EDITORIAL

Ante la firma del “Tratado de Lisboa” de la UE

UN NUEVO FRAUDE A LOS PUEBLOS DE EUROPA 

Con el consenso alcanzado el pasado 18 de octubre entre los líderes de los 27 países miembros de la UE en torno a lo que se ha dado en llamar el “Tratado de Lisboa” se ha consumado el fraude que ya pronosticara Giscard d’Estaing, el “padre” de la Convención Europea, en junio pasado: “Los gobiernos europeos se han puesto de acuerdo sobre los cambios cosméticos a hacer a la Constitución para que sea más fácil de digerir”. Eso es lo que hacen, en efecto, los documentos aprobados en la capital portuguesa, con un contenido mucho más farragoso e ilegible aún que el proyecto de “Constitución” europea, ya que ahora contienen dos proyectos de reforma de Tratados actualmente en vigor, de más de 200 páginas en total, junto con 12 Protocolos y 53 Declaraciones. No se trata, pues, de un “mini-Tratado”, como quisieron vendérnoslo al principio, sino de un “maxi-Tratado” que debe ser rechazado. Se busca así, de nuevo, que la gran mayoría de la ciudadanía se resigne a no leerlos y confíe en lo que les digan sus gobernantes. 

Es verdad que hay algunas “rebajas” formales respecto al proyecto anterior: ya no se habla de “Constitución”, se relativiza la simbología, se reconoce abiertamente que lo que existe es una Unión de Estados y no de ciudadanos, renunciando así a dar protagonismo, aunque sea formal, a éstos últimos, y se permite que países como Gran Bretaña se libren de aplicar la ya de por sí descafeinada Carta de Derechos Fundamentales. Pero nada de eso impide constatar que, como han subrayado contentos Angela Merkel o Zapatero, se mantiene la “sustancia de la Constitución”, a la que se añaden algunas modificaciones en la arquitectura institucional para hacerla más funcional y ágil, sobre todo de cara a la política exterior (con un “Alto Representante”, encarnado por el fiel servidor del “amigo americano”, Javier Solana), además de alguna concesión a los Parlamentos estatales que no cuestiona su subalternidad, junto con el Parlamento Europeo, respecto a las principales instituciones decisorias: el Consejo Europeo, la Comisión, el Tribunal Superior de Justicia y el Banco Central Europeo.  

¿Qué es lo que han conseguido con esa operación cosmética de cambio de nombre manteniendo el contenido? Engañar de nuevo a la ciudadanía tratando de sortear la obligatoriedad de nuevos referendos tras el fracaso estrepitoso sufrido en Francia y Holanda en 2005, evitando así enfrentarse a la opinión de los pueblos de Europa con el fin de poder reanudar a toda velocidad el camino hacia una “Europa-potencia” capaz de competir en mejores condiciones (con el euro como emblema) ante las otras grandes potencias frente a los desafíos que la crisis de la “globalización” neoliberal está generando, fijando para ello como “blanco” inmediato a atacar el mundo del trabajo. No es casualidad que paralelamente a esa misma “Cumbre” se haya consagrado también en Lisboa el nuevo eufemismo de la “flexi-seguridad”, fuertemente cuestionado en una manifestación que reunió en esa misma ciudad a más de 200.000 trabajadores. Pero aun así no está claro que puedan impedir que en algún país miembro se celebre un referéndum, como ya se está exigiendo en Holanda, Gran Bretaña y Francia, pese a que en este último caso Sarkozy se haya apresurado ya a anunciar que se limitará a someter a votación parlamentaria el nuevo Tratado en enero del próximo año. 

Las principales razones que nos llevaron a rechazar el proyecto de Constitución europea siguen siendo, por tanto, vigentes: este nuevo Tratado impone un modelo económico neoliberal basado en la “competencia libre y no falseada”, en el “crecimiento económico” y en la “supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional”, en detrimento de los pueblos del “Sur” (como estamos viendo ya en los “Acuerdos de Asociación Económica” que se quiere imponer a los países empobrecidos de Africa, Caribe y Pacífico) y del medio ambiente (pese a la retórica para frenar el cambio climático que sigue contrastando no sólo con el mantenimiento de un “estilo de vida” insostenible sino, sobre todo, con la implicación creciente en la lucha por el control geopolítico de las zonas del mundo ricas en combustibles fósiles); fomenta la precarización de una fuerza de trabajo sobreexplotada, compuesta cada vez más de mujeres e inmigrantes, la privatización de los servicios públicos y el libre movimiento de capitales (pero no de las personas..., ni siquiera de las procedentes de algunos de los nuevos países miembros); sigue fijando la “estabilidad de los precios” como objetivo de la UE y de un Banco Central Europeo independiente; refuerza los vínculos con la OTAN y mantiene la exigencia a los Estados miembros de “mejorar progresivamente sus capacidades militares”; y no sólo no reconoce el carácter plurinacional de muchos de los Estados miembros ni plenos derechos de ciudadanía para “nacionales de terceros países en situación de residencia” sino que refuerza el protagonismo de los poderes ejecutivos estatales, el populismo punitivo xenófobo (como hemos visto ahora en Italia frente a la población rumana) y la militarización creciente de la frontera con Africa, la más injusta y desigual del planeta. 

En resumen, si este nuevo proyecto –que tendrá que ser firmado definitivamente en una nueva “cumbre” el 13 de diciembre para ser luego trasladado a los parlamentos estatales- llega a consumarse, se confirmará el carácter antidemocrático, neoliberal e imperialista de la Unión Europea y su “norteamericanización” creciente en detrimento de lo poco que queda del mitificado “modelo social europeo”. Se hace, por tanto, necesario relanzar el debate sobre la Europa que queremos y la necesidad de referendos en todos los países miembros sobre este nuevo Tratado, con mayor razón cuando entramos en una etapa en la que en casos como el español los frutos aparentemente “dulces” de la “integración” (explotados demagógicamente en un referéndum que, sin embargo, chocó con una abstención elevadísima) son ya cosas del pasado y estamos viendo en cambio los cada vez más amargos de esta deriva neoliberal y mercantilista. Las movilizaciones de Lisboa el 18 de octubre, las de Roma el pasado 20 de octubre o las del sector ferroviario en Francia, todas ellas escandalosamente silenciadas por la gran mayoría de los medios de comunicación españoles, son los ejemplos más visibles de que es necesario y posible organizar la resistencia a escala europea dentro de la UE tanto contra ese proyecto como contra las distintas políticas a través de las cuales se está poniendo en marcha desde hace tiempo.