Tom Kucharz (miembro de Ecologistas en Acción)

Los movimientos antagonistas al modelo capitalista no podemos mirar a otro lado y disimular como si la escalada represiva del Estado y el actuar de ETA no fuera con nosotros. ¡La espiral de violencia en el País Vasco, incluida la del Estado, debe cesar antes de que se vuelva abrir un nuevo ciclo de atentados!

Rechazo profundamente la violencia de ETA y su desprecio por el derecho a la vida, tristemente reafirmado con el reciente atentado con bomba lapa contra un escolta de un concejal del PSE en la localidad vizcaína de Galdakao. ETA debe abandonar definitivamente las armas y el uso de la violencia. Su única salida es la auto-disolución. Batasuna, por su parte, debe tener la valentía para hacer prevalecer la apuesta que realizó en Anoeta (y durante estos últimos años y meses) y pedir a ETA que retorne a la tregua y deje las armas para siempre. Pero a pesar de mi repudio contra este nuevo intento de homicidio, así como contra el atentado de ETA en la T4 de Madrid, que causó dos víctimas mortales, rompiendo la tregua para seguir con su nueva sinrazón y causando graves problemas para el movimiento abertzale (que, por cierto, es más amplio que Batasuna), sostengo lo que muchas y muchos hemos demandado el año pasado: “Todos los proyectos políticos se pueden y se deben defender. No hay que imponer ninguno. Si la ciudadanía del País Vasco desea transformar, cambiar o mantener su actual marco jurídico-político, todos y todas deberíamos comprometernos a respetar y establecer las garantías democráticas necesarias y los procedimientos políticos acordados para que lo que la sociedad vasca decida sea respetado y materializado y, si fuera necesario, tuviera su reflejo en los ordenamientos jurídicos” (manifiesto elaborado por la iniciativa de mujeres de Ahotsak). Además, este no es un problema que afecte sólo a Euskal Herria, sino que nos incumbe también a todos los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la lucha por la paz, la democracia y la justicia global.

Uno puede estar o no de acuerdo con las posiciones políticas de Batasuna, pero la detención de sus dirigentes, los registros en las sedes de EHAK y la repetida intención de ilegalizar al partido ANV, es totalmente inaceptable. Lo mismo digo de la criminalización, a lo largo de los últimos años, del movimiento abertzale y la ilegalización de organizaciones juveniles y sociales, medios de comunicación, etc. Mi más absoluto rechazo ante el macrosumario 18/98+ contra varios movimientos sociales vascos y ante la propia Ley de Partidos. Se ha dado un salto cualitativo en la escalada represiva del Gobierno español y el Poder Judicial contra la libertad de expresión, el derecho a la reunión y asociación, así como la libertad ideológica, entre otros. Ante esta situación los movimientos sociales y políticos de izquierda estamos llamados a actuar.

Me pregunto entonces: ¿por qué tanto silencio entre la izquierda (salvo excepciones como Espacio Alternativo, SOC, etc.) mientras el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, denuncia la “hipocresía política” del PSOE que persigue a dirigentes de la izquierda abertzale “cuando todavía en el mes de mayo de este año representantes del PSOE y del Gobierno se reunieron con ellos para hablar del futuro político” de Euskadi? Azkarraga arremetió contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ha ordenado las detenciones, porque, según dijo, “ha transformado en delictiva una actividad política y la pregunta que nos hacemos es hasta cuándo piensa este juez instructor prolongar sus supuestas investigaciones sin cerrar esta causa”. ¿El discurso de un representante gubernamental es más coherente y tajante que el nuestro?

Estoy profundamente preocupado de lo paralizados que estamos en la sociedad civil organizada ante el conflicto vasco. No es la primera vez, pero ante los últimos acontecimientos indago: ¿Qué pasaría si encarcelan a 23 dirigentes de cualquiera de las organizaciones en las que militamos? ¿Acaso no esperaríamos actos de solidaridad y pronunciamiento contundentes? Hoy más que nunca debemos exigir el sobreseimiento del macrosumario 18/98, la derogación de la Ley de Partidos y el acercamiento de los presos vascos a Euskal Herria. Si no nos unimos en la lucha antirepresiva, la espiral autoritaria seguirá aumentando porque la represión es utilizada para ganar ventajas ante los próximos comicios. La dispersión de los movimientos sociales y políticos de “izquierdas” impide una respuesta contundente lo que nos hará más vulnerables, en el futuro, ante situaciones parecidas.

