Daniel Bensaïd / Rouge 13/04/2007*

La campaña de las elecciones francesas ha planteado, una vez más, la necesitad de una "reforma" de las instituciones… Una reforma que el Partido Socialista tiene muchas dificultades para definir.

"¿Francia presidenta?" La consigna de Ségolène Royal concluye todo un proceso de adaptación del Partido Socialista a la lógica bonapartista de las instituciones de la V República. Después de haber denunciado "el golpe de Estado permanente" que encarnaban estas instituciones, François Miterrand supo instrumentalizarlas para remodelar su propio partido y el conjunto de la izquierda, poniéndola al servicio de un uso monárquico del poder. Más tarde, Lionel Jospin continuó el mismo camino, dando apoyo a Chirac al instaurar el mandato de cinco años y al invertir el orden del calendario electoral de tal manera que las elecciones parlamentarias quedasen subordinadas a los comicios presidenciales. Jospin adoptó como consigna de su campaña "Presidir de otra manera". Como si no hubiera más que hacer un buen uso de las instituciones para cambiar su naturaleza. Ahora, la campaña de Ségolène Royal solamente es la última peripecia de esta "gran renuncia de la izquierda" que ha incapacitado a los socialistas a guardar ninguna distancia en relación con el régimen dominante: "Las instituciones piensan por ellos", resume el escritor Paul Alliès.

Desde Marx hasta Blum y Mendès-France, la oposición a la elección presidencial por sufragio universal fue siempre una posición compartida por la izquierda revolucionaria y la izquierda reformista. A la postre del golpe de Estado de Luís Bonaparte, Marx comprendió la función perversa de esta institución: "La Constitución se abole a sí misma al promover la elección del presidente mediante el sufragio directo de todos los franceses. Mientras que los votos de la ciudadanía francesa se dispersan entre los 750 miembros de la Asamblea Nacional, en este caso, por el contrario, se concentran todos en torno a un solo individuo (…) El presidente deviene entonces en el elegido de la nación. Frente a ella, dispone de una especie de derecho divino, que es lo que es por la gracia del pueblo."

VI República

Encontramos el mismo argumento, desde el año 1848, en boca del futuro defensor de la Comuna, Félix Pyat: "La República en la cual el presidente se atribuye el Título de jefe del Estado no es una república, sino un retorno a la monarquía. Un presidente designado por la mayoría absoluta de los sufragios del pueblo tendrá una fuerza inmensa y casi irreversible. Una elección de este tipo constituye un sacramento más divino que el aceite de Reims y la sangre de San Luís. ¡Monarquía o Comuna. Si queremos la Comuna, fuera la presidencia!" Estas críticas no son exclusivas de la extrema izquierda. Así, por ejemplo, el socialista Pierre Mendès-France declaraba en el año 1962: "Elegir un hombre sobre la base exclusiva de su talento, de sus méritos, de su prestigio, o bien de su habilidad electoral, supone una abdicación por parte del pueblo, una renuncia a mandar, a controlarse él mismo; representa una regresión en relación con una evolución que la historia nos ha enseñado a considerar como un progreso."

Con el paso de los años, esta "renuncia" ha ido engangrenando la vida pública, favoreciendo el clientelismo y la corrupción, expandiendo sus efectos a todas las regiones, privilegiando los nombramientos principescos en detrimento del control sobre los mandatos electos, personalizando y despolitizando a ultranza el debate electoral. La campaña actual marca una etapa complementaria en esta degradación de la vida pública. El papel de los grandes medios de comunicación (estrechamente vinculados al gran capital financiero y a los juegos de poder) confieren a la contienda un carácter plebiscitario sin precedentes. Marx decía de Napoleón, el nieto: "Ante la falta absoluta de personalidades de envergadura, el partido del orden se cree naturalmente obligado a inventarse un individuo único, atribuyéndole toda la fuerza que falta al conjunto de su clase y elevándolo así a la dimensión de un monstruo." Hoy día, este monstruo en miniatura dispone ya de su "sociedad del 18 de diciembre", de sus hombres de negocios. Igual que sus precursores de 1848, se presenta como "una barrera de protección de la sociedad" y acepta, como una especie de carga arrogada, "llevar sobre sus espaldas el peso de la responsabilidad de todo el mundo". Su fuerza radica sobre todo en la debilidad de sus oponentes, ocupados en disputarle el liderazgo del partido del orden justo. Al afirmar que "Francia dispone del mejor régimen político de su historia", Sarkozy pretende conducir hasta sus últimas consecuencias la lógica bonapartista de la V República, incluso si cabe inyectar en sus engranajes una ínfima dosis de parlamentarismo.

¿Qué diferencia pude haber con lo dicho por la señora Royal? Al final de su discurso el pasado 18 de marzo, se decidió a pronunciar la palabra de VI República: "Esta República nueva, fuertemente anclada en sus identidades y sus diversidades (…) será nuestra VI República". Pero, no solamente estamos delante de la apariencia de un cambio. "La naturaleza de la República, y no solamente de su número, es el que plantea un problema en Francia", como diría el ensayista Paul Alliès. La propuesta de Royal promete un mandato único, una dosis de proporcionalidad, la supresión del Artículo 49-3 de la Constitución (que establece la prerrogativa del decreto presidencial), pero no limita en nada los poderes del presidente. La "Francia presidenta" querría, bien al contrario, utilizar a fondo la función del jefe de Estado: "Yo seré la presidenta de la justa autoridad, ya que yo sé dónde voy y de qué manera he de llegar". Ella lo sabe tan bien que ha renunciado a proponer una asamblea constituyente, sin la convocatoria de la cual se hace complicado entender de qué poder emanaría su VI república. Y tiene suficiente con evocar un "comité constituyente", es decir, un organismo tan poco democrático como el sanedrín que cocinó, bajo la presidencia de Giscard, el Tratado constitucional europeo.

Derecho de control

Para que una izquierda digna de este nombre pueda resucitar del "sepulcro constitucional" en el que la izquierda liberal se ha enterrado voluntariamente, una reforma democrática radical exigiría la convocatoria de una asamblea constituyente y la supresión de la elección por sufrago universal de Presidente de la República, llave de vuelta del bonapartismo institucionalizado. Una reforma que tendría que comportar igualmente un mandato único renovable una sola vez, un sistema de representación parlamentaria proporcional por regiones -y no solamente una inyección homeopática de proporcionalidad- con una corrección nacional teniendo en cuenta el resto de las votaciones, el derecho de voto para todos los residentes extranjeros, el ejercicio garantizado del derecho de autodeterminación para los departamentos y territorios del ultramar… Esta reforma exigiría la supresión del Senado y su sustitución por una asamblea surgida de los movimientos sociales. Y tendría que radicalizar el derecho del suelo, oponiéndolo a cualquier noción genealógica de identidad hasta ampliar la noción de ciudadanía a todos los que vivan y trabajen en el territorio. Habría que suprimir también la tutela de los prefectos sobre los ayuntamientos -tradición heredada del Imperio, promover una expansión de la democracia municipal y sustituir el Consejo constitucional, nombrado por una comisión parlamentaria elegida por una mayoría de dos tercios de la cámara. Habría que, sobre todo, favorecer el reconocimiento de los derechos de control y autogestión en los lugares de trabajo, reducir los tiempos legales de trabajo a fin y efecto de facilitar la rotación de los mandatos y evitar la profesionalización del ejercicio del poder, instituyendo el principio de revocabilidad de los cargos electos por parte de electores y electoras y nivelando sus retribuciones con el salario de un trabajador cualificado.