EDITORIAL [Diciembre 2007]

A medida que se acercan las elecciones, la competencia entre los dos principales partidos por ganarse la confianza de los grandes capitalistas y de las clases medias “acomodadas” no cesa de acentuarse: ambos insisten en que no van a subir los impuestos (directos, por supuesto) y anuncian rebajas y reformas en el IRPF y en el de sociedades, mientras siguen el aumento de precios de alimentos básicos, la congelación salarial y la precarización y el endeudamiento de la mayoría de la población trabajadora. Todo ello acompañado de la continuación de medidas de privatización abiertas o encubiertas de servicios públicos y de la salida a la luz de nuevos escándalos derivados de la corrupción producida por la especulación urbanística e inmobiliaria en muchos ayuntamientos. Hasta en la política exterior compiten ambos partidos, por no hablar del Rey, para ver quién defiende mejor los intereses de las empresas transnacionales españolas, como hemos podido ver en la Cumbre Iberoamericana en Chile.

Paralelamente, a la represión contra sindicalistas combativos, a la condena a los periodistas de “El Jueves” y a jóvenes independentistas catalanes, o al reciente Informe de Amnistía Internacional denunciando que la tortura es una práctica frecuente de la policía española ha seguido la criminalización gubernamental de la juventud antifascista; todo ello en contraste con la tolerancia mostrada ante una extrema derecha racista, cada vez más beligerante y dispuesta a llegar al asesinato de jóvenes, como ha ocurrido ahora con Carlos Palomino a manos de un soldado profesional. La condena a largos años de prisión para la gran mayoría de las personas procesadas en el sumario 18/98 viene además a confirmar la continuación de la senda hacia la consolidación de un Estado penal, practicante de la “justicia preventiva” y de la extensión creciente del calificativo de “terroristas” a todos aquellos sectores que puedan compartir los objetivos políticos de ETA, como puede ocurrir ahora con la amenaza de ilegalización a ANV utilizando de nuevo la aberrante Ley de Partidos. Bien es verdad que no ayuda nada a combatir este endurecimiento represivo el nuevo atentado mortal cometido por esta organización, la cual debería limitarse a declarar el cese definitivo de su actividad armada. Pero la respuesta de todas las fuerzas políticas y sindicales mayoritarias a ese atentado en torno a unos lemas (“Por la libertad y para la derrota de ETA”) que en enero pasado habían sido rechazados por el partido del gobierno confirma de nuevo la adaptación a un discurso del PP contrario al diálogo y a la negociación que, pese a todo, seguimos considerando necesarios.

El desplazamiento a la derecha del marco de debate entre los dos grandes partidos, reflejado tanto en el plano económico y social –por mucho que éste se vea atenuado por promesas “populistas” de corto alcance- como en el de la restricción de derechos y libertades básicas, se combina también con la reactivación del imaginario nacionalista español frente a las demandas crecientes tanto en Euskadi como en Catalunya de reconocimiento del derecho a decidir su futuro. Crece de esta forma la distancia entre las mayoría de ambos pueblos y la que en el resto del Estado español sigue sin poder liberarse de una mirada excluyente –fomentada desde la práctica totalidad de los medios de comunicación y las instituciones- a la hora de buscar una solución democrática a un conflicto que viene de lejos y que fue eludido en nombre del falso “consenso” de la “transición”.

En esas condiciones –y sin por ello subestimar el retroceso que supondría el retorno al gobierno del PP de Aznar y Rajoy- la pasividad, cuando no la complicidad, de las direcciones de los grandes sindicatos ante los avances del neoliberalismo, junto con la adaptación a la cultura de la “gobernabilidad” por parte de IU e ICV, continúan sin verse contrarrestadas por una renovación de la movilización social, de las redes críticas y de una izquierda capaz de frenar esa derechización política y social. Sin embargo, respuestas como la producida en Madrid frente al asesinato de Carlos Palomino demuestran, pese a sus limitaciones, que existe una nueva generación dispuesta a la acción política y a asumir sin complejos su definición como antifascista y “antisistema”: su aprendizaje de una práctica radical y unitaria, alejada de sectarismos y dispuesta a sentar las bases de un amplio movimiento antifascista y antirracista, no será fácil pero de la capacidad de avanzar por ese camino dependerá también que de ella pueda surgir una aportación efectiva a la construcción de otra izquierda digna de ese nombre.