Las políticas represivas y securitarias actuales y el pretexto de "la lucha contra el terrorismo"

Mariona Ferrer

La creciente criminalización de los movimientos sociales y de la izquierda anti-capitalista que se está produciendo en el conjunto del Estado español va acompañada por un aumento de la represión policial y de la vulneración de los derechos y libertades de los ciudadanos, hechos que forman parte tanto de las particularidades propias de nuestra sociedad como de un fenómeno de alcance global. Las políticas represivas, contrainsurgentes y securitarias se han generalizado en toda la Unión Europea bajo el pretexto de "la lucha contra el terrorismo global". Para asegurar la hegemonía del capitalismo neoliberal se lucha contra los movimientos sociales que puedan plantear una alternativa real al sistema neoliberal.

Terrorismo, crimen global, manifestación violenta de los antisistema ... éstas son algunas de las palabras que, a través de los grandes medios de comunicación de masas, ciertos sectores de la ciudadanía van asumiendo como expresiones de un "peligro" contra el cual hay que luchar. Se producen discursos legitimadores para facilitar las actuaciones policiales y represivas: la "guerra contra el terrorismo". Los grandes medios de comunicación transmiten visiones catastrofistas y atemorecedoras para que la ciudadanía acepte el incremento de la seguridad y el control policial. Y para que acepte también, o vea como necesaria, la represión policial.

Todo esto puede ser definido como una “construcción social de miedo”, como un mecanismo para legitimar la represión y el control social, buscando el consenso de sectores de la población respecto de estas actuaciones. Es un fenómeno cada vez más generalizado en el discurso de los grandes medios de comunicación. Medios que, como ya sabemos, forman parte de las grandes corporaciones y poderes económicos y que, por lo tanto, reproducen el sistema de dominación actual. Este discurso mediático del miedo se está arraigando en el conjunto del Estado español y con él se pretende la criminalización de los movimientos sociales y grupos de izquierda anti-capitalista, que utilizan las acciones de protesta como un repertorio más de su estrategia de acción.

En el caso catalán, lo peor es que esta criminalización mediática de la disidencia social y política va unida a un uso mayor de la represión contra los movimientos sociales contestatarios y alternativos por parte de las autoridades policiales (dirigidas por una Consejería del Interior y por un gobierno tripartito teóricamente "progresistas"...). Un ejemplo reciente de esta situación ha sido la fuerte represión por parte de los Mossos d'Esquadra de la manifestación del pasado 17 de noviembre, convocada por diferentes colectivos de la izquierda radical en Barcelona, como protesta por el asesinato del joven antifascista en Madrid, (ver el artículo en la p. ??).

Sin embargo, tenemos muchos más casos cercanos: la actuación represiva por parte de la policía autonómica después del asunto de Núria Pòrtulas, el secuestro de manifestaciones anti-represivas como la del 17 de junio o la del 29 de septiembre, las detenciones a raíz de la quema de fotos del Rey, el episodio del "kubotán", etc. La misma ordenanza cívica del ayuntamiento de Barcelona plantea claros límites a la libertad de expresión y de uso del espacio público para la denuncia social.

Una de las cosas que tienen en común todos estos casos es la represión del derecho, recordemos, constitucional, de manifestar y expresar las diferencias ideológicas. A nivel estatal, la persistencia del conflicto vasco y la acción armada de ETA se utilizan para aprobar legislaciones antiterroristas que vulneran los derechos básicos de la ciudadanía (entre otros, la reforma del PP del Código Penal alargando penas a 40 años, la Ley de Partidos, el cierre de periódicos, etc.).

Ahora bien, esta situación de indefensión ciudadana ante la imposibilidad o dificultad de ejercer los derechos de manifestación, de expresión o de asociación no es exclusiva de la realidad estatal, aunque en cada sociedad tenga particularidades propias. Esta política de prohibición y de supresión, con el uso de la fuerza si hace falta, se tiene que situar en un contexto mucho más global que se caracteriza por la extensión de las políticas represivas, contrainsurgentes y securitarias en todo el mundo y, muy en particular, en la Unión Europea y en los Estados Unidos después del atentado del 11 de septiembre del 2001: "la lucha contra el terrorismo global".

Obviamente, las democracias liberales capitalistas más "adelantadas" no son los únicos territorios que sufren esta oleada de políticas. No obstante, es importante destacar la importancia de este fenómeno en estos contextos, porque estos Estados ejercen como "modelos paradigmáticos" de la democracia representativa y capitalista que defienden. Y teóricamente una de sus características de legitimación es que la ciudadanía tiene derecho a participar en los asuntos públicos. Por lo tanto, si estos mismos Estados limitan la posibilidad de ejercer los derechos y libertades fundamentales de los y las ciudadanos, el modelo de referencia se convierte en "no democrático".

Las políticas represivas y securitarias actuales en Europa

En Europa, la lucha contra el terrorismo y la creciente importancia de las políticas de ámbito comunitario y de las relaciones intergubernamentales de la UE, facilitan la aplicación de políticas represivas y policiales muy restrictivas.

