Ante la alarma social y la inseguridad de mujeres y profesionales sanitarios, creada por las actuaciones realizadas a instancias de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Las asociaciones abajo firmantes:

Consideramos que tanto las denuncias y actuaciones contra las clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo, como las amenazas y agresiones que están sufriendo profesionales de dichas clínicas, forman parte de una campaña política de sectores fundamentalistas que tratan de impedir que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo en los supuestos que marca la ley.

Exigimos que las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid garanticen tanto la salud y la seguridad de las mujeres como el derecho a su intimidad y protección de sus datos clínicos, tal y como establece la vigente Ley de Protección de Datos.

Asimismo, y con carácter de urgencia, tiene que asegurar la atención a las mujeres ya citadas en las clínicas clausuradas para que puedan interrumpir su embarazo, remitiéndolas a los servicios de los hospitales públicos. Inhibirse de esta responsabilidad supone generar un problema de salud pública de serias consecuencias para estas mujeres constituyendo una grave lesión al ejercicio de sus derechos reconocidos.

Denunciamos las amenazas y agresiones tanto físicas como verbales que, directa e indirectamente, están sufriendo las y los profesionales de las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo por parte de grupos fundamentalistas. Por tanto exigimos que la Delegación del Gobierno y las diferentes administraciones adopten las medidas de protección pertinentes de manera que estas personas puedan trabajar sin presiones, defendiéndose su profesionalidad y ética. Así mismo se debe garantizar el acceso libre, sin ningún tipo de coacción, a todas las mujeres que deciden acudir a las clínicas de interrupción voluntaria de embarazo. Sin verse increpadas y insultadas por esos grupos.

Dado que en muchos casos estos grupos están subvencionados por la Comunidad de Madrid, exigimos se les retiren dichas subvenciones al representar una amenaza para la salud, la vida y dignidad de las mujeres.

Exigimos a los medios de comunicación transparencia y profesionalidad informativa ante el clima de sospecha y criminalización tanto de las mujeres como de las y los profesionales que se desprende de crónicas aparecidas estos días, que en algunos casos han llegado incluso a tergiversar y falsear datos sobre la realidad del aborto.

Exigimos al gobierno la modificación de la actual despenalización parcial del aborto. Un cambio de ley que garantice el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo, acabe con la inseguridad jurídica que genera la actual normativa y garantice que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen de forma normalizada en la red sanitaria pública.

Exigimos que este cambio en la legislación venga acompañado de medidas que garanticen la educación sexual en los centros escolares y el acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia.

Apoyamos y nos solidarizamos con las acciones de protesta y denuncia de las asociaciones y colectivos de otras ciudades.

Madrid, 20 de diciembre de 2007

FIRMAS DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS, ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SECRETARÍAS DE SINDICATOS