Decio Machado
La destrucción progresiva
del medio ambiente, a causa del desarrollo tecnológico, comercial e
industrial que está experimentando el planeta ha conducido a una
reducción significativa de las reservas acuíferas a nivel global, así
como a la contaminación de océanos, mares y ríos. El agua dejó de ser
un bien social para convertirse en un bien comercial con un precio
determinado, y vendido al mejor postor.
En
1995 se abrió la discusión sobre privatización del agua potable y
saneamiento en Honduras, consecuencia de una propuesta lanzada desde el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta propuesta proponía la
descentralización y la creación de una Ley Marco del servicio de agua
potable, y a definido el modelo hondureño de privatización.
En el año 2000 el FMI otorgó préstamos a 12 países bajo la condición de privatizar el agua, entre ellos estaba Honduras. Similar condición impuso el BM entre 1990 y 1995 al conceder 21 préstamos que aumentaron a más de 60 entre 1996 y 2002 con un fondo de 20 millones de dólares para proyectos de agua.
Desde esos momentos Honduras forma parte de los países han vivido procesos y niveles profundos de privatización del agua.
Pero los procesos de privatización de agua no vienen solos. A estos se han asociado: la financiación de represas, la cual supera los 4 mil millones de dólares anuales a escala global, y el negocio del agua embotellada y otros sectores empresariales que consumen grandes cantidades del líquido, destacando: el sector petrolero, automotriz, de cervezas y refrescos, minero, textil, aluminio, hidroeléctrico, del papel y el cartón, agroindustria y en especial las grandes extensiones de monocultivos para la explotación, entre otros.
La famosa “municipalización” en Honduras dejó a los municipios la administración del servicio de agua, dándole el gobierno las facilidades y autorización de poder acudir a empresas privadas para que desempeñen este trabajo.
La “muniprivatización” en marcha
En
octubre de 2003, a pesar de las importantes movilizaciones populares en
contra, se aprobó la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. Con ella
se sentaron las bases jurídicas del cuestionado proceso de
municipalización del servicio.
La municipalización se planteó como
un paso previo a la privatización del servicio, con un esquema diseñado
desde organismos internacionales.
Sin embargo, sólo el alcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras en la que habitan más de un millón de personas, manifestó en su momento que a él no le interesa el proceso, pues su municipalidad no tiene la capacidad técnica y financiera de administrar el servicio y que, es seguro que, de aprobarse la municipalización, el agua potable de la capital sería privatizada.
A través de la “municipalización” este proceso ya esta
siendo aplicado en varias ciudades del país entre las que destacan:
Puerto Cortés y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés; y
Catacamas en Olancho.
Puerto Cortés. Donde el
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)
otorga a la municipalidad los activos del sistema de agua potable. Todo
este proceso es avalado y financiado con un préstamo del BID, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
y la Agencia Canadiense para el Desarrollo (ACDI).
San Pedro Sula.
Segunda ciudad de importancia y principal centro industrial de
Honduras, desde el año 1999, cuando la Corporación Municipal convocó la
participación de empresas internacionales a una licitación para los
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, tiene privatizada
el agua.
En 1998, con el financiamiento del Fondo Multilateral de
Inversiones y el BID se desarrollo un programa de modernización cuyo
objetivo era el de destinar los servicios a un operador privado. Este
programa se dirigió exclusivamente a promover la participación de
empresas internacionales, no así las nacionales, ya que los requisitos
que exigían eran imposibles para un país como Honduras, donde las
empresas no contaban con un capital tan alto y no tenían experiencia en
el manejo del servicio.
En el año 2001 finalizó el proceso y se le
otorgó la explotación del servicio a la empresa italiana ACEA, a través
de un contrato otorgado por la municipalidad por un período de 30 años,
prorrogable a 10 años más. Esta concesión del servicio es un claro
ejemplo de la mala gestión privada del agua, ya que el servicio no ha
mejorado, la calidad del agua ha empeorado y las tarifas han aumentado
en mas del 100%.
Consecuencias de la privatización en Honduras
La
privatización introduce una nueva serie de exigencias financieras que
tienden a aumentar las tarifas del agua, dejando fuera a una parte cada
vez mayor de la población, que siempre es la más pobre, de la que no se
obtiene beneficios.
La tendencia principal de las potencias y los
países industrializados es el control y la monopolización de las
fuentes de agua. Lo justifican aludiendo a la gestión pública ha sido
incapaz de satisfacer las necesidades básicas de agua a sus ciudadanos
y que por lo tanto hay que traspasar, concesionar, municipalizar, donar
o vender los sistemas de distribución a la empresa privada. Con capital
privado es más eficiente el servicio.
Los pobladores de las zonas
más pobres de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso y otras ciudades,
están pagando por el agua que consumen, se abastecen de vendedores de
agua en carros cisternas y envasada que han hecho de esta actividad un
negocio. Los aguateros se abastecen en las pilas del operador principal
del servicio de la ciudad, SANAA, que les vende el galón de 2.5
centavos de lempira (un centavo de dólar cada 7 galones de agua). Los
aguateros suministran a unas 100 colonias marginales que no cuentan con
el servicio de agua domiciliaria ni popular por varias razones, entre
ellas, el difícil acceso de la red a sus comunidades, sus chozas están
en las faldas de los cerros que bordean la capital. Así viven mas de
500.000 personas, los que menos tienen, invirtiendo una gran parte de
sus ingresos diarios a la compra de al menos un galón de agua.
Resistencias
Uno de los casos emblemáticos en todo el proceso de defensa del agua, ha sido las movilizaciones de resistencia a la privatización de Aguas de San Pedro Sula. Pero no es el único, en decenas de municipios (La Esperanza, Intubucá, Concepción,...) existe movimiento en contra del concesionamiento o privatización del agua. En muchos casos, en cabildos abiertos y por unanimidad, se ha acordado prohibir la privatización o concesionamiento e incluso se ha prohibido que se aplique la ley de agua potable.
Honduras lleva sufriendo ya cerca de 20 años los
ajustes estructurales, trasnacionalización, privatización de recursos y
bienes públicos, represión e impunidad, corrupción gubernamental,
imposición de leyes según la conveniencia trasnacional y las recetas
del FMI, BID y BM, que ha traído el aumento de la deuda externa y un
incremento de la población sumida en la pobreza.
Cuadro de Pobreza:
Clasificación
En pobreza (datos globales)
64.5 % pobreza nacional general
56.3 % pobreza población urbana
73.8 % pobreza población rural
Pobres
17.0 % datos nacional general
20.3 % datos población urbana
13.3 % datos población rural
Muy pobres
47.4 % datos nacional general
36.1 % datos población urbana
60.5 % datos población rural
No pobres
35.5 % datos nacional general
43.7 % datos población urbana
26.2 % datos población rural
Total hogares pobres a nivel nacional 1,258,299
Total hogares pobres área urbana 630,735
Total hogares pobres área rural 627,564
En
Honduras, el 64.5 de los hogares se encuentran en pobreza (Hogares
Pobres y Muy Pobres) y un 35.5% son clasificados como no Pobres. Se
destaca en el área
rural los hogares En Pobreza con 73.8%, siendo muy
pobres el 60.5%.