Puesto que la reciente ola de represión contra la protesta social en el País Vasco y la izquierda independentista debe ser analizada en el marco más amplio de una coyuntura global de las derivas securitarias y militaristas de los Estados. Estas representan, en el caso español, por ejemplo las acusaciones contra jóvenes catalanes que han expresado abiertamente y de forma no violenta su opinión contra un sistema monárquico que está asentado sobre un pasado histórico anclado en la explotación feudal de la población para el disfrute de una minoría social, la injusticia, la guerra, el genocidio de los pueblos indígenas de América Latina y la dictadura franquista, para solo apuntar algunos de las verdades históricas de la corona.

Otros ejemplos de la deriva autoritaria son las condenas disparatadas y del todo punto desproporcionadas de más de 9 años a los cuatro encausados por su participación en las protestas contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001, el uso de armamento prohibido entre las Fuerzas de Seguridad del Estado, como las pistolas de descargas eléctricas denunciadas por Amnistía Internacional, o la condena contra dos líderes de la Izquierda Sindical, Cándido Carnero y Juan Manuel Morala, a tres años de cárcel acusados por el Ayuntamiento de Gijón de provocar daños en una cámara de tráfico durante una manifestación. Los hechos se multiplican a diario como muestra la actuación violenta de la Policía Nacional que impidió durante el pregón de las Fiestas del Pilar en Zaragoza que se desplegara una pancarta en contra de la instalación de una base de la OTAN, confiscó una pancarta de la Asamblea por una Vivienda Digna e identificó a los participantes de un “Pasacalles anti-Expo”.

Un retrato fiel de lo que está sucediendo es también el asesinato de Osamuyi Aikpitanyi el pasado 9 de junio a manos de dos policías en el avión que lo deportaba desde España a su país de origen. Crimen que se ha quedado en la absoluta impunidad. Igualmente quedaron impunes los fallecimientos en 2005 de al menos 14 personas de origen subsahariano a manos de las Fuerzas del Orden en el perímetro fronterizo de España y Marruecos, separado por la valla que delimita las ciudades de Ceuta y Melilla.

Asimismo estamos observando una constante represión, acentuada en la Unión Europea substancialmente desde el 11-S en 2001, contra voces disidentes y movimientos antisistema, antiglobalización, sindicalistas, grupos ecologistas, campesinos y vecinales. Hablamos de procesos judiciales, detenciones extrajudiciales, escuchas telefónicas, multas “millonarias”, encarcelamientos, torturas y cargas policiales. Y también hablamos de asesinatos. En Génova (Italia), durante las manifestaciones contra la cumbre del G8 en 2001, la policía mató a Carlos Giuliani a balas, torturó y lesionó gravemente a cientos de activistas. También en Alemania, el pasado junio, las Fuerzas de Seguridad reprimieron con un descomunal y desproporcional operativo de seguridad de unos 16.000 efectivos las protestas multitudinarias y pacíficas de miles de personas contra el G8, con un saldo de cientos de heridos grave, procesos “rápidos” sin garantías legales, controles abusivos y detenciones “preventivas”. La policía alemana inició un mes antes una gran redada en varias ciudades del país contra los opositores a la cumbre del G8, quienes presumiblemente pertenecían a un grupo terrorista, registrando 400 viviendas y oficinas de grupos de izquierda.

Recientemente, también en Alemania, se encarceló a un profesor de sociología, en aplicación de una Ley antiterrorista de 1976, acusado de ser el celebro de un “grupo terrorista” por ser “intelectualmente capaz de escribir los textos” de un grupo acusado de “sabotaje”. En Dinamarca el desalojo del centro social Ungdomshuset en Copenhague, con una imponente precisión militar, fue el comienzo del actual gobierno danés, de una coalición liberal-conservadora sostenida por la extrema derecha xenófoba y ultranacionalista, para librar una batalla política y cultural contra todo tipo de disidencia antisistema. Mientras tanto el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien provocó en su día un estallido juvenil en los guetos metropolitanos por su política represiva de “Tolerancia Cero”, presentó en Francia el nuevo proyecto de ley nº 57, sobre el control de la inmigración, la integración y el asilo. En junio 111 “sin papeles” fueron detenidos en Holanda tras una de las redadas policiales más grandes de la historia reciente del país. La busca de migrantes pretende cumplir con la cuota fijada del Gobierno holandés para expulsar 12.000 personas. Igualmente en Marruecos se ha vivido un verano de abusos de los derechos civiles, con, entre otras cosas, el encarcelamiento de sindicalistas por gritar consignas contra el Rey.