Desde mediados de los años 70, se empezó a producir una creciente cooperación policial en Europa que culminará, más adelante, con la instauración de una autonomía policial a nivel supranacional, el desarrollo de la EUROPOL (policía europea) y la creación de una unidad antiterrorista dentro de ésta.

Además, desde los 90, se han ido poniendo en funcionamiento grandes bases de datos y sistemas de información (Sistema de Información de Schengen, SEIS) que facilitan el control policial transnacional de los ciudadanos comunitarios y de los inmigrantes. Huelga decir que tales sistemas vulneran los derechos a la intimidad y a la protección de datos. También se ha aprobado la “decisión marco sobre el arresto europeo”, que permite la extradición inmediata de detenidos al Estado emisor de la orden de arresto.

Se han ido aprobando reglamentos y normas intergubernamentales en materia de seguridad y control fronterizo, pero sin desarrollar en forma suficiente la legislación comunitaria. Eso facilita la arbitrariedad de la policía y provoca la indefensión de los ciudadanos. Pensemos que, independientemente de la valoración que hacemos de nuestro sistema judicial, normalmente las acciones policiales en los Estados miembros están controladas, en teoría al menos, por los magistrados. A nivel europeo, no. Se actúa fuera de los límites jurisdiccionales de los Estados miembros, en un contexto de ambigüedad legal- por falta de legislación europea-que facilita la actuación de la policía.

Los reglamentos y acuerdos se establecen en encuentros informales o desde los poderes ejecutivos de los Estados-miembros fuera del control democrático de la ciudadanía. Se produce una falta de transparencia, deliberación y debate sobre estas políticas ante la opinión pública. Y el parlamento europeo no tiene capacidad legislativa sobre muchas de estas medidas ni siempre es informado. Pero tampoco lo son los parlamentos de los Estados-miembros. De esta manera, se escapa al control de los poderes legislativo y judicial que son la base de la división de poder del modelo constitucional moderno. (Sabemos que en la práctica no es exactamente así; pero en este caso tenemos una contradicción flagrante con su propio modelo).

Dos fechas importantes se pueden destacar en el marco de la política securitaria y represiva europea: La primera, el 13 de junio del 2001, momento en que el Consejo de Europa establece la “orden de detención europea” que sustituye los procesos de extradición (que eran más garantistas en términos de derecho y permitían más alegaciones por parte de la defensa de la persona encausada). Y todo eso se realiza sin control democrático. Casi no existen controles jurídicos y el parlamento europeo no tiene control de la situación. La EUROPOL puede emitir “órdenes de detención europeas” con informes de los servicios de información prácticamente inculpatorios.

La segunda fecha clave es el 13 de junio del 2002, con la aprobación del Reglamento del Consejo Europeo que acerca las legislaciones antiterroristas de los Estados y da también capacidad para organizar equipos internacionales y órdenes de detención europeos. Dentro de la definición de “terrorismo” de este reglamento se puede incluir aquellas situaciones que puedan crear desestabilización del poder económico y político. Se amplía la definición de aquello que es terrorismo de manera que se puede criminalizar formas de oposición más radicales. Entre éstas, algunos mecanismos de protesta típicos del movimiento obrero (pensamos en el caso reciente, en el Estado español, del encarcelamiento y la apertura de diligencias judiciales contra los sindicalistas asturianos Cándido y Morala).

Se deja abierta la posibilidad de que puedan ser consideradas “terroristas” acciones tales como las ocupaciones de edificios, cortes de tráfico, rotura de escaparates, el intento de interrumpir un acto o una cumbre internacional, huelgas de trabajadores, etc ... Entre otros supuestos encontramos, literalmente, "causar destrucciones masivas a una instalación gubernamental o pública, un sistema de transporte, a una infraestructura, incluido un sistema informático, a un lugar público o a una propiedad privada susceptible de poner en peligro vidas humanas o producir pérdidas económicas considerables", o la amenaza de realizar alguno de estos actos. Todo eso da pie a la interpretación subjetiva más amplia, que puede llegar a la arbitrariedad de los poderes públicos. Además, no sólo los individuos pueden ser penalmente responsables, sino también las personas jurídicas, es decir, las organizaciones.

La criminalización de los movimientos sociales y de la izquierda anti-capitalista

La criminalización cada vez más extendida de la inmigración permite un mayor control de las fronteras. Se limitan cada vez más los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo, así como la entrada de inmigrantes, mediante la construcción de barreras físicas (como los muros gigantes de Ceuta y Melilla, equipados con toda una serie de accesorios para hacer daño) y la presencia policial en las fronteras y en los aeropuertos. De esta manera, también se puede controlar mejor la movilidad de los activistas de movimientos sociales (en particular, en las cumbres de organismos internacionales, foros sociales, grandes manifestaciones del movimiento antiglobalización, etc.). En las cumbres internacionales del G-8, del OMC, se crean "zonas rojas" de seguridad, se suspenden los decretos que regulan la libre circulación de ciudadanos y se apunta a los activistas en "listas negras".

