Por Andreu Coll

Tras veintitrés años CiU ha sido desalojada de la Generalitat de Catalunya. Sin embargo está por ver que el nuevo gobierno sea tan “rupturista“ y “subversivo“ como temen el gobierno del PP y sus principales dirigentes. Parece obvio que, a pesar de la moderación de su programa, muchos de los objetivos que se plantea el gobierno tripartito son contradictorios. La movimientos sociales deben presionar para que el gobierno lleve adelante los elementos más progresistas de su programa y rechazar los chantajes y presiones de la derecha, como los que han tenido lugar en el caso de Carod-Rovira.

El nuevo gobierno de la Generalitat

El hecho de que CIU haya sido desalojada de la Generalitat tras veintitres años de gestión neoliberal, paternalismo y corrupción es, desde todos los puntos de vista, una muy buena noticia. A pesar de todo, está por ver que el nuevo gobierno sea tan "rupturista" y "subversivo" como temen el gobierno del PP y sus principales dirigentes; no podemos olvidar que un gobierno no es rupturista sólo por el hecho que el PP lo diga y lo ataque. A la vista de los hechos, el PP y las fuerzas socioeconómicas y mediáticas que le son afines son mucho más reaccionarias y beligerantes de lo que muchos suponían cuando los cambios de gobierno -potenciales o consumados- han atentado contra sus intereses: el transfuguismo mafioso del caso Tamayo-Sáez en la Asamblea de Madrid y el acoso a Carod Rovira en Catalunya constituyen dos claros botones de muestra.

En cualquier caso, el cambio de gobierno en la Generalitat parece estar teniendo repercusiones más grandes en las relaciones de fuerza políticas a escala estatal que en Catalunya, donde es previsible que, en una primera etapa, pesen más las continuidades que las rupturas con el período anterior. No podemos olvidar que los dos grandes derrotados de las elecciones han sido a la vez el pujolismo y la escalada neocentralista del PP. El nuevo gobierno del PSC, ERC y ICV-EUiA ha roto el aislamiento de Euskadi y del Plan Ibarretxe y crea una relación de fuerzas más favorable al sector que en el seno del PSOE -y, sobre todo, del Partido Socialista de Euskadi- es más sensible a la realidad plurinacional del Estado, debilitando la posición de Bonos, Ibarras y compañía. Habrá que ver, además, hasta qué punto el PP jugará la carta desestabilizadora en Catalunya, donde, sin duda, hacerlo será más complejo que en Euskadi.

Las ideas generales del acuerdo de gobierno

En términos generales, parece obvio que, a pesar de la moderación del programa de gobierno, muchos de los objetivos que se propone la acción de gobierno del tripartito son manifiestamente contradictorios. Las inversiones en bienestar social y las políticas redistributivas que no cuestionan la lógica privatizadora parecen condenadas al fracaso.

La lucha contra la precariedad y el paro no parece compatible con el "impulso de la internacionalización de las empresas catalanas", que es uno de los ejes centrales del programa. No hay ninguna política económica alternativa, sino que parece que se adopte el discurso de aspirar a ser gestores más eficaces de la economía catalana, como si la "economía catalana" no estuviera atravesada por conflictos de clase por el reparto de la riqueza social.

El sí del PSC, el sí "crítico" de ICV y el "no sabe, no contesta" de ERC sobre el borrador de Constitución europea -un documento social y políticamente regresivo desde todos los puntos de vista- no parecen un buen presagio sobre lo que se supone que tiene que ser un gobierno más redistributivo, más democrático y participativo, más sensible a los problemas medioambientales y a las demandas sociales.

Por muchas promesas abstractas de cambio que haga, el nuevo gobierno de la izquierda plural se ha configurado bajo la base de un programa socioliberal que no deja margen de maniobra para auténticas medidas de cambio en cuestiones clave.

