
Contra la privatización de los servicios públicos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Agua, Televisión, Correos, Polideportivos, etc …)
Día 3 de diciembre, a las 18 horas. Desde la Plaza de la Villa a Sol
La libertad de expresión como excusa
Raúl Zibechi / ALAI-AmLatina
La polémica generada por la decisión del presidente venezolano Hugo
Chávez de no renovar la concesión de RCTV, está mostrando la forma de
operar de las derechas latinoamericanas que consiste en repetir los
mismos argumentos que expiden las usinas globales de los Estados Unidos
y Europa.
Apenas se escarba en el magma informativo provocado por la no renovación de la concesión de RCTV, se constata que las opiniones de los medios y de numerosos “analistas” del Sur muestran lo que verdaderamente son: repetidores de las ideas difundidas por los think tanks del Norte. Por eso conviene ir por partes para ver quién pone las ideas y quiénes se hacen los distraídos, como si la libertad de expresión no tuviera una larga y triste historia que, en este continente por lo menos, incluye un amplio abanico de violaciones: desde periodistas desaparecidos hasta ese pertinaz goteo de despidos de trabajadores de los medios.
Quién pone las ideas
Las usinas del pensamiento conservador estadounidenses y europeas son
las que están detrás de buena parte de los argumentos que exponen los
periodistas y políticos de la derecha latinoamericana. Hasta ahora eran
los centros de estudios de los Estados Unidos los que mayor influencia
tenían en la región. Pero eso parece estar cambiando. Un buen ejemplo
es la española FAES (Fundación de Análisis y Estudios Sociales) desde
la cual el ex presidente José María Aznar –quien se identifica con el
franquismo como lo demostró su partido en los últimos meses- influye en
los partidos de derecha de América Latina. “Una agenda de libertad” se
titula el último informe para la región que fue presentado a fines de
mayo en Buenos Aires y Sao Paulo. El informe define los problemas de
este continente: el “populismo revolucionario”, el “neoestatismo”, el
“indigenismo racista” y el “militarismo nacionalista”.
El informe de Aznar sostiene que los partidos de la derecha de nuestro
continente (liberales, democristianos y conservadores) deben plantearse
“el objetivo común de derrotar democráticamente el proyecto del
‘socialismo del Siglo XXI’”. En paralelo defiende que Estados Unidos
tenga una presencia más activa en América Latina. Qué tan democrático
es el camino que propone Aznar lo revelan sus contactos locales. En
Argentina presentó su informe junto al analista Rosendo Fraga, quien
apoyó la última dictadura militar que provocó el mayor genocidio en la
historia de ese país. En Brasil lo hizo junto a Jorge Bornhausen,
dirigente del Partido Demócrata (ex Partido del Frente Liberal), el más
cercano a la dictadura militar de los 60. Estas son las amistades de
Aznar quien, pese a ello, califica al gobierno de Chávez como
“siniestro” y “totalitario”.
Más allá de las personas, interesa observar cómo los medios reproducen
los análisis que emiten esas usinas del pensamiento conservador. Uno de
los medios más influyentes del continente es el diario argentino La Nación,
partidario de todas las cruzadas antipopulares y fiel representante de
los intereses de las multinacionales. El domingo 27 publicó un informe
de una página a seis columnas titulado “La prensa de América del Sur,
en la mira”. La periodista se detiene en lo que considera como “una
guerra entre prensa y gobierno” y lo hace repasando la situación en
siete de los diez países del subcontinente: Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Deja de lado tres países en los
que, todo indicaría, la libertad de prensa no está amenazada: Colombia,
Paraguay y Perú. En suma, optó por los gobiernos que con mayor o menor
énfasis ponen reparos al modelo neoliberal.
Llama la atención la dureza con la presidenta chilena Michelle
Bachelet. En base a una “fuente” que prefirió “mantenerse en el
anonimato”, la periodista concluye que “la presidenta tiene una
obsesión por las filtraciones” que atribuye a “su mentalidad más
ideológica” respecto a su antecesor Ricardo Lagos, por lo que “muchos
canales de información se cerraron”. Habla incluso de que algunos
corresponsales extranjeros se quejaron de “maltrato oficial” por su
escaso contacto con los medios.
Luiz Inacio Lula da Silva tampoco sale bien parado. Lo acusa de que su
vínculo con la prensa “nunca fue muy intenso”, que “evita el contacto
con los medios cada vez que puede” y que “a diferencia de Bachelet,
Lula llevó el hermetismo un paso más allá”. Y de haber criticado a la
prensa por publicar “sólo malas noticias”. En este crescendo de La Nación,
Tabaré Vázquez ocupa el tercer lugar. “Su gobierno suele acusar a los
medios de ‘conspiraciones y complots’ y el mandatario llegó a difundir,
en 2006, una lista negra de medios a los que acusó de integrar la
‘oposición’”. Recogiendo un informe de marzo pasado de los empresarios
de la prensa (Sociedad Interamericana de Prensa) sostiene que existe un
“hostigamiento contra la libertad de prensa y contra la prensa
independiente”. Con Néstor Kirchner La Nación es implacable, siendo el de “autoritario” el calificativo más suave que le endilga.
