La VII Asamblea Federal de Izquierda Unida (IU), celebrada en Madrid del 19 al 21 de diciembre, ha supuesto ante todo la afirmación de una estrategia política para derrotar al Partido Popular anclada en la izquierda. La existencia de esta estrategia es más necesaria que nunca cuando después de dos períodos legislativos con gobiernos presididos por Aznar - que han supuesto no solo una consolidación de las políticas más neoliberales y centralistas, sino el alineamiento sin condiciones del Estado Español con la Administración Bush y una grave erosión de las libertades democráticas- la derecha amenaza con una tercera victoria en las elecciones legislativas de marzo con Rajoy como candidato.
¿Cómo es posible esta situación de hegemonía de la derecha más centralista y neoliberal en el Estado español? Y ello a pesar de la mayor oleada de movilizaciones sociales que ha tenido lugar desde el final del franquismo (contra el Banco Mundial, Sintel, contra la presidencia española de la UE, contra el Plan Hidrológico Nacional, contra la reforma educativa, contra la guerra en Iraq y el 15F, la huelga general del 20J, contra el desastre ecológico del “Prestige”, Puertollano, la participación en el FSM y el FSE y la defensa de los derechos democráticos del pueblo vasco…). Sin entender el marco social y político y las tareas a las que se ve confrontada la izquierda en general, y la izquierda alternativa en particular, no es posible comprender el significado de la VII Asamblea de IU.
De hecho esta situación de hegemonía de la derecha, si bien tiene raíces profundas, ha sido el resultado de una recomposición política del PP y una derrota del PSOE tras las elecciones municipales del 25 de mayo del 2003. El PP ha conseguido así limitar la sedimentación electoral a la izquierda de la extensa movilización social que, aunque de manera desigual, comenzaron a recoger las encuestas de opinión tras la huelga general del 20J del 2002, volviéndola a desviar en parte hacia la abstención. El 25M el PSOE obtuvo 700.000 votos más, superando al PP en 100.000 votos. Estas cifras hay que compararlas con los 43.000 votos de ventaja del PP en las anteriores elecciones municipales y con los 300.000 con los que ganó las últimas elecciones generales. Según las encuestas publicadas en mayo del 2003, el PSOE hubiera podido ganar entonces unas elecciones generales con un 2,5% más de votos que el PP, pero no obtener una mayoría absoluta. La derecha española había perdido la mayoría social, pero salía casi intacta por lo que se refiere a su poder institucional y se mantenía unida en un solo bloque político (de cuyo apoyo dependía además la derecha catalana para mantener en la Generalitat a CiU) frente a una oposición extremadamente dividida.
Zapatero y el PSOE fueron incapaces de tomar la iniciativa política y plantear una alternativa al PP que fuera más allá de un estricto bipartidismo basado en prometer una gestión “amable” y de “centro” de las mismas políticas neoliberales y centralistas de la derecha. Su subordinación a la derecha siguió siendo especialmente dramática en el “pacto antiterrorista”, convertido por el PP en el ariete de la polarización política entorno a la cuestión vasca y la propuesta Ibarretxe. Su miedo a una reforma constitucional, una anunciada política fiscal regresiva y su continuo enfrentamiento con la izquierda nacionalista en Galicia (BNG) impedían que se llegase incluso a plantear una política de alianzas contra el PP.
Apoyándose en su enorme poder institucional y mediático y en la movilización real de la base social de la derecha, Aznar preparó el acoso y derribo de la posible alternancia bipartidista del PSOE a través del golpe de efecto de los escándalo de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de Marbella, en los que la compra de diputados y concejales del PSOE no solo frenó en seco la posible alternancia bipartidista, sino que colocó en primer plano los recuerdos y la realidad de la corrupción del “Felipismo”, que Zapatero, evidentemente, no había sabido superar. Las encuestas de opinión –por si hacia falta otra constatación que la pérdida de votos del PSOE en las segundas elecciones autonómicas de Madrid- colocaron a finales de octubre al PP cuatro puntos por encima del PSOE y un sector del electorado de izquierdas volvía a refugiarse en el abstencionismo.
El éxito inmediato de la contraofensiva de Aznar –que le permitió resolver de paso sin problemas la cuestión sucesoria en el PP designando a Rajoy- obligó al Gobierno Vasco a aumentar la prudencia ante el bloqueo de cualquier evolución del PSOE en su actitud ante el Plan Ibarretxe, de la que depende en buena parte sus posibilidades de exito. El siguiente movimiento de Aznar fue dirigir toda su artillería contra Maragall, ERC y su propuesta de reforma del estatuto catalán ante las elecciones de noviembre en Catalunya. La victoria de Maragall podía no solo desalojar a CiU de la Generalitat - privando al PP de su principal aliado en caso de no revalidar la mayoría absoluta en las elecciones generales de marzo-, sino que además ofrecía un modelo de alternativa distinto al del bipartidismo de Zapatero. Maragall jugaba a recoger el voto efecto de las enormes movilizaciones sociales en Catalunya de los últimos años, no tanto directamente como a través de ERC e ICV-EUiA, en una alianza de la izquierda plural que plantease además la reforma del estatuto, condición para una mayor capacidad de gestión fiscal y gasto social.
La formación del gobierno de izquierdas en Catalunya, a pesar de todas las maniobras de CiU y del PP, ha cambiado el panorama político frenando la contraofensiva de Aznar y ha colocado en primer plano una alternativa política para derrotar a Rajoy en marzo que es más realista en cuanto a sus posibilidades de éxito que el bipartidismo de Zapatero. Pero es que además se sitúa claramente a la izquierda, con una política de alianzas plural que tiene que apoyarse en la presión social y en el fin del mito de la inmutabilidad de los estatutos de autonomía y, finalmente, la Constitución, la madre de todos los pactos post-franquistas. Evidentemente, la contraestrategia del PP y de Rajoy se basa ahora en enfrentar la alternativa de la izquierda plural catalana al bipartidismo de Zapatero, mantener atado a este último al yugo de los “pactos de estado” y agitar el espantajo de la desintegración del Estado español para mantener movilizada en un solo bloque a su base social. Pero a pesar de la estupefacción de Zapatero y de su equipo, de las presiones internas de las distintas familias políticas del PSOE y de los grupos económicos y mediáticos que le apoyan para mantenerlo en el estricto bipartidismo, las cosas empezaban a estar cada vez más a claras a finales de tan tenebroso año. Mientras Bono e Ibarra seguían en su línea habitual en el paradigma virtual del “centro españolista”, Chavez se desmarcaba y comenzasba a defender, milagro de los tiempos, una “alianza catalano-andaluza” para reformar los estatutos de autonomía. Para Zapatero ya no se trataba de pasar, como en octubre, de la “oposición útil al cambio sereno y responsable”, en una formula digna de Groucho Marx, sino en ir hacia la derrota (y la jubilación) por la vía luminosa del bipartidismo o arriesgarse a extender al resto del Estado, aunque fuese parcialmente, la formula catalana de la izquierda plural, con el riesgo de abrir la caja de pandora de la reforma constitucional.