La izquierda plural catalana y la izquierda alternativa

Por primera vez desde la Segunda República, la Generalitat será gobernada por partidos que se reclaman del movimiento obrero y de las clases populares. Parece razonable pensar que, hasta cierto punto, saldrán a la luz muchas de las actuaciones corruptas de CIU, se romperá con las prácticas clientelistas profundamente arraigadas en la Generalitat, se establecerá un funcionamiento más transparente en las instituciones y se consentirá un mayor pluralismo en los medios de comunicación públicos.

A pesar de todo, no se puede ser demasiado optimista sobre el potencial del "giro a la izquierda" que pueda imprimir el nuevo gobierno. Si hacemos balance de las experiencias más recientes de gestión local y comarcal llevadas a término por las fuerzas del tripartito, no podemos hacernos demasiadas ilusiones. La experiencia de muchas gestiones locales, empezando por la de la ciudad de Barcelona, es clara en este sentido.

Por lo tanto, las tareas centrales de la izquierda alternativa son:

• movilizarse contra los chantajes y las presiones que la derecha catalana y española y los poderes fácticos puedan oponer a las políticas progresistas del nuevo gobierno

• presionar porque el gobierno lleve a la práctica los elementos más progresistas de su programa de una forma coherente
• denunciar aquellas medidas gubernamentales que vayan en contra de los intereses de la mayoría de la población
• luchar con criterios unitarios por la autonomía de los movimientos sociales en relación al nuevo gobierno y a los partidos que lo componen
• seguir movilizando y construyendo una nueva correlación de fuerzas en la calle y en el mundo del trabajo y contribuir a articular una fuerza anticapitalista amplia, pluralista y representativa, situada fuera de la lógica de la izquierda plural.

Las primeras pruebas del gobierno tripartito

Parece obvio que los inicios del nuevo gobierno no son nada fáciles. Ya han empezado a aflorar contradicciones importantes en su seno: fundamentalmente tensiones debidas al reparto de poder entre PSC y ERC y al tutelaje que el PSOE intenta imponer al proceso catalán. Por otro lado, la oleada de cierres patronales debidos al "dumping social" y a maniobras especulativas -como los de Samsung y Philips, por citar los casos más escandalosos, por ser empresas con beneficios y perfectamente saneadas- colocan al tripartito ante una prueba de credibilidad en la que el electorado espera que la Administración responda a sus compromisos programáticos y a la ilusión que ha suscitado.

En lo que respecta a la crisis política que ha ocasionado la entrevista de Carod Rovira con dirigentes de ETA, hay que destacar que, independientemente de la inconveniencia política de las formas que adoptó y de la conyuntura en que tuvo lugar -que facilitó la labor de los servicios secretos y del gobierno, respectivamente-, ha sido una iniciativa valiente para contribuir a conseguir un escenario de desaparición de la violencia y de solución dialogada del conflicto vasco con la que no podemos más que solidarizarnos. Los ataques del PP contra Carod van en la línea de la criminalización de todas las gentes que, desde distintas opciones políticas, afirman que el conflicto vasco es político y que solo abordándolo desde este ángulo existirá una solución duradera. La campaña de acoso contra la extraordinaria película de Julio Medem "La pelota vasca" que ha tenido lugar estos días es otro ejemplo ilustre de ello.

El PP ha utilizado a su favor la supeditación del PSOE a su política "antiterrorista" para amplificar la crisis y forzar a este partido a desmarcarse de Maragall, dispuesto a pesar de todo a seguir gobernando con ERC. La decisión adoptada por Maragall de degradar a Carod a la condición de "conseller" sin cartera no supone una solución del conflicto, sino que se puede interpretar como una concesión a las fuerzas políticas y mediáticas que seguirán trabajando por frustrar las expectativas de cambio generadas con la derrota del pujolismo en Catalunya. Esa actitud contrasta con la firmeza y la determinación manifestada por Carod Rovira y ERC a continuar defendiendo la vía del diálogo y de la paz junto con el libre ejercicio del derecho de autodeterminación.