Y todo eso va acompañado de un discurso de lucha contra la delincuencia y la contestación social, en el cual a menudo los movimientos sociales son equiparados con el crimen organizado, legitimándose así el derecho de reprimirlos. Se puede entender esto como una reacción a la demostrada capacidad de movilización transnacional de los movimientos sociales desde Seattle y Praga hasta Génova o Barcelona, mediante el uso de nuevas y efectivas tácticas de desobediencia civil.

Se quiere construir la imagen de que las alternativas al capitalismo neoliberal son antidemocráticas. Y de esta manera impedir que la izquierda anticapitalista y el movimiento antiglobalización consigan movilizar a franjas más amplias de la ciudadanía. El uso de conceptos como "radicales", "antisistema", etc. no es neutro. Lo tenemos que situar en un proceso de criminalización de la disidencia por parte de las clases dirigentes que ven el peligro de que los sectores que apuestan por la transformación y el cambio radicales avancen. Y de aquí, los pretextos como la lucha terrorismo y la lucha contra el crimen organizado.

El objetivo general de las políticas represivas y securitarias de la UE y de sus Estados miembros es asegurar la hegemonía del capitalismo neoliberal y, por lo tanto, luchar contra los movimientos sociales que puedan plantear una alternativa real al sistema. Las consecuencias de estas políticas son, entre otras, la restricción de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante los Estados (la defensa jurídica, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la movilidad por el territorio, la vulneración de los datos personales, etc.). Tenemos un ejemplo internacional extremo de este tipo de actuaciones en la prisión de Guantánamo, en la cual la práctica de la tortura se ha llevado fuera de las fronteras de los Estados y, por lo tanto, fuera del control jurídico de éstos.

En definitiva, la escalada actual de recorte de derechos y libertades, conjuntamente con el aumento del poder policial sin defensa jurídica, podría conducir a la marginalización de los movimientos sociales. Esta situación, por lo tanto, implica un nuevo reto de lucha: hay que ser tremendamente beligerantes con las actuaciones que impliquen arbitrariedad policial y vulneración de los derechos. Hay que recuperar una cultura de defensa de las libertades democráticas, en el marco de la cual se denuncien (en algunos casos también, si es viable, utilizando la vía judicial) el creciente uso del control policial y de la represión. Ha de combatirse que el derecho de la ciudadanía a expresar la diversidad ideológica mediante, por ejemplo, la organización de una manifestación o o la quema unas fotos del rey, quede limitado.

En este sentido, haría falta una mayor coordinación entre los diferentes sectores que componen la izquierda anticapitalista y los movimientos sociales, para crear una plataforma de denuncia de la creciente vulneración de los derechos fundamentales y del recorte de libertades que se está produciendo en nuestra sociedad.

De la guerra fría hasta "la lucha contra el terrorismo global"

El impulso de políticas represivas y securitarias que limitan los derechos fundamentales de la ciudadanía ha formado parte de la estrategia de los gobiernos de los Estados Unidos y de Europa a lo largo del siglo XX. En particular la administración de los Estados Unidos ha venido utilizando estrategias represivas y policiales como arma imperialista para remodelar las relaciones internacionales. Y lo hace también en la actualidad para asegurar la hegemonía de EE.UU. con respecto a otros bloques capitalistas como Europa y China.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la guerra fría y del enfrentamiento entre los bloques de la OTAN y el Pacto de Varsovia, los Estados Unidos tenía como objetivo principal convertirse en la potencia hegemónica y controlar Europa Occidental ante la posibilidad de que la Unión Soviética acaparara poder fuera de su territorio de dominación. Al mismo tiempo los gobiernos de Estados Unidos querían limitar, o anular, las posibles experiencias de izquierda comunista en Europa Occidental. Entre los medios para hacerlo, la Alianza Atlántica creó unos "servicios especiales", células de control de la disidencia en Europa, llamadas “stay-behinds", que escapaban al control de los Estados europeos. Para formar estas células cooptó nazis, fascistas y grupos de extrema derecha, que tenían experiencia en el espionaje y la represión. Estos "stay-behinds" eran redes ocultas que recogían información, realizaban actos de sabotaje o propaganda contra la disidencia, etc.

En los años 70 se volvieron a reactivar las políticas represivas y securitarias como reacción a los movimientos contestatarios de tipo estudiantil, anti-nuclear, pacifista, etc. Dichos movimientos utilizaban los mecanismos de protesta y la desobediencia civil para hacer oír sus demandas. La fuerte represión a partir de los años 70 se ha de situar también en un contexto de contrarrevolución liberal, cuyo objetivo fue limitar las mejoras sociales que había conseguido el movimiento obrero y popular durante los años 50 y 60.

Un nuevo proceso de reactivación de las políticas represivas y anti-insurgentes se produjo a partir de los años 80 y 90, en el marco de las nuevas políticas neoliberales y privatizadoras. Éste ha alcanzado su máxima intensidad después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Las políticas represivas y policiales se han incrementado bajo el pretexto de "la lucha contra el terrorismo global", aunque existen indicios que señalan que tales aumentos ya eran un objetivo antes de los atentados. Los poderes políticos de las democracias liberales han utilizado el atentado como justificación para recortar derechos fundamentales y aumentar el control y la represión policial en el seno de sus países, en sus frontera e incluso fuera de éstas.