como:

 Incentivar el alquiler y la rehabilitación de viviendas en comparación con la propiedad y la nueva construcción.

 Despenalizar y regular la okupación de viviendas como alternativa real, factible y ecológica, mientras continúen existiendo millones de viviendas vacías.

 Se tienen que penalizar las viviendas vacías, para impedir la especulación. Para cualquier intervención eficaz sobre las viviendas vacías hace falta crear una definición jurídica clara y constituir un ’registro de las viviendas que incumplen su función social’.

 Promover una moratoria urbanística, hasta que se evalúen los efectos del último boom inmobiliario, y la derogación de la Ley del Suelo 6/1998 (que permite el ’muy urbanizable’).

En definitiva, hacen falta medidas de urgencia social para solucionar el grave problema que vivimos. Pero conseguir arrancarlas de la voluntad de la clase política y de las grandes empresas especuladoras sólo será posible desde la movilización social y ciudadana, desde nuestros barrios, ciudades y centro de estudios o trabajo. ¡Ha llegado la hora de llamar a la rebelión ciudadana contra todas las Marbellas!