Josep Maria Antentas y Esther Vivas

En las últimas semanas Bolivia ha vivido un aumento de la tensión política relacionada con el proceso de la Asamblea Constituyente. Desde comienzos de julio la vida política ha estado polarizada por la campaña de la oposición para trasladar la capitalía del país de La Paz (sede del ejecutivo y del legislativo) a Sucre, actual sede del poder judicial, y antigua capital plena hasta 1899. La propuesta obedece tanto a la voluntad de introducir en la agenda política una cuestión que divide y enfrenta a regiones, como al interés de ubicar la capitalía en una ciudad conservadora alejada del epicentro de las luchas populares.

A mediados de agosto estalló la crisis actual después de la decisión de la bancada del MAS en la Asamblea Constituyente de eliminar el debate sobre esta cuestión en las sesiones de la Constituyente. Este debate se entrecruzó con la polémica por la decisión del gobierno de llevar a juicio cuatro miembros del Tribunal Constitucional por prevaricación. Ambas cuestiones fueron utilizadas por la derecha como pretexto para desencadenar una estrategia de movilizaciones desestabilizadoras, cuyo momento de auge tuvo lugar a finales de agosto y comienzos de septiembre.

La trayectoría de la Constituyente
La convocatoria de una Asamblea Constituyente era uno de los grandes imperativos que tenía el gobierno de Morales. La demanda de la Constituyente expresaba los anhelos de una refundación (imprecisa) del país en un sentido favorable a los sectores indígenas y populares.

Si el gobierno de Evo cumplió rápidamente la promesa de convocar una Constituyente, la  estrategia seguida ha estado plagada de importantes errores de fondo que explican el empantanamiento actual. Lejos de aprovechar la coyuntura creada tras su abrumadora victoria electoral para convocar a una Constituyente en términos favorables a los intereses de las organizaciones indígenas y populares, el gobierno optó por una convocatoria a través de una ley específica, cuyo contenido es muy criticable. La ley no contemplaba la posibilidad de representación directa de organizaciones sociales a la Constituyente, dificultaba la formación de agrupaciones de electores al margen de los partidos existentes y requería una mayoría de dos tercios para la aprobación del nuevo texto.

Este último elemento resucitó políticamente a la oposición de derechas. Gracias al sistema electoral vigente, ésta obtuvo más de un tercio de los miembros de la Constituyente en las elecciones de julio del 2006 (lo cual era previsible), adquiriendo por lo tanto derecho de veto. Des entonces, la derecha y la oligarquía económica, desconcertada en diciembre de 2005, ha podido recomponerse políticamente. Ha conseguido, al menos de forma parcial, marcar el ritmo de la agenda y del debate político.

La Constituyente empezó sus trabajos en agosto del 2006. Rápidamente sus actividades se empantanaron en largas polémicas procedimentales hasta febrero de 2007. Cuando por fin los temas de reglamento fueron pactados, empezaron los trabajos de elaboración, pero en una dinámica de creciente parálisis, bloqueo y sensación de desorganización. Su incapacidad para culminar los trabajos en el plazo previsto (el 6 de agosto del 2007) llevaron a la aprobación por parte del Parlamento de una prórroga de sus sesiones hasta el 14 diciembre, hecho que supone de facto la pérdida del carácter “originario” de la Constituyente y su subordinación, al menos parcial, al poder constituído.

Las perspectivas de futuro
La campaña desestabilizadora de la derecha en las últimas semanas ha puesto en jaque a la Constituyente, cuyas sesiones fueron suspendidas por un mes a comienzos de septiembre. Al mismo tiempo, el clima y las expectativas populares en torno a la misma se han ido enfriando durante todo el proceso. Si finalmente la Asamblea puede culminar sus trabajos y no fracasa, la nueva constitución que pueda aprobar el pueblo Boliviano en referéndum significará mejoras respecto a la actual. Pero el alcance de los cambios posibles se ha ido recortando significativamente y, más que a una refundación de Bolívia, el proceso de la Constituyente está encaminado a realizar algunas reformas parciales a la actual Constitución, muy por debajo de las aspiraciones expresadas en las luchas del período 2000-2005.

El proceso de la Constituyente muestra las contradicciones y los límites estratégicos de los planteamientos del gobierno del MAS. Éste se ha mostrado atrapado en su propia apuesta por encarrilar los cambios políticos por una vía parlamentarista-institucionalista “ordenada”, y a través de una “salida pactada”. Cuando ha recurrido a la movilización popular, como en el masivo “cabildo” del 20 de julio en La paz en contra del traslado de la capitalía o en las marchas de Sucre el 10 de septiembre en defensa de la Constituyente, lo ha hecho, en general, en clave defensiva y reactiva.

En este escenario, es necesario un giro en la orientación estratégica del gobierno. Habría que profundizar en los cambios sociales y económicos progresistas, y salir de la dinámica parlamentarista-institucionalista y de la agenda política definida por la derecha en beneficio de una política que se apoye en la  movilización de los sectores indígenas y populares. Por otro lado, estos sectores necesitan volver a la calle y reforzar su organización y articulación, movilizándose contra la derecha y, simultáneamente, empujando al gobierno del MAS a ir más allá de los límites que hasta ahora no ha estado dispuesto a franquear.


Publicado en Rouge nº 2220.