Decía Eduardo Galeano en el libro Días y Noches de amor y de Guerra de 1978: “Plan de exterminio: arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas; para suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar.”

¡Recordemos, pues! El mismo juez que encarceló el 4 de octubre a la Mesa Nacional de Batasuna, acusó en el macrosumario 18/98+ a los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe, entre ellos Sabino Ormazabal Elola, autor de “Un mapa (inacabado) del sufrimiento”, y Mario Zubiaga, profesor en la UPV de Derecho Constitucional y Teoría Política, de “impulsar uno de los ejes de la estrategia de construcción nacional de ETA”. Respondiendo a esta acusación, Zubiaga denunció en una de sus comparecencias ante los jueces en marzo de 2006 que “por la confluencia de unos mismos objetivos” la acusación ha dado por hecho la existencia de una relación orgánica entre organismos sociales, formaciones políticas y la organización armada, en una estrategia basada en la “presunción de culpabilidad”. “Se trata de una rueda diabólica, kafkiana, macarthyana, porque somos nosotros los que tenemos que demostrar que somos inocentes”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene, siguiendo la tesis del juez Baltasar Garzón, que el documento “Piztu Euskal Herria” es un texto que contiene “el proyecto de ETA para la desobediencia civil”, estrategia cuya implementación atribuye a la Fundación Joxemi Zumalabe. Mikel Zuloaga, también incriminado del 18/98 por supuesta “pertenencia a ETA”, elaboró el documento «Piztu Euskal Herria» como marco de reflexión para los colectivos sociales vascos. A su parecer, la teoría del “entorno de ETA”, lanzada por Baltasar Garzón, y que está en la base del sumario 18/98 “es una teoría perversa”, en base a la cual “se dibuja una línea, que nadie sabe cuándo se cruza y cuándo estás en un lado o en otro”. Una línea roja que «”se ensancha o se estrecha según los intereses políticos de cada momento”, manifestó Zuloaga en su declaración ante el tribunal en marzo de 2006.

Mario Zubiaga, por su parte, afirmó ante la Audiencia Nacional que la desobediencia civil es típica de los movimientos populares de muchos lugares del mundo, y que la desobediencia civil que él explica a sus alumnos en la Universidad, era la misma que se practica en Euskal Herria. Valoró, asimismo, que se trata de una forma de hacer política, “no sólo legítima, sino también imprescindible para el funcionamiento de un Estado de Derecho, para que no se anquilose”.

He sido observador en algunas sesiones del macroproceso 18/98 y puedo testificar que fue un “proceso político”, una judicialización de las ideas políticas. Además, no había garantías para un debido proceso. Los miembros de la Fundación Joxemi Zumalabe y sus compañeras y compañeros encausados tuvieron que narrar su trabajo político, cuando la Constitución española dice que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología”.

Por cierto, señor Zapatero, hablando de la Constitución, tengo unas preguntas para usted: ¿Cree que va a ganar el pulso a la extrema derecha del Partido Popular por el gobierno más “españolista”, nacionalista, constitucionalista y monárquico, igualándose con sus derivas “inquisidoras” y apreciaciones autoritarias? ¿Cuántas más concesiones va hacer al PP por intereses electoralistas? ¿No cree que es tiempo de cambiar la política “antiterrorista” y buscar una solución democrática y negociada al conflicto vasco? ¿Cree de verdad que con el encarcelamiento de dirigentes abertzales va derrotar a ETA? ¿No sería necesario otro “talante” para distinguirse del PP y ser más inteligente que ellos, garantizando, por ejemplo, que todas las opciones políticas pueden ser defendidas?

