Editorial

PREPAREMOS UN NUEVO CICLO DE LUCHAS CONTRA EL NEOLIBERALISMO Y LA MONARQUÍA CENTRALISTA

El inicio de este nuevo “curso político” aparece marcado y condicionado a escala internacional por la sombra cada vez más alargada que sobre el futuro de la “globalización” capitalista neoliberal proyecta la crisis hipotecaria estadounidense, reflejo de una inflada burbuja financiera e inmobiliaria cuyos efectos destructivos están alcanzando ya a la economía europea y española. Porque por mucho que Zapatero presuma junto con los grandes jefes de la banca española de que “España va mejor”, la crisis de un modelo de crecimiento económico basado principalmente en el “tsunami” urbanizador, ecocida y sobreexplotador de una fuerza de trabajo precarizada y, en particular, de la procedente de la inmigración (víctima principal, además, de los accidentes laborales) también es ya incuestionable en estos lares.

En realidad, la satisfacción de la gran banca y de la patronal española con el gobierno de ZP está muy justificada puesto que no sólo están obteniendo mayores beneficios sino que, además, las “reformas” fiscal, laboral y del sistema de pensiones realizadas el pasado año les garantizan todavía seguir incrementándolos a expensas de la clase trabajadora. Pese a ello, las “turbulencias” financieras y la volatilidad creciente de ese “capital golondrina” transnacional que se mueve libremente de un lado a otro del planeta siguen creando inseguridad respecto al futuro de una “globalización” cada vez más depredadora. Hasta Sarkozy se ha visto obligado a pedir “transparencia” a esos movimientos buscando así tranquilizar a los mercados...financieros y seguir fomentando el consumo de una población mayoritariamente endeudada. Por eso no sorprende que a los máximos representantes del gran capital español les moleste el “catastrofismo” del PP, ya que éste no hace más que contribuir a debilitar la capacidad de atracción de la economía española hacia un capital “extranjero” preocupado únicamente por proteger su retaguardia tanto en los países más ricos como, a medida que aumenten las “turbulencias”, en la ya larga lista de paraísos fiscales que se extiende por el planeta.

Es cierto que a la derecha española y a la patronal les gustaría ir más rápido y más drásticamente en el camino que desde hace tiempo se ha emprendido en la Unión Europea y que ahora Sarkozy trata de relanzar para acabar con la “excepción francesa”, aunque sea adornándola con críticas a la falsa “autonomía” de un Banco Central Europeo al servicio de los ricos. Tenemos ejemplos de ese neoliberalismo sin complejos en las Comunidades Autónomas donde gobierna el PP, con las Comunidades Valenciana y de Madrid a la cabeza; pero también aquí hemos visto cómo recientemente Zapatero y Esperanza Aguirre, a pesar de sus diferencias, han firmado un “pacto del cemento” empeñado en proseguir un “modelo” destinado a contentar a una burguesía rentista y especuladora.

Hay que reconocer, no obstante, que determinadas medidas populistas promovidas por el gobierno en el plano social en estos tiempos preelectorales pretenden marcar la diferencia con un PP demasiado escorado a la derecha. Pero la timidez, cuando no el carácter reaccionario, de las mismas (como la del “cheque-bebé”) no puede ocultar que lo único que preocupa a las principales fuerzas políticas es asegurar el “equilibrio presupuestario”, el control de los precios y, sobre todo, la reducción de los costes laborales (directos e indirectos) para así cumplir estrictamente con las exigencias de la “Nueva Estrategia de Lisboa” de la UE, firmemente defendida por Solbes.

Si, además, comprobamos cómo, tras el rechazo a la decisión del PSN de formar gobierno con Nafarroa Bai e IU y con el retorno al primer plano de Bono, el PSOE vuelve a convertirse en adalid del nacionalismo español y firme represor, junto con el poder judicial, de la izquierda abertzale, tampoco en este terreno va a ser fácil encontrar grandes diferencias entre los dos grandes partidos.

Nos encontramos, por tanto, ante un panorama en el que la polarización de la campaña electoral en torno a PSOE y PP difícilmente va a ser capaz de frenar la creciente desafección popular ante las instituciones y la consiguiente abstención; ésta será, además, probablemente mayor en lugares como Catalunya, en donde a la frustración por la reforma estatutaria se han sumado las provocadas durante este verano por los apagones en el sector eléctrico empresarial y por la opción por un modelo de transporte público ajeno a las necesidades de la mayoría de la población.

