Mercedes Hernández, Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca –CDHHG– 

Más de 306 han sido asesinadas en Guatemala durante el primer semestre de 2007. Más de 3.500 lo han sido en los últimos cinco años y más de 1.200 tan sólo durante 2006 en el triángulo norte de Centroamérica, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras, países en los que la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes que evidencian un crecimiento acelerado de la criminalidad ciudadana, amenazando a corto y medio plazo la democracia y la gobernabilidad, y poniendo de manifiesto que la situación que viven las centroamericanas es de inseguridad y riesgo permanentes sólo por ser mujer.  

Estos hechos delictivos muestran planificación, capacidad operativa, dominio del territorio e intención de emitir mensajes de intimidación  por parte de los autores, lo que diferencia estos crímenes de la delincuencia común y les otorga connotaciones terroristas y políticas que implican a los estados centroamericanos, en los que, a pesar del reconocimiento oficial de la existencia de la violencia de género, no se han tomado las medidas pertinentes para su prevención, sanción y erradicación. 

Para comprender el devenir de este estado permanente de indefensión y terror en el que viven las mujeres, es necesario tener en cuenta la situación de posguerra que se vive en el triángulo norte y, más aún, indagar en la violencia sufrida por la población femenina durante los años de conflictos armados, sin menospreciar el hecho de que antes de las guerras en El Salvador y Guatemala (la situación en Honduras responde a un contexto diferente) el estatus sociocultural de las mujeres en Centroamérica también era de exclusión y marginación, condiciones propias del sistema de valores impuesto por el machismo enraizado en la cultura de la región, que coloca a las mujeres en una permanente subordinación a normas jurídicas y sociales que no las protegen ni representan. 

Desde el inicio de la guerra interna, hacia 1960, hasta su fin, en 1996, la mayoría de los involucrados en el conflicto armado  fueron hombres: desde el alto mando responsable de las acciones contrainsurgentes hasta las tropas que llevaron a cabo buena parte del terror, pasando por los campesinos forzados a servir al gobierno en las patrullas de autodefensa civil. El movimiento revolucionario dio participación a las mujeres en la lucha,  como combatientes armadas y población de apoyo, pero también fue dominado por los hombres. 

Como consecuencia de la participacion masculina en el conflicto armado, la mayoría de las víctimas fueron hombres, salvo en la región occidental, donde  el terror fue masificado. El Estado consideró que los padres de familia eran los principales responsables de la actividad política local, incluyendo el apoyo a la guerrilla, por lo cual buscaron primero la eliminación de los hombres, quienes huyeron de sus comunidades a la primera señal de ataque militar. Se sabe de casos en comunidades cuyos hombres dormían entre sus parcelas o en el monte para evitar ser capturados. Con los hombres ausentes, los militares se ensañaron contra cualquiera que lograban capturar, ya fueran mujeres, niños o ancianos.

La cantidad de mujeres asesinadas aumentó con la intensificación del conflicto social a mediados de los setenta, llegando a su máximo en 1982, durante las campañas de "tierra arrasada", promovidas por el golpista militar Efraín Ríos Montt, y descendió paulatinamente cuando la violencia se volvio más selectiva. Como consecuencia,  los hombres fueron objeto directo de la violencia política, pero las consecuencias del terrorismo estatal afectaron (y siguen afectando) desproporcionadamente a las sobrevivientes, quienes han padecido los efectos tanto inmediatamente después de las masacres como a largo plazo.

Durante el conflicto armado interno en Guatemala, las fuerzas represivas trataron a las mujeres como otro botín de guerra más. En muchas comunidades los soldados violaron a las sobrevivientes después de masacrar a los hombres, mientras que en otras las mujeres eran violadas y torturadas antes de ser asesinadas. Con la militarización y el colapso del orden moral, producto de la violencia institucionalizada desde la cúspide del gobierno, soldados y patrulleros civiles abusaron de las sobrevivientes, por la mera capacidad (u oportunidad) de hacerlo, por la extrema vulnerabilidad de ellas o porque nadie les impediría hacerlo.

En muchas comunidades en donde los hombres huyeron o fueron asesinados, algunas viudas permanecieron durante años como esclavas sexuales de los comandantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). La violación también contribuyó como función contrainsurgente: humillar, dañar y destruir emocionalmente a los sobrevivientes y así desalentar la participación en el movimiento insurgente a través de crímenes de poder  cuya función fue la vejación sistemática de las víctimas, su anulación y alienación como seres humanos en sus aspectos mas íntimos.

En la actualidad, las hipótesis más difundidas han sido aquellas que atribuyen el asesinato de mujeres a la delincuencia común y las que vinculan a las asesinadas con la  participación en las maras (pandillas juveniles), sin reparar en que éstas son manifestaciones claramente reaccionarias, mas no el estímulo o la raíz de los asesinatos de género. Se ha dejado de lado el análisis de aspectos políticos o sociológicos, en cuyas profundidades se encuentra el fundamento de la violencia contra las guatemaltecas, invisibilizando la realidad y, con ello, minimizando los hechos y revictimizando a las asesinadas y sus familiares, que en muchos casos deben cargar no sólo con el duelo, sino también con los juicios emitidos por quienes terminan culpando a la víctima de su destino.