¿Pero qué se puede esperar del Gobierno español que apoya y recibe con los brazos abiertos a criminales como el presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, implicado en la llamada “parapolítica”? Ésta ha dado cuenta de los vínculos de congresistas, senadores, funcionarios de la Administración Pública y de la Justicia, gobiernos regionales y municipales, e incluso de rectores de universidades con los grupos paramilitares. Estos grupos cometieron en Colombia, junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado, al menos 41.400 crímenes como torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales entre 1965 y 1988, y 14.814 violaciones de Derechos Humanos entre 1988 y 2003. Para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han “desmovilizado”, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada “Ley de Justicia y Paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad. En el año 2005 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón viajó a Colombia para asegurar la viabilidad jurídica de dicha Ley.

¿Entonces, qué se puede esperar de un juez que alaba a un régimen que emplea el Terrorismo de Estado para exterminar a la disidencia, un juez que ha participado en el diseño de la mal llamada “Ley de Justicia y Paz” y, con ello, ha justificado mecanismos de impunidad en Colombia? Una Ley que vulnera los derechos de las víctimas, con el objetivo de sustraer a los paramilitares de su responsabilidad penal internacional a través de juicios parciales y que no permite un proceso con las debidas garantías reconocidas por el derecho internacional. Garzón consideró en una visita a Bogotá en febrero de 2007 que el Gobierno de Colombia está respetando la independencia de la justicia y la apoya con recursos para que las investigaciones salgan adelante. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en un informe llamado “Colombia: La desmovilización paramilitar, en los caminos de la Corte Penal Internacional”, llega a otra conclusión.

Según la FIDH la nueva posición jurisprudencial por medio de la cual se aclara que bajo ninguna circunstancia, los miembros de grupos paramilitares pueden ser considerados como sediciosos, para conseguir rebajas de penas o para sustraer a los victimarios de su responsabilidad penal internacional -como estaba previsto en la Ley avalada por el juez Garzón- ha creado una grave tensión entre la rama judicial y el gobierno nacional, quién pretende la aprobación de un nuevo proyecto de ley por medio del cual revive la condición de sediciosos a los paramilitares, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la consecuente separación de poderes. La sentencia Nº 26945 de la Corte Suprema de Justicia del 11 de Julio de 2007 sostiene que “los delitos cometidos por personas vinculadas a grupos paramilitares, como es el caso de los miembros de los grupos de autodefensa que en virtud de acuerdos con el Gobierno Nacional se han desmovilizado, bajo ningún pretexto alcanzan a ser considerados como autores del punible de sedición, por cuanto tales comportamientos no pueden ser asimilados al concepto delito político”. El constitucionalista Rodrigo Uprimny Yepes manifestó que el Presidente colombiano había descalificado a la Corte Suprema, violando su deber constitucional de auxiliar a la justicia y hacer cumplir sus decisiones. Álvaro Uribe Velez declaró públicamente que los magistrados del alto Tribunal tienen “sesgos ideológicos” y no contribuyen a la paz, al no colaborar armónicamente con las demás ramas del poder público, así como contribuyen a la inseguridad jurídica.

Mientras siguen activos 25 conflictos armados en el mundo, España exportó armas en el año 2006 por valor de 845 millones de euros, el doble que en el año 2005. Estas exportaciones se siguen caracterizando por su falta de transparencia, de forma que es imposible saber qué se vende exactamente y a dónde. Además, en España se sigue fabricando y vendiendo armamento como las bombas de racimo, especialmente dañinas para las poblaciones civiles.

Por todo lo anterior me sumo a la reflexión de Sabino Ormazabal Elola, encausado del sumario 18/98: “No sería coherente que se trabaje por evitar las víctimas en nuestro país y se siguiera subvencionando la lógica de guerra. Las instituciones deberían declarar su renuncia expresa a la guerra y a la utilización de la violencia como medio de encarar los conflictos. Con ese objetivo se debería de prohibir la utilización de este territorio para maniobras bélicas y rescindir los apoyos a las fábricas de armamento, procediendo paulatinamente a su proceso de reconversión en actividades civiles.”

Por la Paz y el Dialogo, en mi nombre sí.

Madrid, 9 de octubre de 2007