Jon Bernat Zubiri Rey *

Un fantasma recorre Francia. De nuevo esta sociedad es capaz de poner en jaque los complejos entramados del dinero y del poder establecido. Apenas 6 meses después de que el nuevo gobierno se erigiera como propuesta populista de resolución al conjunto de los males del país, empieza a tejerse con fuerza una contestación social al paquete de reformas que pretende llevar a cabo el omnipresidente Sarkozy. Siempre al amparo de sus amistades en el seno de las grandes empresas y medios de comunicación de masas, a este nuevo actor vanguardista de la contrareforma neoliberal europea no le tiembla el pulso al anunciar las nuevas recetas, milagrosamente simplistas, que devolverán al país a las sillas destacadas del progreso ilimitado y el poder internacional. 

En este artículo trataremos de presentar, en primer lugar, el grave riesgo que se cierne sobre la universidad pública y la fuerte contestación que el movimiento estudiantil con el apoyo de otros sectores universitarios está llevando adelante a lo largo y ancho de todo el país. Acto seguido extenderemos nuestro análisis al conjunto de reformas que el gobierno va encadenando a ritmo frenético y con nula sensibilidad negociadora, las cuales están levantando en diversos sectores de la sociedad un fortalecimiento del movimiento social en defensa de las conquistas históricas. 

Universidad Pública frente a Universidad-Empresa: Continuemos la movilización 

Hace ya más de una década que las universidades de todo el mundo se convirtieron en un campo de batalla de la mercantilización y los intereses privados. La última reforma lanzada por la ministra Pecresse lleva por título “Ley de las Libertades y Responsabilidades de la Universidad” (LRU) y no hace más que establecer el marco jurídico para que el proceso de mercantilización y privatización parcial de la universidad y su investigación pueda llevarse adelante, tratando de librarse de las fricciones y resistencias que la comunidad científica y estudiantil plantean frente a este proceso, alzándose en defensa del carácter público y de la utilidad social de las instituciones educativas. 

Esta Ley concentra los poderes del presidente de cada universidad, reduciendo dos de las tres cámaras representativas a un mero carácter consultivo y modificando los márgenes de la tercera de ellas, el Consejo de Administración, reduciendo el peso de los estudiantes y el personal de administración y servicios y ampliando descaradamente hasta el 38% el número de personalidades externas que pueden sentarse en este órgano. La entrada de empresas privadas con plenos derechos y poderes no sólo se articula en este consejo, sino que esta ley también regula la creación de fundaciones y centros públicos de cooperación científica, en los cuales las empresas privadas que participen tendrán una amplia representación acorde a sus aportaciones. Esta deriva del funcionamiento de las instituciones de educación superior e investigación hacia el modelo de las sociedades empresariales está acompañado de la gran estrella esgrimida por el gobierno en defensa de su ley, la “autonomía” de la universidad. Se instaura por un lado una “autonomía pedagógica” que no pretende sino hacer más maleables los planes de estudio a los intereses de los nuevos agentes privados cuya presencia se normaliza. Se impone por otro una “autonomía financiera” que regula la grave desimplicación presupuestaria del Estado respecto de las universidades públicas. Esto supone una creciente “dependencia” respecto a las fundaciones, empresas y mecenazgos varios, por un lado, y a las tasas de matrícula pagadas por los alumnos por otro (creciente derecho a la selección también renforzado por nuevos mecanismos de inscripción a la universidad y a los segundos ciclos que refuerzan las desigualdades en el acceso a la universidad).

La Universidad de dos velocidades ya está muy presente en el modelo francés (Grandes Écoles y facultades corrientes) y esta reforma acentúa gravemente esta fenómeno mediante la creación de agencias nacionales encargadas de evaluar, mediante indicadores económicos, la eficiencia de los dintintos centros y de realizar rankings que sirvan para instaurar una financiación selectiva del estado a los centros rentables. El nuevo plan de investigación va también en esta linea, reduciendo la financiación de base y renforzando el apoyo por proyectos, ahogando de esta forma la autonomía de los centros investigadores y dando a la investigación económicamante no rentable a corto plazo una inestabilidad y una precarización de su personal que realmente pone en riesgo la producción libre de saberes en todos los campos. La ministra esgrime unos objetivos de excelencia y reputación internacional de la universidad e investigación francesa, pero es sin duda la educación superior de calidad para el conjunto de la población y la investigación de utilidad social la que está en riesgo con esta nueva ofensiva neoliberal, a la que sin duda es indispensable hacer frente. 

Pero aún no está dicha la última palabra. En el campo universitario el movimiento estudiantil, silenciado por los medios de desinformación, se erige con fuerza y levanta barricadas en las puertas de cada centro o escuela. Al menos 41 universidades en huelga, más de la mitad de entre ellas bloqueadas, hasta la retirada de la ley y la aprobación de nuevas medidas públicas de financiación. Una coordinación nacional estudiantil se reúne cada semana y amplía sus reivindicaciones más allá de lo meramente universitario, anunciando una fuerte resistencia a las intenciones del gobierno y de las grandes empresas. A pesar de la fuerte represión para impedir las ocupaciones de facultades y las acciones de protesta a pie de calle, los estudiantes plantan cara a una reforma que se dice legítima escudándose en la voluntad electoral de los franceses. Pero se niega la mayor, ganar las elecciones no da poderes absolutos para desmantelar las instituciones que con mucho esfuerzo se han ido construyendo a lo largo de la historia. Las Asambleas Generales de cada universidad, cuya legitimidad confronta apasionadas argumentaciones en la sociedad francesa, se erigen como instituciones de contrapoder dispuestas a no ceder en la contienda. A pesar de las duras presiones que los medios de comunicación y los rectores ejercen sobre la población estudiantil, estos siguen acudiendo masivamente a votar y a participar en la consecución de la protesta (en Grenoble, 4000 estudiantes reunidos en asamblea acaban de votar una semana más de huelga y bloqueo para agudizar la presión al gobierno). Las manifestaciones se suceden con una fuerte represión policial. Las acciones y las reuniones interprofesionales e intergeneracionales siguen trabajando por la construcción de un largo e unitario frente en defensa de los tan corrompidos valores republicanos. 