La existencia de una fuerza política a la izquierda del PSOE que hubiera sido capaz de contrarrestar la derechización del gobierno y de impulsar la movilización de ese gran número de trabajadores y trabajadoras, jóvenes e inmigrantes, víctimas de la “burbuja rampante” basada en la combinación de precarización y endeudamiento perpetuos, habría permitido afrontar en mejores condiciones esa mayor involución política y social. Pero de nuevo hemos visto cómo Izquierda Unida no se ha salido de un camino que la está llevando a convertirse en mero apéndice del PSOE, aun a costa de provocar mayores resistencias y fraccionamientos en su interior, como ya ha ocurrido en Asturies y en el País Valencià, poniendo así cada vez más en cuestión su propio futuro como fuerza política plural.

Por desgracia, sigue sin haber una reactivación de los movimientos sociales que ayude a cambiar de rumbo y, a la vez, a dar pasos adelante en la reconstrucción de una izquierda anticapitalista y alternativa. Sólo las luchas por una vivienda digna, algunas ligadas a la defensa del territorio y a la denuncia de la especulación urbanística y la corrupción y, de nuevo ahora, las vinculadas a la reivindicación de la memoria histórica y al rechazo a la Monarquía y a favor de la República –más justificada si cabe en estos momentos frente a la criminalización que está sufriendo, entre otros, la juventud independentista catalana- han logrado contar con una participación significativa de la población. Ni siquiera el rotundo fracaso de la estrategia estadounidense tanto en Iraq como en Afganistán (en donde las tropas españolas siguen sufriendo nuevas bajas en el marco de una OTAN que ahora ZP quiere que encabece un militar español) está generando nuevas movilizaciones de una población que sigue todavía confundida por la demagógica imagen de “misión de paz” que le atribuye el gobierno, como también ocurre en Líbano.

Existen, sin embargo, pasos positivos en distintos lugares hacia la creación de espacios de encuentro y de redes de coordinación de diferentes colectivos y organizaciones sociales para reflexionar en común y promover actividades conjuntas. El desarrollo de campañas unitarias, como la emprendida desde hace tiempo contra la precariedad y por una vivienda digna, las relacionadas con la defensa de los servicios públicos frente a las distintas formas de privatización en marcha, las vinculadas a la Semana de Acción Global que se celebra en octubre contra la Deuda Externa, las multinacionales y las Instituciones Financieras Internacionales, las cada vez más urgentes frente a las agresiones fascistas y racistas, junto con la reivindicación con mayor fuerza de un republicanismo radical, debería contribuir también a reforzar esas redes y colectivos con savia joven dispuesta a reabrir un nuevo ciclo de luchas.

Pero, además de esas tareas y frente a un nacionalismo español que se reafirma en querer revitalizar su simbología de origen franquista y racista (como la reafirmación de la “fiesta nacional” del 12 de Octubre) e imponer a pueblos como el vasco y el catalán su camisa de fuerza constitucional, tendremos que insistir de nuevo en que no podemos ceder ante ese nacionalismo ni ante la resignación a la mera descentralización política como techo insuperable para los pueblos del Estado español. Por eso, aun reconociendo que detrás de propuestas como la de Ibarretxe puedan existir motivaciones partidistas y electoralistas, la izquierda anticapitalista debe denunciar la nueva ofensiva institucional y mediática que se ha desencadenado no sólo contra esa propuesta sino, sobre todo, contra el derecho de pueblos como el vasco a decidir su futuro, por lo que debemos defender con firmeza la legitimidad del ejercicio de ese derecho más allá de los límites constitucionales. Porque de la reapertura de un debate que fue bloqueado hace 30 años, al igual que el de la República frente a la Monarquía, depende también el futuro del conjunto de los pueblos del Estado español en el esfuerzo común por construir otra democracia y otro proyecto de sociedad que, siguiendo el ejemplo de los pueblos de América latina, rompa con el neoliberalismo y vuelva a poner de actualidad la necesidad del socialismo.