El plato fuerte son los gobiernos más duros con Washington y con los
organismos financieros internacionales. Según el diario argentino
Chávez abrió el camino del “cerrojo a la libertad de expresión” que
tanto Evo Morales como Rafael Correa están comenzando a recorrer. La
tesis que sustenta estas afirmaciones es interesante: como los partidos
políticos se han vaciado y ya no son representativos, los medios asumen
el papel de encabezar la crítica y por ese motivo son castigados por
esos gobiernos. La conclusión viene casi al comienzo del artículo:
“Desconfiados y suspicaces, los gobiernos regionales adoptan, cada vez
más, la confrontación como estrategia respecto a la prensa”. Dicho de
otro modo: ahora que los neoliberales no controlan los estados ni
cuentan con partidos con apoyo de masas a su disposición, no tienen
otra salida que apoyarse en los medios de comunicación para hacer
prevalecer sus intereses.
Un caso paradigmático
El periodista español David Carracedo acaba de publicar un exhaustivo
informe [*] en el que muestra que en los últimos años 293 medios de todo el
mundo sufrieron clausura, revocación o no renovación de sus licencias:
77 emisoras de televisión y 159 radios en 21 países. Sólo en Colombia,
76 radios comunitarias fueron clausuradas. En marzo de este año
TeleAsturias (España) vio revocada su onda de transmisión por motivos
técnicos. El informe no incluye la clausura de Radio Panamericana de
Uruguay, por lo que vale la pena recordar el mayor atentado contra la
libertad de expresión desde el retorno del régimen electoral en 1985.
El 26 de agosto de 1994 una resolución del gobierno presidido por Luis
Alberto Lacalle clausuró por 48 horas las radios Panamericana y
Centenario por haber transmitido los sucesos del Hospital Filtro del 24
de agosto. Ese día se produjo una concentración contra la extradición
de varios ciudadanos vascos detenidos en ese hospital acusados de
pertenecer a ETA. El intento de los manifestantes por impedir la
extradición provocó una fuerte carga policial que se saldó con un
muerto y decenas de heridos, algunos graves. El mismo día que se
decretaban las clausuras temporales, otra resolución revocaba la
autorización otorgada a Panamericana.
Los partidos Colorado y Nacional respaldaron al Ejecutivo. La
asociación de los propietarios de los medios, ANDEBU, tuvo serias
dificultades para llegar a un acuerdo interno que le permitiera un
pronunciamiento público. Recién dos semanas después de la clausura de
Panamericana, ANDEBU expresó “su preocupación por los procedimientos
realizados por el Poder Ejecutivo”. Pero no dejó de manifestar, en el
mismo comunicado, “preocupación por el contenido de las emisiones de
Radio Panamericana” que había convocado a las manifestaciones en
solidaridad con los vascos, “por ser contrarias a los principios que
rigen la conducta de los miembros de la radiodifusión uruguaya”. Una
declaración que contrasta vivamente con la emitida días pasados contra
la no renovación del permiso a RCTV, que lo definió como “una gravísima
agresión a la libertad de expresión”.
El ex presidente Julio María Sanguinetti dijo estos días que “Venezuela
está entrando en un terreno muy preocupante de deterioro de la
democracia” y aseguró que el caso de RCTV significa “un colapso de la
libertad”. Los nacionalistas, que eran gobierno en 1994 cuando se
clausuró Panamericana, aseguraron que la decisión de Chávez es “una
violación a los derechos humanos” y el presidente de ese partido, Jorge
Larrañaga, declaró que “es un ataque a la libertad de prensa, un
atentado contra las libertades públicas, lo que prueba que el régimen
del señor Chávez es un régimen rengo desde el punto de vista
democrático”.
El contraste entre los sucesos de 1994 en Uruguay y las actitudes
actuales de la derecha respecto a RCTV, ponen en blanco sobre negro que
la tan mentada libertad de expresión es apenas una excusa para atacar y
derribar gobiernos que buscan salir del modelo neoliberal. Y que,
huérfanos de apoyo popular, sólo pueden hacerlo provocando situaciones
de gran inestabilidad que crean las condiciones para golpes de Estado.
Es la estrategia diseñada por Aznar, fiel amigo de Bush, Blair y
Sarkozy.
* Sobre la no renovación de la señal en abierto a RCTV. Informe sobre 236 clausuras, revocaciones y no renovaciones de Radio y TV en 21 países del mundo, incluyendo EEUU y Unión Europea. J. David Carracedo, Caracas. Publicado en la revista Diagonal, recogido vía Kaosenlared
** Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscanade América Latina, y asesor a varios grupos sociales.
