Frente a un gobierno que no da tregua, movilización social generalizada 

Pero por supuesto esto no es más que una parte de los ataques al bienestar y las conquistas históricas del pueblo francés lanzado por el gobierno de Sarkozy. Acabamos de ver terminar sin resultado negociador considerable alguno la huelga de más de una semana de los ferroviarios, que han visto recortado su régimen especial de jubilación (basado en la penosidad de su trabajo). Los sindicatos, como es costumbre, presionan por la moderación y contienen la deseable radicalización de las protestas obreras. Por otro lado el gobierno esgrime un discurso de confrontación entre los trabajadores que cuentan con estas ventajas y aquellos que se temen un aumento de la vida laboral para el conjunto de la población. Argumentos viciados que buscan el enfrentamiento entre los que nada tienen y los que cuentan con pequeños privilegios, sin duda alejando la atención de las altas rentas financieras, inmobiliarias y especulativas, que reciben de la mano de Sarkozy regalos fiscales que no reciben especial atención en el debate público. 

Hortefeux, ministro de la inmigración y la identidad nacional (sólo la denominación ya da que pensar), ha lanzado sin debate alguno todo un plan de reformas para fortificar el control policial de los inmigrantes y para doblar las expulsiones de sin papeles este año (un objetivo de 25.000). Se pretende instaurar también tests de ADN y pruebas de francés y cultura nacional para dificultar el reagrupamiento familiar. El movimiento de apoyo a los sin papeles se fortifica. Con un eje central en las asociacciones de padres de alumnos (Red de Educación Sin Fronteras) y otro en los movimientos autónomos de barrio, se suceden las acciones y se fortifican los lazos de coordinación para hacer frente a esta caza al inmigrante, que vulnera los más elementales principios de humanidad y dignidad democrática. 

La reforma de la judicatura (que también ha lanzado a la calle a abogados y jueces), se reestructura a base de suprimir 23 grandes tribunales y 176 tribunales de instancia, así como 63 consejos prud'hommales (controlados por los agentes sindicales y patronales y encargados de reglar los conflictos laborales), instaurando un recorte de la justicia y acentuando su saturación.  

La supresión de 22.000 puestos de trabajo en la función pública, 10.000 de entre ellos en la educación nacional, ha lanzado a la calle a los maestros y al conjunto de funcionarios en la última jornada masiva de huelga el 20 de noviembre. Aquí también los sindicatos, auténticos agentes cadúcos de representación de los intereses populares, apuestan por la moderación, a pesar de la grave carga de trabajo y saturación que se avecina sobre estos sectores. Aún así una masa crítica de maestros y funcionarios presionan por continuar las movilizaciones y por lanzar una huelga indefinida reconductible a comenzar en el próximo día nacional de huelga el 27 de noviembre. 

La Ley de prevención de la delincuencia, aprobada hace algunos meses, instaura obligaciones parapoliciales (de obligado cumplimiento) de los educadores que trabajan con menores y adolescentes problemáticos. La política internacional neocolonialista e irrespetuosa con la legalidad y autonomía de cada país cobra fuerza (ver sucesos del Senegal, Tchad o el acercamiento a los Estados Unidos). También es sangrante el plan de reforzarmiento de los servicios mínimos que trata de enfrentar a usuarios y huelgistas para mermar la eficacia del derecho a huelga. Todo esto sazonado con un talante populista y una falsa apertura conciliadora que pretende acabar con toda cultura contestataria e instaurar falsas concertaciones (ver la moda de los Grenelles del Medio ambiente, de la Inserción, de la Cultura....) para legitimar la contención de las demandas populares. 

Esto no es más que el principio, continuemos el combate

La protesta y la participación directa se alzan frente a la “democracia” representativa, que pretende limitar el derecho a la gestión colectiva de los asuntos a un voto en una urna cada 5 años. La desigual capacidad de hacer entender los mensajes y propuestas y la descarada connivencia de algunos candidatos con los poderes económicos y mediáticos levantan ampollas entre las poblaciones de todo el mundo. Francia es un país donde aún es posible una fuerte autoorganización de la población para incidir y transformar las relaciones políticas y económicas que rigen el país. Los estudiantes, siempre una punta de lanza debido a su autonomía respecto a las organizaciones sindicales, trabajan hoy con mucho esfuerzo y amplias capacidades adquiridas en los ciclos de movilización de los últimos años (Victoria contra el Tratado constitucional europeo, Protestas contra el aumento generalizado de tasas universitarias, Movimiento contra la precariedad de la primavera del 2006...) para que una convergencia real de los distintos sectores sea posible. Frente a un modelo de sociedad individualista y atomizada, donde parece querer imponerse una lógica corporativista de la reivindicación social, una nueva solidaridad intersectorial e intergeneracional es más posible y necesaria que nunca, y planta cara contundentemente a las nuevas oleadas liberalizadoras que azotan este país y al conjunto del planeta. Esto no es más que el principio, continuemos el combate. 

25 de noviembre del 2007

* Activista e Investigador en la Universidad de Grenoble)
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