Decio Machado / Guatemala

Guatemala se prepara para la segunda vuelta en la pugna para las presidenciales. Corrupción, narcotráfico y paramilitarismo se afianzan en el país, mientras las opciones de izquierda quedan desarmadas.

Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el más votado en la primera vuelta con el 28%, y el ex militar ultraderechista Otto Pérez del Partido Patriota (PP), segundo con el 23%, aspiran a lograr la presidencia del Gobierno tras la segunda vuelta electoral, que tendrá lugar el 4 de noviembre. Hasta el momento, Colom ha recibido el respaldo de una decena de alcaldes electos, mientras que Pérez ha sido apoyado por empresarios farmacéuticos y líderes evangélicos.

No obstante, los dos candidatos centran sus fuerzas en convencer al caudal de la oficialista Gran Alianza Nacional (GANA), que quedó en tercer puesto en la lucha por la presidencial con el 17% de los votos. La romería hacia los alcaldes electos comenzó después de que el comité ejecutivo de la GANA dio “libertad” a sus simpatizantes al no decantarse por ningún candidato. GANA quedó en segundo lugar en las alcaldías, al ganar 78 de las 332 que se disputaron el 9 de septiembre.

Una jornada en teoría “limpia”
La totalidad de los observadores nacionales e internacionales presentes en el proceso electoral del 9 de septiembre han coincidido en destacar la “normalidad y eficiencia democrática” con la que se celebraron los comicios y felicitar al actual Gobierno de Óscar Berger por ello.

Sin embargo, Orlando Amado, miembro de la organización de defensa de los derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), denuncia lo siguiente a DIAGONAL: “El proceso electoral en Guatemala lleva más de 50 años siendo una farsa: durante la dictadura militar votaban hasta los muertos, ahora compran el voto en barriadas enteras por lo que apenas viene a significar dos platos de comida. Aprovechan las necesidades que tiene el pueblo, se aprovechan del analfabetismo político de la inmensa mayoría de la población, y se aprovechan de la sumisión de la población indígena, la cual ha sido vapuleada históricamente en nuestro país y se ha convertido en sumisa”.

“Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y la local Mirador Electoral apenas visualizaron la ausencia de incidentes violentos graves el día de las votaciones, pero esta campaña electoral ha sido la más violenta de la historia del país”, indicó a DIAGONAL Gregorio Caicedo, miembro del colectivo MAIZ en la localidad de Las Flores, en el norte de Guatemala. Y prosigue: “medio centenar de personas, entre candidatos a diferentes cargos, activistas políticos y familiares de ellos, han sido asesinados durante la campaña electoral”.

La intromisión sin precedentes del crimen organizado en los comicios locales ha sido motivo de preocupación de todas las organizaciones sociales, especialmente en aquellas zonas cuyos aspirantes a alcalde son más que sospechosos. Ante la amenaza del narcotráfico a los poderes locales, el Foro Guatemala, que agrupa a 18 organizaciones de la sociedad civil, lanzó una intensa campaña sobre el riesgo de convertirse en cómplice de los delincuentes a la hora de depositar la papeleta en la urna.

“Hay regiones donde el narcotráfico ya está invirtiendo en beneficio de la población, y esto es un problema serio, porque la población empieza a pensar: si el Gobierno no me da esto... mejor sigamos con ellos”, denunció Fernando Leal, representante de la Alianza Evangélica en el Foro Guatemala. En dichas zonas rurales, los alcaldes sólo adoptan decisiones con el visto bueno de las mafias.

El comportamiento mafioso llega en muchas ocasiones hasta sus últimas consecuencias. En Chimaltenango, el hijo del alcalde que se presentaba a la reelección tiene una compañía de moto-taxis, conocidos popularmente como tuc-tuc. Un vecino intentó entrar en ese sector de negocio y compró una moto. No contaba con la autorización del hijo del alcalde. Tras varias amenazas, un día apareció muerto. Un informe elaborado por el Procurador de Derechos Humanos sobre el proceso electoral indica que el crimen organizado controla el noreste del país, y que es imposible presentar candidatos limpios de toda conexión con estas mafias.

En el Petén, zona noreste del país, han surgido fortunas de la noche a la mañana. “Algunos de estos nuevos ricos han llegado a cargos municipales o han apoyado a determinados candidatos”, dice Luis Linares, secretario ejecutivo adjunto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Y continúa: “El candidato usa el partido como un vehículo para llegar a la alcaldía. Es él quien financia la campaña y no el partido, al que no le debe nada. Por esta razón, los narcotraficantes, que disponen de buenos recursos, tienen grandes posibilidades de ganar”.

Y la izquierda desapareció
La sorprendente irrelevancia de Rigoberta Menchú en los resultados electorales, con tan sólo el 3%, tira por tierra la tesis del racismo como elemento básico del rechazo de su propuesta política. “Claro que algo de racismo hubo, pero no fue lo más importante. Menchú perdió ante el escrutinio del pueblo maya mayoritario en el padrón electoral. Si las elecciones se hubieran realizado en las Naciones Unidas, habría ganado. Pero para ser líder político hace falta algo más que fama internacional. Rigoberta no es el Moisés que nos llevará a la Tierra Prometida”. Así de rotunda se mostró a DIAGONAL Clarita Winapuc, líder comunal en el departamento de Quiché, predominantemente indígena.

De igual manera piensa el analista y académico indígena Estuardo Zapeta, el cual declaraba recientemente a ArgenPress: “Creo que fue un error pensar que los indígenas iban a votar por ella sólo por ser indígena, además el hecho de que el 95% de la población la conozca y tenga buena opinión de ella no quiere decir que voten por ella para la presidencia... lograr eso requiere trabajo”.

A la división indígena hay que añadir que la izquierda social y política chapín nunca le dio legitimidad a la candidatura de Rigoberta. “Ella fue un invento de las ONG españolas, nunca ha hecho nada en la política interna de Guatemala, los que la conocemos sabemos que no es una persona de izquierdas. En 2004 aceptó ser la embajadora de buena voluntad para los Acuerdos de Paz, un cargo creado ‘ad hoc’ por el Gobierno del neoliberal Óscar Berger para incluirla en el gabinete, ¿usted lo puede entender?”, sentencia con severidad Mario Beltrán, miembro del Frente Nacional de Lucha.

Con respecto al resto de las fuerzas de la izquierda, el resultado fue aún más calamitoso. La histórica Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), antigua fuerza guerrillera, estuvo a punto de desaparecer del escenario político, habiendo logrado tan sólo un “curul” en el Congreso de la República.


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Inmunidad para un genocida
El ex dictador Efraín Ríos Montt consiguió un escaño como diputado por su partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), logrando así la inmunidad legislativa que buscaba para evadir la acción de la justicia española. Los miembros del Congreso de la República en Guatemala disfrutan de inmunidad a no ser que sean suspendidos por un tribunal. En la actualidad pesa una orden de búsqueda y captura contra el ex dictador y otros altos cargos cursada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para juzgarlo por genocidio y torturas. “Estuve disponible cuatro años [sin inmunidad].

Si los otros son inútiles y no supieron presentar demandas, es cuestión de ellos”, afirmó recientemente el ex dictador, pastor evangélico y un ferviente lector de la Biblia que dio un golpe de Estado en 1982 contra el general Romeo García. Su mandato es considerado el más sangriento de todos los que se sucedieron durante la cruenta guerra civil de 36 años (1960-1996) que asoló el país. Después de más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos el conflicto concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz hace 11 años.

* Fuente: Diagonal Periódico, recogido de jbcs.blogspot.com [1]