Al procesar la información sobre los casos de las mujeres asesinadas se observa que los patrones de ejecución tienen grandes similitudes con los utilizados durante las operaciones contrainsurgentes, heredados del surgimiento de poderes paralelos, producto del mismo conflicto, a lo cual hay que agregar el carácter violento del sistema patriarcal que impera en Guatemala. La combinación de estos factores frena, a través de la represión, la participación de las mujeres en los espacios públicos y privados, convirtiéndolas en un sector desprotegido y vulnerable y, por otra parte, mantiene la ingobernabilidad y la inoperancia del Estado de Derecho.

En Guatemala, la violencia es dirigida hacia los sectores y las personas más débiles en las relaciones jerárquicas de poder que abarcan ámbitos económicos, sociales, políticos, públicos y privados, en  los cuales las mujeres ocupan posiciones subordinadas asignadas por una sociedad que las no las reconoce como sujetos de dignidad y derechos. Son  consideradas como propiedad de un hombre: padre, esposo, suegro, hermano, novio, autoridad o cualquiera a quien se haya delegado el tutelaje de su conducta. Estos tutores están legitimados por la sociedad y por el marco jurídico que la rige, para imponer sobre ellas su voluntad, incluso por medios violentos, en la mayoría de los casos. En lo público la situación no varía: la agresividad arraigada en las instituciones del Estado y en la sociedad lleva a la normalización de las agresiones contra las mujeres, culpándolas o relacionándolas con la responsabilidad de haber sido asesinadas, lo cual no sólo desvaloriza la vida humana en su totalidad (y específicamente la de las asesinadas), sino que fomenta la impunidad y la reproducción de las conductas violentas contra las mujeres. 

La responsabilidad del Estado de Guatemala en los asesinatos de mujeres es por omisión... y por acción. El incumplimiento de los Acuerdos de Paz, en especial el de Fortalecimiento del Poder Civil, y otros aspectos no atendidos por el gobierno (como la falta de control sobre el papel del ejército en una sociedad democrática o la casi nula desarticulación de los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad), han favorecido el recrudecimiento del caos. A ello se suma la negativa a cumplir con el traslado al Ministerio de Gobernación el control de armas y municiones, que continúa en manos del Ejército (numerosas organizaciones afirman que existen más personas armadas hoy en día en Guatemala que durante el propio conflicto armado). De igual forma, la actitud negativa del Estado ante la creación y el fortalecimiento de los mecanismos civiles, entorpece y neutraliza las acciones de la sociedad guatemalteca, que continúa militarizada no sólo por los poderes que aún detenta el Ejército, sino por la proliferación y el descontrol de las más de 1.500 empresas de seguridad privada (la mayoría de las cuales exige a sus empleados haber prestado servicio militar), así como por los ex militares diseminados entre la población civil y vinculados a la delincuencia organizada. 

La ausencia de políticas de prevención, la falta de justicia, la ineficacia -o pura y dura ausencia- de sistemas adecuados de investigación y la inexistencia de condenas contra los autores materiales e intelectuales de estos crímenes sumergen y ahogan cada caso en la impunidad de los culpables, lo que tiene dos efectos devastadores para cualquier sociedad: dejar al criminal sin castigo y reproducir el delito a través de mensajes claros que dejan patente la posibilidad de hacer cualquier cosa con la vida de una mujer (pues no hay que rendirle cuentas a nadie por ello). La ineficacia en la investigación criminal no responde exclusivamente a la falta de profesionalización. Este sistema ridículo y cariado por la impunidad empobrece los resultados al no tener capacidades suficientes en materia jurídica, protección de la escena del crimen, recopilación, cuidado eficaz de la evidencia científica, formulación de hipótesis, fundamentación de las acusaciones, protección de los testigos, realización del debate, sustentación jurídica de la sentencia y, en general, impulso del proceso para esclarecer los hechos y lograr la identificación y la consecuente sanción penal de los responsables intelectuales y materiales. La falta de voluntad política para elevar la calidad en las investigaciones (y con ello dar con los responsables de los crímenes contra las mujeres) coloca al Estado de Guatemala en una grave posición de encubrimientos flagrantes y permanentes de los delitos contra las mujeres. 

La falta de un marco jurídico adecuado propicia las circunstancias para que la ley sea inefectiva e insuficiente, ya que  la normativa del Estado no se corresponde con la realidad y las necesidades de la población, y la falta de instrumentos legales puede servir para fomentar la violación de derechos humanos, pues no existe tipificación de los delitos, aun cuando es evidente que responden al modelo de abuso por condiciones de género. Una vez más se evidencia la falta de voluntad política, pues el Estado se ha negado a reformar las normas, que siguen siendo el fundamento de la legitimación de las perspectivas de superioridad de los hombres, en un país cuya población está constituida, en más de un 50 %, por mujeres y cuya base de organización social está formada por ellas. 

Las mujeres guatemaltecas representan y han representado históricamente un papel imprescindibile y protagonista en la reconstrucción de Guatemala, especialmente en el desarrollo de un nuevo movimiento a favor de los Derechos Humanos y, actualmente, en la denuncia y visibilización de esta realidad, que por lo desconocida que aún es y lo apartada que está de los intereses de los organismos internacionales permanece en la impunidad y el olvido.