De Bangkok, Danielle Sabaï

La junta militar birmana ha reprimido el levantamiento de la población contra la dictadura, iniciado hace más de un mes. Se cuentan decenas de muertes y centenares de detenciones. El régimen se beneficia del apoyo oficioso de la «comunidad internacional».

Las manifestaciones son un hecho raro en Birmania, país que vive bajo el yugo de una junta militar entre las más represivas del mundo. Sin embargo, a raíz de un aumento espectacular del precio de los carburantes a mediados de agosto en Rangún, varias manifestaciones han tenido lugar. Iniciadas por estudiantes, a principios de septiembre tomaron un giro más político, en respuesta a la represión sufrida por monjes de la ciudad de Pakokku (centro del país). Éstos han se han movilizado masivamente para pedir excusas del gobierno, reformas económicas y la liberación de todos los prisioneros políticos, incluyendo la Premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi.
 
La última gran revuelta de la población, en 1988, se había saldado con la muerte de al menos 3.000 manifestantes y miles de detenciones. El pueblo birmano vive en una extrema pobreza y la ausencia de democracia. El país es encuadrado por milicias paramilitares y organizaciones como la Asociación de la Unión para el Desarrollo y la Solidaridad, que participa sistemáticamente en las operaciones de represión.
 
Apoyo a la dictadura
 
A diferencia de 1988, la crisis actual en Birmania está muy mediatizada a nivel internacional. Aquello ha permitido mostrar hasta qué grado de hipocresía han llegado los gobiernos y las organizaciones internacionales. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos han reaccionado rápidamente a la represión de los manifestantes. Pero los llamamientos a «la contención» y a la «utilización de medios pacíficos para restaurar la estabilidad» no son por eso menos cínicos. ¿Quién puede creer que una de las dictaduras más feroces del mundo, cuyo jefe, Than Shwe, es un loco paranoico, se dejará intimidar por discursos tan timoratos?
 
Grandes firmas europeas están implantadas en Birmania desde hace demasiados años. Sus actividades enriquecen directamente a los militares en el poder con toda legalidad, la Unión Europea no habiendo prohibido el comercio en los sectores estratégicos (maderas raras, piedras preciosas, minerales, hidrocarburos), que aporta dinero a la junta y la ayuda a mantenerse en el poder. Mientras tanto, el pueblo está condenado a trabajos forzados. 

Los países vecinos, sobre todo India y China, siendo consumidores importantes de las materias primas que Birmania posee en abundancia, han decidido cerrar los ojos ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de los niños. Mil millones de dólares son investidos en múltiples proyectos. Además, estos dos países han contribuido sobradamente a hacer de la Tatmadaw, el ejército birmano, el segundo ejército más poderoso de Asia del Sureste, vendiendo todo tipo de material que la dictadura emplea para aplastar al pueblo. Por dos veces este año, China ha bloqueado una resolución del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas condenando el régimen birmano.
 
45 años de dictadura
 
En su lucha contra las etnias rebeldes, la junta militar utiliza a gran escala el alistamiento forzado de niños en el ejército, los trabajos forzados, las ejecuciones sumarias de campesinos, la violación de mujeres y de criaturas, la tortura, los desplazamientos forzados de poblaciones, el pillaje. Incendia los pueblos, quema el ganado y destruye los recursos alimenticios de los campesinos, y mata a los trabajadores de la salud que intentan traer ayuda.
 
La situación sanitaria y social del país es tan espantosa que en los países limítrofes están apareciendo, o reapareciendo, enfermedades como el dengue, la tuberculosis y formas virulentas de malaria. Esta situación es agravada por la suerte de millones de refugiados birmanos, a quienes los países vecinos niegan el estatuto de refugiado. El tráfico de drogas, organizado por los militares, ha hecho de Birmania el segundo productor mundial de opio y el primer productor de anfetaminas.
 
Hace falta que se instaure rápidamente un gobierno civil. Este gobierno tendrá que tomar las medidas sociales de urgencia que tanto necesita la población y restablecer las libertades democráticas que permitan, sin mucha demora, escoger una verdadera asamblea constituyente.